Valladolid

Investigan el aviso falso de una bomba en el instituto Núñez de Arce

A pesar de que el aviso resultó ser falso, agentes de la Nacional inspeccionaron los aledaños del instituto sin hallar ningún indicio ni prueba de explosivos, por lo que una hora después despejaron la zona, que había aglutinado a gran cantidad de curiosos en la plaza de Poniente.

Durante ese tiempo, los agentes también intentaron contactar con la dirección del centro educativo para rastrear desde el interior, pero se encontraron con un móvil fuera de cobertura. Minutos más tarde de esas llamadas, llegaron varios mensajes al director, pero no fue hasta este martes, una vez recuperada la normalidad lectiva, cuando se enteró de lo sucedido el domingo.

Una vez contrastada que la llamada era falsa, la Policía Nacional ha abierto una investigación para dar e identificar a esa persona con voz de varón que el domingo por la tarde movilizó a un gran número de agentes.

Precisamente, un hecho similar se dio a finales de abril en un colegio de La Rioja. En ese caso, una joven de 14 años está siendo investigada por la Guardia Civil como presunta autora de un delito de desórdenes públicos tras llamar al 112 y decir que había colocado una bomba en el colegio González Gallarza de la localidad de Rincón de Soto.

Eso obligó al desalojo de las 85 personas que se hallaban en el centro para llevar a cabo un exhaustivo reconocimiento de todas las dependencias del instituto, sin hallar artefactos explosivos, y comprobando que se trataba de una falsa alarma al igual que el caso en el instituto vallisoletano.

Precisamente, realizar llamadas de este tipo constituye un delito contra el orden público tipificado en el artículo 561 del Código Penal: «Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses».