Una operación inmobiliaria fallida y con damnificados

La operación para hacerse con los terrenos a través de intermediarios se diseñó en los despachos de Gesturcal, empresa pública que presidía el fallecido Tomás Villanueva, consejero de Economía y vicepresidente de la Junta. Ese ente fue absorbido por la Ade, hoy ICE. A cambio de una cesión de suelo industrial urbanizado, las empresas compraban el rústico y lo ponían, acto seguido, en manos de la Junta. El suelo quedaba reservado así para el desarrollo del área industrial.

Hubo propietarios que cobraron un pequeño porcentaje al contado y el resto, al inscribir la parcela en el registro o con pago en especie, con suelo industrial. Con la crisis, algunos intermediarios, sobre todo del ámbito inmobiliario o financiero, entraron en concurso de acreedores, el proyecto enfiló hacia una vía muerta por falta de recursos públicos y de oportunidad empresariales y todo el entramado de pagos explosionó. «Es un tema del que cuesta hablar. En el pueblo se generó mal ambiente, porque había familias en las que unos habían cobrado, otros no, e incluso con algún pagador», rememora Centeno sobre Cigales.

Hubo empresas que querían el terreno para utilizarlo, otras que vieron una oportunidad de negocio y algunas que se acercaron, con los precios ofertados, al ámbito de la especulación. El escándalo de los impagos pilló de lleno a entidades de ahorro, como el caso de Caja Segovia, que participó en esa operación.

Los afectados promovieron encierros y concentraciones de protesta ante la sedes de empresas intermediarias, tractoradas ante la Junta, reparto simbólico de cestas de tierra para los procuradores de las Cortes en la Navidad de 2010, intentaron impedir que las máquinas movieran tierras que sus dueños no habían cobrado y se hartaron de llamar a las puertas de la Junta. «Se lavaron las manos, nuestro único error fue fiarnos de ellos. Tuvimos mil reuniones y solución, ninguna», apunta otro afectado. En los despachos se entrevistaron con Juan Carlos Sacristán, que fue delegado territorial de la Junta y luego gerente de Gesturcal, y con el exviceconsejero Rafael Delgado y su sucesora, Begoña Hernández, que heredó el expediente. Estos dos miembros del equipo de Tomás Villanueva están pendientes de juicio en el proceso abierto por la compra del edificio de Arroyo.

Los damnificados por los impagos del macropolígono del Canal de Castilla se abonaron durante unos años a Villalar, los 23 de abril. Sabían que ese día desfilaba medio PP tras el presidente Juan Vicente Herrera.

La operación inmobiliaria fue una lotería. Los afectados dicen que primero, para la Junta, que no adelantaba dinero. También para una parte de propietarios que vendieron a precio muy por encima del valor de mercado y cobraron. Y luego están los que aún no han terminado de percibir lo acordado. La lotería para ellos mutó en el tocomocho.

Los responsables de Fincagest, una de las firmas que concentró las protestas de los antiguos dueños, han declinado valorar qué supone la reactivación administrativa del proyecto industrial. Desde el ICE entienden que la cuestión del suelo no implica un problema específico, puesto que los compromisos de compra de esas parcelas estarían vivos. «Se preveía el pago con suelo industrial, cuando se haga el polígono, a quien suscribió el contrato o a quien ahora tenga esos derechos», explica la directora del organismo autonómico.