La jefa de prensa del PP en el grupo municipal del Ayuntamiento, Raquel Sanz, ha asumido la responsabilidad por el retuit de un mensaje en el que un ciudadano instaba a tomar «al asalto» la institución y hacer que el alcalde, Óscar Puente, acabara «como ... Mussolini». Esto es, ajusticiado y colgado bocabajo. «Lo hice bajo mi criterio y responsabilidad, sin autorización ni instrucciones de ningún concejal del Grupo Municipal Popular, en el ejercicio de mis funciones», señala. Y añade que «nunca» tuvo intención de «incitar a la violencia contra nadie».
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Sanz se convierte así en la cabeza de turco que paga un error que la presidenta del grupo, Pilar del Olmo, y el número 2, José Antonio de Santiago Juárez, habían justificado en un primer momento. Ante la primera reacción de Óscar Puente, el Grupo Municipal Popular difundió un comunicado en el que se argumentaba que el mensaje replicado tenía «un carácter irónico». El propio De Santiago-Juárez retuiteó el comunicado. Y Pilar del Olmo escribió, citando también el tuit ofensivo, ya borrado: «Está clara la intención de este tuitero. Nadie desea nada malo para Óscar Puente». Con anterioridad, había escrito: «Es completamente obvio que no le deseamos ningún mal, pero lo que debe hacer es cambiar el plan de inmovilidad que tanto enfado produce entre los vecinos».
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Tras estas justificaciones, ambos dirigentes se disculparon esa noche, después de un viernes polémico. De Santiago-Juárez comenzaba ya entonces a desviar responsabilidades hacia su jefa de prensa, encargada de las redes sociales, con un mensaje que señalaba: «Hay días que en esta red se hacen las cosas mal. Hoy el PP en el Ayuntamiento de Valladolid lo hemos hecho francamente mal. Todos cometemos errores, toca hacer autocrítica». Eran las 20:50 horas. A las 22:56 era Pilar del Olmo la que, citando ese mensaje, añadía: «Es lo que toca. Disculpadnos». Conrado Íscar, presidente provincial del PP, zanjó la cuestión de forma contundente un poco más tarde, a las 23:39 de la noche. «He mostrado personalmente a Óscar Puente mi total rechazo a la difusión de un mensaje que no representa ni al PP ni a sus afiliados. Lo que necesita la política es menos tensión y más diálogo».
Advertencia que sirvió de poco. El alcalde, Óscar Puente, tiró un anzuelo a la mañana siguiente. Un mensaje en el que no citaba a nadie pero en el que se puede entender una referencia a De Santiago-Juárez cuando alude a su preocupación por las cuestiones «familiares» de sus adversarios, ya que el popular recientemente ha vivido un percance cercano. «Muchas gracias a todos/as por las muestras de apoyo. Son momentos duros. Lo más difícil para mí es entender, por mucho que seamos adversarios políticos, que personas a las que saludas cada día y te interesas por su familia, puedan difundir un mensaje en el que se desea tu muerte». Eso provocó una nueva reacción airada del portavoz del grupo municipal popular, José Antonio De Santiago-Juárez, que le llevó a acusar a Puente de «mentir y enmarañar» porque, a su juicio, «nadie» le había deseado «la muerte».
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El tuit del alcalde llegaba cuatro minutos antes de que el Gabinete de prensa del Ayuntamiento enviara un comunicado en el que PSOE y VTLP exigían al PP una rectificación y que se asumieran «responsabilidades políticas». «No es suficiente [el mensaje de Conrado Íscar] para reparar el daño provocado por la difusión irresponsable, consciente y planificada de este mensaje que de forma inequívoca supone una incitación al uso de la violencia».
Pero iba más allá. «Si en el Partido Popular de Valladolid nadie asume la responsabilidad por estos hechos de enorme gravedad, [PSOE y VTLP] presentarán una moción conjunta al próximo pleno del día 30 en la que exigirán públicamente las responsabilidades políticas oportunas». En su empeño inicial por minimizar la importancia del retuit, el PP del Ayuntamiento de Valladolid le había brindado a Puente la ocasión de sacar un rédito político al error.
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La respuesta del Grupo Municipal Popular, tras celebrar un gabinete de crisis con sus concejales, ha sido difundir un comunicado en el que Raquel Sanz asume la responsabilidad del retuit. Con esto, a la espera de la respuesta del propio alcalde, los populares confían en zanjar la cuestión. Sanz padeció en primera persona el odio de las redes sociales tras el fallecimiento de su esposo, el torero Víctor Barrio, durante una corrida. Los mensajes recibidos se alegraban de su fallecimiento y le insultaban, lo que le llevó a pedir amparo a los tribunales. Para redondear el barullo tuitero, la propia jefa de prensa ha empezado a recibir mensajes insultantes en respuesta al tuit en el que el Grupo Municipal Popular ha colgado su comunicado.
La decisión de que fuera Raquel Sanz la que asumiera la culpa individualmente tampoco sentó bien en algún sector del partido. José Ángel Alonso, diputado en el Congreso, escribió, por supuesto en Twitter: «Un error humano no puede empañar la brillante carrera profesional ni la gran persona que es Raquel Sanz, que no sería capaz de hacer daño a una mosca». Mensaje que apoyaron Mercedes Cantalapiedra, secretaria general del partido enValladolid y senadora, Tomás Cabezón, diputado por Soria, o Eduardo Carazo, diputado por Valladolid.
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Raquel Sanz padeció en primera persona el odio irracional de las redes sociales. Su marido, Víctor Barrio, falleció en la plaza de toros de Teruel y Facebook y Twitter se llenaron de mensajes insultantes, de mofa e incluso de alegría por su muerte. Comenzó entonces una batalla judicial que le llevó a mantener hasta cuatro querellas abiertas al mismo tiempo. «¿Desearle a un torero muerto que violen su cadáver y a su esposa es libertad de expresión? No lo es», decía en un encuentro sobre redes sociales organizado por el diario 'Ideal' de Granada.
Y es que Sanz se convirtió, a fuerza de defender su causa, en una activista por la regulación de unas redes sociales que consideraba demasiado laxas a la hora de juzgar y castigar los mensajes de odio. La preguntaron qué le diría al profesor que se congratulaba en Facebook por la muerte de Víctor Barrio, y con el que tenía un acto de conciliación al que la familia del torero no acudió. «Le diría que si es capaz de decirme el mismo comentario que hizo mirándome a los ojos a mí y a los padres de Víctor. Si es capaz de hacerlo y decirlo, entonces esa persona no puede vivir con el resto de la sociedad porque no está bien, habría que llevarla a un psiquiátrico».
Otra 'comentarista' , una concejala no adscrita del Ayuntamiento de Catarroja, fue condenada a pagar 7.000 euros en concepto de indemnización por un delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor del torero.Había escrito que la muerta de Barrio tenía un aspecto «positivo» porque era un «asesino».
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