La Junta de Castilla y León sostiene una posición de «lealtad» con el Gobierno de España. Así lo ha hecho desde el inicio de la crisis desatada por el COVID-19 y hoy volvió a subrayar, a través de Francisco Igea, que «este no es ... el momento para pedir responsabilidades». El vicepresidente y portavoz del gobierno autonómico insistió en que en el momento actual se vive una crisis nacional «comparable a la de una guerra». «Ya habrá un día para analizarlo. No es el momento de los críticos, de los que ya lo sabían todo, sino de ayudar», subrayó en una larga comparecencia tras el Consejo de Gobierno en el que estuvo acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado.
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Sin embargo, esa lealtad institucional no evitó una critica clara de la Junta al Gobierno a cuenta de los fondos de contingencia aprobados por el ejecutivo central a las comunidades autónomas para servicios sociales y sanidad en el consejo interterritorial del miércoles. Las cuentas le chirrían a la Junta. Y Francisco Igea se encargó de remarcarlo este jueves, antes de iniciar el turno de preguntas telemáticas.
«Con la mayor de las lealtades al gobierno de la nación, queremos destacar que es absolutamente incomprensible el reparto de los 300 millones de euros destinados como fondo de contingencia. La lucha contra esta enfermedad exige fondos según el número de enfermos», apuntó Igea, que efectuó un ejercicio didáctico «para que lo entienda la población». «Vamos a intentar también que lo entienda nuestro gobierno», anunció.
Coronavirus en Castilla y León
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El problema sobre el que colocó el foco la Junta pasa por los 300 millones del fondo de contingencia, que se han repartido en función de la poblacion de las comunidades autónomas y no según el número de enfermos de coronavirus en cada territorio. A Castilla y León le han correspondido 17,2 millones de un total de 300. Pero a la hora de calcular el gasto por persona las diferencias son evidentes.
«Hemos hecho una sencilla división entre los fondos asignados a cada comunidad autónoma y el número de enfermos por coronavirus que tenían este miércoles las distintas comunidades. A nosotros nos sale 900 euros por enfermo de coronavirus. A otras comunidades, de las que no diré el nombre por lealtad, les sale a 3.600 euros por cada enfermo», expuso Francisco Igea.
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«No es comprensible que el gasto por paciente sea cuatro veces mayor en una comunidad que en otra. Si todas las comunidades tenemos financiada bien o mal nuestra sanidad autonómica, este exceso debería hacerse en función del número de enfermos que atiende cada comunidad. Es un gasto extra en medicación, respiradores y material que viene condicionado por el número de enfermos», añadió el vicepresidente y portavoz del gobierno autonómico.
Esta reclamación se le trasladará directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y la idea de la Junta pasa por no entrar «en una política de agravios», sino que el ejecutivo central asuma que debe utilizarse un «criterio racional» en el reparto.
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Los test rápidos
En el plano nacional, la jornada de ayer quedó marcada por la polémica generada tras comprobarse que los test rápidos adquiridos por el Gobierno central ofrecen una sensibilidad muy baja y se consideraron defectuosos al ofrecer falsos negativos. La Embajada china comunicó a primera hora que la empresa proveedora, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, no tiene licencia oficial del gobierno de aquel país para vender los productos.
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Presidencia reaccionó por la tarde, con una nota de prensa, en la que sostuvo que la partida devuelta contaba con homologación europea, que el Gobierno no adquirió estos test a China sino «a un proveedor nacional» y que esta operación no está relacionada con la compra de material anunciada el miércoles por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
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La Junta confirmó que no había recibido estas pruebas rápidas desde el gobierno central, aunque esperan que lleguen en un próximo vuelo los test «diferentes» comprados en China por el gobierno autonómico.
La polémica por este asunto ensombreció algunos aspectos de los datos de infectados y fallecidos en todo el país. Con las cifras oficiales, España superó los 4.000 muertos por coronavirus: en 24 horas se registraron 655 fallecimientos hasta un total de 4.089. Pero, por primera vez, las muertes descendieron con respecto al día anterior (hace dos días fueron 738). Este dato hace albergar la esperanza de que España esté alcanzando ya el pico infectivo de la curva. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, manifestó que el crecimiento se «ralentiza». Los nuevos casos en las UCI también se estabilizan, pero los ingresos se alargan y sigue existiendo un preocupante efecto de acumulación.
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Castilla y León roza los 3.500 casos, con 548 nuevos en un día
Castilla y León superó ayer con creces la barrera de los 3.000 casos confirmados de coronavirus, después de registrar un total de 548 nuevos positivos en 24 horas. «Esto supone un incremento del 18,6% con respecto al martes, que crecimos un 19,5%», apuntó la consejera de Sanidad, Verónica Casado. La mayor subida la experimentaron las provincias de Valladolid (97 nuevos casos), Salamanca (96) y León (78). Los fallecidos han subido a 253 y las altas se sitúan en 423.
En la tasa de enfermedad por cada 100.000 habitantes, se observa que las provincias de mayor a menor incidencia del coronavirus son, por este orden, Segovia, Salamanca, Ávila, Soria, Burgos, León, Palencia, Valladolid y Zamora.
La Junta estudia varias estimaciones del crecimiento de la curva infectiva, con la idea de alejar el pico lo máximo posible. «Cuanto más tarde, mejor lo habremos hecho», recordó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. «Calculamos que la parte más alta de la curva pueda ser en la primera o segunda semana de mayo. Sin embargo, es difícil de decir. Hacer previsiones sobre mortalidad global es muy arriesgado. Castilla y León suma más de 200 muertos. España, 4.000. Hemos superado las peores expectativas. Nosotros nos estamos comportando en tasas de mortalidad mejores que la media. No serviría de nada hacer previsiones más o menos apocalípticas. Nuestra obsesión es que las cifras mejoren cada día».
Igea recordó que le encantaría que el pico de la curva se produjera «mucho después» de la primera semana de mayo, lo que supondría que el confinamiento habría funcionado y la curva se habría aplanado mucho. Igualmente, consideró «casi seguro» que las medidas de cuarentena deberán prolongarse hasta mayo o junio.
La situación en Miranda de Ebro, con 82 positivos, se mantiene de manera «contenida», en «menos del 15%», según expuso ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado. «Eso quiere decir que están haciendo bien la cuarentena, pero no pueden relajarse».
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