La funeraria de Morchón denunciará la exhumación del cadáver con los dientes de oro en el cementerio de Valladolid

El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid puso en marcha la medida de la exhumación del difunto, que fue enterrado hace seis años, a tenor de las sospechas expresadas por las hijas del fallecido, residentes en Bilbao, respecto de que su padre presentaba «una expresión extraña» en el rostro y temían que en la funeraria le hubieran extraido los molares de oro. Todo, a raíz de que estallara el caso del 'cambiazo' de los ataúdes, unos 6.000 durante veinte años según la Fiscalía, unas cajas de calidad adquiridas por los deudos destinadas a la incineración de sus seres queridos en la necrópolis privada de los Morchón en Santovenia que habrían sido sustituidas por otras de inferior calidad.

La comisión judicial, junto con miembros del Instituto de Medicina Legal, dos forenses, integrantes de la Policía Científica encargados del reportaje fotográfico y empleados de Nevasa, la empresa que gestiona el cementerio, además de otros empleados de Parque El Salvador, –grupo de empresas investigado en el caso de los ataúdes, pero que es la funeraria 'oficial' de los juzgados de Valladolid– , participaron en la inusual exhumación en el camposanto municipal.

Una vez desenterrado, se comprobó por parte de los forenses que el finado tenía la dentadura intacta, con sus correspondientes prótesis de oro. Así que, en principio, solo resta al juez instructor dictar el auto de archivo, al no haberse constatado indicios de sustracción, expolio o profanación del cadáver.

Tras la psicosis destada en Valladolid por el «cambiazo» de los ataúdes, que llevó a decenas de familias a apuntarse en la lista de la policía para integrar la acusación como perjudicados en la causa, esta es la primera secuela colateral de la denominada operación Ignis, que estalló el pasado mes de enero como resultado de la investigación policial. Una causa compleja que está en proceso de instrucción judicial desde entonces y en la que se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 a una veintena de personas, empleados y familiares vinculados al grupo funerario Parque El Salvador fundado por Ignacio Morchón, principal investigado en el procedimiento por su supuesta implicación en los delitos continuados de falsedad y estafa por la supuesta sustitución de los más de 6.000 ataúdes, así como en los delitos de organización criminal, uno de fraude contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales que se basaría en el casi millón de euros hallado durante el registro en su domicilio.

Precisamente los abogados defensores de los tres integrantes de la familia Morchón que figuran como investigados en la causa del cambiazo de los ataúdes están a la espera de que la jueza se pronuncie sobre la rebaja solicitada de las fianzas hipotecarias, que suman 1,8 millones de euros (800.000, 800.000 y 200.000 euros). Estos depósitos permiten a Ignacio Morchón y a sus hijos Ignacio y Laura permanecer en libertad provisional.

Para las defensas, son cuantías exageradas para garantizar que no se dan a la fuga, «máxime cuando está constatado su arraigo en Valladolid», y retan a «su señoría» a que les diga «cuántas fianzas carcelarias se han señalado en la historia judicial española de una cuantía siquiera aproximada a una tercera parte». Ponen como ejemplo que «en la operación Gürtel se han fijado fianzas que no han superado los 200.000 euros y en la operación Herrira, vinculada a ETA, se decretaron 14 libertades de detenidos y cuatro fianzas de 20.000 euros».

Solicitan también a la jueza que anule, para Laura e Ignacio Morchón, las medidas cautelares de tener que presentarse en el juzgado cada quince días.