La Junta adelanta pagos de la integración ferroviaria mientras PP y Vox insisten en el soterramiento

En el año 2017 se firmó el convenio de la integración ferroviaria, por el que las tres administraciones implicadas se comprometían a seguir un calendario de pagos con el fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para conseguir la mejor integración y permeabilidad del ferrocarril en la ciudad. Las aportaciones del Ministerio de Fomento, a través de Adif y Renfe, suponen el 50% del total, mientras que las de la Junta representan un 25% y las del Ayuntamiento, otro 25%. En 2019 se vio que el ritmo de ejecución de las obras no era tan rápido y tener el dinero guardado en los depósitos bancarios aquellos años tenía un coste, por lo que se aplazaron los pagos por unanimidad. Luego llegó la pandemia y se decidió que el calendario de aportaciones quedase desierto hasta 2023, también por unanimidad. Con todo este contexto, el representante de la Junta, Ángel Marinero, se desmarcó durante una reunión de trabajo técnico con una iniciativa mediante la que señaló que la administración regional estaba interesada en pagar este año más de lo que le correspondía por una cuestión de estrategia presupuestaria.

Ante el cambio propuesto por la Junta, el Ayuntamiento de Valladolid planteó una modificación del acuerdo, en la que señaló que los desembolsos comprometidos por las partes a partir de 2023 se deberán efectuar antes del 31 de marzo de cada anualidad «sin perjuicio de que cada entidad se reserve la facultad de anticipar, total o parcialmente, la anualidad correspondiente en función de sus disponibilidades presupuestarias». La Junta se mostró favorable a introducir esa modificación y el 6 de octubre salieron adelante las propuestas del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta en el consejo de administración.

En virtud de las modificaciones, el Ayuntamiento de Valladolid va a pagar este año los 8,25 millones previstos para el año que viene. Mientras, la Junta desembolsará ahora casi diez millones y el próximo año aportará lo que estaba previsto para el siguiente (8,25 millones). El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, asegura que esta modificación es muy interesante para todas las partes. «¿Qué nos permite esto? Así nos quitamos esta carga del presupuesto de 2023, dejo ese dinero libre para otro tipo de inversiones y pago esos 8,25 millones con los ahorros que tengo ahora. Eso no computa a déficit y permite liberar ese dinero para el presupuesto de 2023», afirma el edil.

Al final del calendario, tanto la Junta como el Consistorio tienen que aportar 74,7 millones y, con las modificaciones acordadas ahora, la Junta habrá abonado el próximo año la mitad del dinero que tiene que pagar hasta 2033. Pese a todos estos datos, desde la Junta aseguran que «no está previsto ningún adelanto; se tramitará antes de fin de año la aportación anual establecida en el convenio. Asciende a algo más de 8 millones de euros, que están recogidos en los presupuestos vigentes», señalan sin entrar en detalles sobre la razón por la que su aportación anual asciende a esa cifra.

Esta estrategia presupuestaria de la Junta de adelanto de los pagos por un asunto que parece meramente técnico confronta directamente con los planteamientos políticos de PP y Vox en Valladolid, ya que la integración ferroviaria y el soterramiento son claramente incompatibles, son ideas antagónicas para solucionar el problema generado en la ciudad por la presencia de la vía férrea. El discurso de los dos partidos a nivel municipal no se corresponde con los hechos llevados a cabo por la administración regional, que ha mostrado, más allá de las declaraciones, su compromiso con el acuerdo firmado para integrar el ferrocarril con infraestructuras como pasos subterráneos o puentes.

Hacer ver el desacuerdo actual de la Junta con el plan de integración ferroviaria en el seno de la Sociedad Alta Velocidad tampoco sería fácil, sin embargo. Por ejemplo, un socio no puede romper el acuerdo firmado porque tiene una serie de obligaciones contraídas que, de no cumplirse, generarían trastornos a terceros, no solo al resto de las adiministraciones, sino también a los contratistas, pero lo que sí que puede hacer, al menos, es no adelantar los pagos de años posteriores para no generar suspicacias que dejen entrever discursos antagónicos en clave regional y municipal.