La Inspección no acredita el acoso a uno de los cuatro empleados que denunciaron a Iberaval

Al no pertenecer ya a la plantilla, la inspectora no le ha llegado a tomar declaración, pero señala que «en base a las actuaciones realizadas no se ha acreditado la existencia de la conducta empresarial de acoso denunciada, tratándose de una cuestión netamente interpretativa a resolver en sede jurisdiccional social, donde en su caso debiera hacerse valer la pretensión merced al planteamiento de la modalidad procesal oportuna y la aportación de la pertinente prueba». El afectado está pendiente de la celebración de un juicio, que tendrá lugar el próximo 11 de enero.

No obstante, a renglón seguido, el órgano del Ministerio de Trabajo y Economía Social, cuestiona el sistema de valoración de los trabajadores aplicado por esta entidad, que, bajo el nombre de 'Cambio Cultural', realiza evaluaciones periódicas del rendimiento de los empleados por parte de seis directivos nombrados por el máximo responsable de esta sociedad, que se nutre de capital público principalmente. La resolución subraya que «es cierto que existe un clima de malestar a raíz del cambio cultural y de organización de la empresa».

Así, la responsable de las pesquisas considera que determinados aspectos de esta fórmula para analizar el trabajo y el compromiso de la plantilla «carecen de objetividad y son difícilmente evaluables». Estas razones llevan a la Inspección de Trabajo a requerir a Iberaval «para que en un plazo de dos meses proceda a revisar este sistema, así como la evaluación de riesgos psicosociales de cara a evitar las situaciones conflictivas que genera y que se han puesto de manifiesto en el desarrollo de la presente investigación», según concluye.

En las denuncias presentadas, se hacía hincapié en este aspecto al considerar que se estaba «haciendo uso de estas valoraciones personales para socavar la imagen del trabajador, cuestionando su experiencia y profesionalidad, además del perjuicio económico al reducir sustancialmente el importe sobre los objetivos con una valoración totalmente arbitraria». Por contra, la dirección ha defendido desde el primer momento de este conflicto laboral la evaluación «honesta» llevada a cabo por el equipo que realiza los exámenes periódicos y que «ha permitido que 70 trabajadores mejoren sus retribuciones».

El Ministerio de Trabajo y Economía Social está pendiente de resolver las otras tres denuncias. Las interpusieron la exdirectora de la Asesoría Jurídica de la firma, una abogada, que es también la delegada de personal en la empresa, y el responsable de los servicios informáticos de la compañía. Los tres están de baja laboral por ansiedad y han solicitado a la sociedad conocer las conclusiones del informe elaborado por la consultora KPMG sobre su caso sin que hasta el momento les hayan remitido las conclusiones de esa investigación.

Cabe recordar que Iberaval se financia principalmente con dinero de las Administraciones. La Junta de Castilla y León, con presencia en el consejo de la empresa a través del viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, inyectó en 2021 un total de 11,4 millones para las operaciones que realiza Iberaval, la segunda aportación más cuantiosa tras la del Ayuntamiento de Madrid.