Valladolid

El juzgado investigará un presunto fraude en la venta al Colegio de Enfermería de su sede

Un nuevo auto, de este 19 de febrero, pide al Juzgado que investigue la presunta venta fraudulenta para beneficiarse de una sustanciosa rebaja del precio real del inmueble de lo que ahora es sede del Colegio de Enfermería de Valladolid. Asimismo, indica continuar diligencias por presunta usurpación de funciones públicas y por supuesta falsificación de un libro de actas.

Es el Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León quien denuncia la presunta ilegalidad y los cambios en las actas. Y a su recurso se ha unido la Fiscalía. La querella contra Alfredo Escaja, expresidente de la organización colegial autonómica (ostentó el cargo hasta 2020), lo acusa de que, «de manera deliberada y consciente, se apartó del mandato del Pleno del Consejo» a la hora de vender el inmueble de la calle Alcalleres número 5 al Colegio de Enfermería de Valladolid. De tal manera, recoge el texto del auto, y «consta en escritura pública», que «unilateralmente» decidió percibir en el momento de la firma 175.250 euros en vez de 300.000 euros por la venta, cantidad que había fijado el Pleno; lo que suponía generar un perjuicio directo de 124.750 euros. No fue, según la demanda, la única decisión que tomó saltándose las decisiones de la Junta que dirigía el colegio entonces sino que también «decidió condonar» una cantidad que había sido aplazada de otros 285.250 euros «si transcurridos tres meses desde el último vencimiento no se hubiera presentado reclamación alguna del pago». Una deuda, por lo tanto, que sería indultada si el propio Consejo autonómico presidido por él no reclamaba. Lo que califica la acusación no solo de «administración desleal», además de la pérdida económica que suponía, sino de intención fraudulenta contra los acreedores para favorecer a quien debía los 285.250 euros.

Pero, además, la representante de la compradora, es decir, del Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid, es la cónyuge del querellado, de Alfredo Escaja, que es la presidenta del provincial, Silvia Sáez. Asimismo, siempre según el texto que recoge el auto, la compraventa se efectúa «tan solo tres días antes de que Escaja Fernández cesase» como presidente de la organización autonómica, «extremo que conocía sobradamente y que motivó la premura en el otorgamiento de la escritura». El acuerdo del Pleno se había adoptado un año antes. Y a este respecto apunta a que la nueva directiva «no habría tolerado unas condiciones tan ventajosas en la compraventa como las acordadas por Escaja» para el colegio presidido por su mujer.

El auto judicial de la Audiencia avala que todos estos argumentos son indicios válidos para investigar el caso.

La resolución también analiza las acusaciones sobre las presuntas modificaciones de las actas y estima pertinentes también todas las diligencias solicitadas; así como las que el Juez instructor decida en su momento.

En cuanto a la presunta falsificación del libro de actas de la comisión ejecutiva del pleno, no fue investigada en el proceso judicial sobreseido y presuntamente el texto 'desaparecido' fue eliminado con intención de obtener un fallo judicial favorable. De ahí, que ahora se ordenen diligencias en este sentido para conocer si las actas fueron alteradas.

Pide así tanto la Fiscalía como el actual colegio autonómico un análisis pericial independiente del libro de actas para acreditar su nueva confección «ofreciendo su aportación física al Juzgado (de cuyo examen resulta evidente que no ha sido confeccionado hace 23 años)», apuntan los demandantes que han ofrecido también el testimonio de dos empleadas del Consejo que «podrían tener conocimiento de la presunta falsificación», supuestamente ejecutada por Escaja, que permaneció, denuncian, «atrincherado (según Sentencia del Juzgado de lo Social que obra en autos) en la sede del Consejo».

Añade asimismo que «las vagas explicaciones dadas por el querellado se ciñeron a que la elaboración y custodia de las actas no formaban parte de su cometido (lo que en modo alguno le exculpa del posible delito), si bien esta parte no le acusa de haber cometido la falsedad en el año 2000, sino en fechas relativamente recientes», cuando permaneció en solitario en la sede.

Y, por último, se le acusa de usurpación de funciones públicas. Alfredo Escaja Fernández «realizó diversas actuaciones con posterioridad al 19 de diciembre de 2020 careciendo de cualquier tipo de representación en el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, arrogándose la condición de presidente«. «El querellado habría recibido notificaciones como máximo representante del Consejo», también indican que asistió a reuniones de la Comunidad de Propietarios que «decidió constituir ilícitamente con su cónyuge» y que contrató »servicios de seguridad para impedir el acceso a la sede del Consejo de sus legítimos representantes (conducta que continuó su cónyuge en fechas posteriores y por la que ha sido acusada, también por el Ministerio Fiscal, de un delito de coacciones».

^or su parte, el querellado argumentó que aún «se siente presidente» del Consejo autonómico, indicando que «sus asesores le habían asegurado que seguía siéndolo».

La Justicia confirmó a Enrique Ruiz como presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León en 2022, algo que ya había hecho la Junta de Castilla y León en mayo de 2021; pero eso fue otra causa judicial.

Actualmente, el inmueble de la calle Alcalleres acoge el colegio autonómico y el de Valladolid que antes estaban separados en las de Santiago y Núñez de Arce, respectivamente.