La jueza mantiene en prisión al asesino confeso de Teresa Rodríguez en Bruselas
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La investigación del caso de la enfermera vallisoletana acuchillada hasta morir en su apartamento de la capital belga entra en la recta finalLa jueza que instruye el caso de Teresa Rodríguez, la joven enfermera vallisoletana de 23 años acuchillada hasta la muerte en su apartamento de Bruselas por su ex novio, César A., de 24 años, la madrugada del 27 de octubre de 2022, ha acordado ... mantener en prisión preventiva al ex guardia civil en prácticas y autor confeso del crimen. El detenido, que resultó herido tras saltar desde una ventana del edificio de apartamentos del centro de la capital belga -no ha sido aclarado todavía si para escapar o, como se informó en un principio, con intención de suicidarse-, después de asestar 153 puñaladas a la que había sido su pareja, lleva seis meses en un centro penitenciario bruselense a la espera de ser juzgado por un jurado popular.
La decisión de la instructora se produce después de que el pasado viernes se celebrara una vistilla de «vérification» a puerta cerrada en la corte belga a la que, junto con la jueza, asistieron representantes de la Fiscalía, el sospechoso y los letrados de la defensa. En este acto judicial se revisó el estado de la investigación del crimen hasta el momento y la situación penitenciaria de A., quien, aunque tras ser detenido se negó a declarar, después reconoció la autoría y participó en la reconstrucción de los hechos.
El joven, que fue expulsado de la Guardia Civil tras conocerse su implicación en el crimen, se enfrenta a una acusación de asesinato que puede conllevar penas máximas de 30 años o cadena perpetua, lo que en España equivaldría a la prisión permanente revisable. Será juzgado por uno de los tribunales de lo penal (las 'cours d´assises'), la instancia judicial en la que comparecen las personas acusadas de un delito grave sin atenuantes, aunque pueden pasar hasta dos años hasta que se siente en el banquillo, según los plazos medios de este tipo de procedimientos en Bélgica. Con este trámite de «revisión», la instrucción del caso entraría en su recta final y el sumario, que todavía está bajo secreto, podría estar a disposición de las partes en aproximadamente un mes, según calculan fuentes próximas a la investigación.
En el Código Penal belga, el homicidio con intención de matar es asesinato y será sancionado con penas de 20 a 30 años de prisión. El asesinato cometido con premeditación será castigado con cadena perpetua y esos 30 años de reclusión son la pena máxima, aunque los expertos en derecho internacional indican que, por buen comportamiento, puede ser puesto en libertad a los 10 años de internamiento si se trata de la primera condena del reo y, de 14, si se trata de un reincidente. El recluso puede quedar a «la disposición del Gobierno» tras cumplir 10 años de la condena, lo que significa que, durante este periodo, el ejecutivo belga puede decidir si permanece encarcelado.
La legislación belga contempla la cadena perpetua revisable para crímenes graves como asesinatos o violaciones y los condenados pueden solicitar la libertad condicional tras pasar, al menos, una década en prisión si se trata de su primer delito. La decisión debe ser aprobada por unanimidad en un tribunal compuesto por tres jueces, un funcionario de prisiones y un agente de reinserción social.
En Bélgica, los tribunales de lo penal están presididos por un magistrado, asistido por dos magistrados asesores, también jueces de carrera. No se pronuncian sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado, sino que corresponde a los miembros del jurado decidir si el acusado ha cometido o no un delito y, al igual que en España, los jurados son elegidos por sorteo entre la población. Todos los ciudadanos belgas entre 28 y 65 años, con pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos, que sepan leer y escribir y que no hayan sido condenados a una pena de prisión de más de cuatro meses o a una pena de trabajo de más de sesenta horas, pueden ser llamados a formar parte de un jurado.
El procedimiento penal belga comienza con la lectura del escrito de calificación, que es una síntesis de la investigación en la que se incluyen los principales elementos de la instrucción. A continuación declaran los testigos y las personas afectadas por la instrucción. Estas declaraciones deben permitir a los jurados que no hayan podido consultar el expediente formarse una opinión. Después, el ministerio fiscal formula su acusación, las partes civiles toman la palabra y los abogados hacen sus alegatos. Igualmente, se da oportunidad al acusado para que manifieste lo que considere oportuno. También se interroga al acusado, que responde a las preguntas del presidente, da explicaciones sobre los hechos y, además, puede declararse inocente.
Tras el debate, los doce jurados se reúnen a puerta cerrada para pronunciarse sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado. Deciden mediante una votación y pueden matizar su decisión. Por ejemplo, pueden declarar culpable al acusado reconociendo la existencia de circunstancias atenuantes. En España, algunas de estas circunstancias atenuantes de la condena pueden ser la enajenación mental transitoria o estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, siempre que esté cerfificado por un forense o perito oficial. También se suele tener en cuenta por el tribunal la confesión voluntaria de la autoría del delito por parte del reo en los primeros momentos de la investigación. Por el contrario, hay otras circunstancias que pueden ser agravantes como, en este caso, el ensañamiento y la excesiva violencia (le propinó 153 puñaladas) y la relación de pareja que mantenían hasta un mes antes, que puede contemplarse como agravante de parentesco.
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Si el acusado es declarado culpable, los magistrados y el jurado deliberan conjuntamente sobre la pena que se va a imponer y la decisión (que debe estar motivada) se toma por mayoría absoluta, algo que en España es preceptivo en exclusiva del magistrado presidente del tribunal del jurado, quien determinará en sentencia la condena para el encausado.
En principio, y al contrario que en la legislación española, las sentencias de los tribunales de lo penal belgas no se pueden apelar. No obstante, el condenado, la parte civil (en este caso, la familia de la víctima) o el ministerio fiscal pueden presentar un recurso ante el Tribunal de Casación. Si una condena es anulada por este, el caso se remite a otro tribunal de lo penal, que deberá proveer de nuevo sobre el asunto, según informa el portal europeo de E-Justicia.
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