La Junta resucita el polígono del Canal de Castilla, abandonado desde 2006

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICE (Instituto para la Competitividad Empresarial), acomete un nuevo intento de llevar adelante el macropolígono por fases. Retoma los trámites burocráticos. En estos días (el 7 de noviembre) ha terminado el periodo de información pública de los últimos cambios incorporados a la planificación urbanística del área industrial. Es la modificación de una reforma anterior, de 2017, que ya planteaba parcelar en tres lotes el proyecto inicial. El sueño del macropolígono se vio atropellado en origen por un enrevesado sistema de adquisición de terrenos mediante intermediarios que generó conflictos con los propietarios, ya que aún hay antiguos titulares de parcelas que no han cobrado el precio ajustado por ellas. Luego, le pilló de lleno la anterior recesión económica y la propia crisis de la extinta Agencia de Desarrollo (Ade) de la Junta, hoy ICE.

El intento de reactivación del proyecto en 2017 ha sufrido otra demora de casi tres años y vuelve a coincidir, ahora, con una recesión, la provocada por la pandemia del coronavirus.

El proyecto no parte de cero en este momento. Entre 2010 y 2018 se desarrollaron obras de urbanización en los terrenos por las que desde las arcas autonómicas se han abonado 40 millones de euros. Es ese alumbrado, las tapas de alcantarillado y el material de cableado lo que llevó a poner vigilancia para evitar el expolio de la urbanización. La paralización del proyecto llevó al ente que lo promueve a proteger los transformadores eléctricos instalados con cabinas y a reforzar las arquetas para evitar el robo del cobre.

La cronología del proyecto del área industrial en el alfoz vallisoletano da idea del atragantamiento del mismo. En mayo de 2005 la Junta publica en el Boletín Oficial (Bocyl) la delimitación del terreno; en 2006 se aprueba un plan regional 'ad hoc' para el desarrollo del suelo industrial; en 2009 salen adelante el plan parcial y el proyecto de actuación, que prevé una única fase de desarrollo; en 2010 comienzan las obras, y hasta ahora. Ese proceso convive con la polémica por el impago de terrenos de algunos de los intermediarios que se los cedieron a la Junta o la fórmula de pago en especie, en un suelo industrial urbanizado, que no ha llegado a desarrollarse. Aún quedan propietarios de esas tierras de labranza pendientes de cobrar.

El documento que ahora se ha sometido a información pública es la reforma diseñada en 2017, con la incorporación de correcciones surgidas del análisis de las 38 alegaciones presentadas entonces. El proyecto sigue por tanto en una fase de tramitación burocráticas, de papeleo, a la que debe suceder la redacción de nuevos proyectos y las posteriores obras.

La revisión contempla esta acometida en tres pasos, con una actuación inicial sobre 103,25 hectáreas, a la que seguirá otra sobre 148,6 y finalmente una tercera que urbanizaría las últimas 101,1 hectáreas previstas en el proyecto. El primer paso, si la iniciativa progresa, será revisar la obra civil ya efectuada sobre el terreno, la que custodian los vigilantes de seguridad. El ICE, organismo que preside el consejero de Economía yHacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha solicitado permisos al Ayuntamiento de Cabezón para actuar sobre la instalación de suministro eléctrico y el sistema de evacuación de aguas pluviales, según confirma Sergio García, alcalde de la localidad. La última infraestructura tiene su complejidad técnica, explica la directora del ICE, Susana García Dacal, porque implica una conducción bajo la autovía, hasta el entorno del río Pisuerga. Ese es el minuto y resultado del macropoligono vallisoletano catorce años después.