La Policía sospecha que una empresa de Morchón simulaba la compra de ataúdes con facturas falsas

Tras el estudio de la abundante documentación requisada en los registros de 31 de enero de 2019 en el Tanatorio El Salvador y la oficina central de la Agencia Funeraria Castellana, dentro de la operación Ignis, los investigadores han detectado «facturas que únicamente contemplan el pago del IVA o, en algunos casos, el IVA más una cifra referida a una 'mercancía entregada'». Con este procedimiento, apuntan, la sociedad, que en sus últimos tiempos estuvo administrada directamente por el veterano funerario hasta que cesó su actividad en 2005, «simularía la adquisición de unas arcas fúnebres que realmente no existieron y a su vez posibilitaría transmitirlas falsamente a Agencia Funeraria Castellana», la empresa matriz del Grupo Parque El Salvador, también administrada por Morchón, actualmente en libertad provisional bajo fianza, al igual que dos de sus hijos.

Por este sistema, explica el informe policial, «se podría justificar documentalmente la ausencia de los féretros que debieron icinerarse con el difunto». Además, CRISVA «saldaba las posibles pérdidas que sufriera su proveedor, Industrias Santamaría, abonándole el IVA correspondiente a estas facturas presuntamente falsas a través de cheques al portador». Esta firma gallega era la principal proveedora de la carpintería, que fundamentalmente trabajaba para la funeraria familiar.

El vínculo de parentesco es el patrón en todas las empresas del grupo El Salvador y CRISVA no iba a ser la excepción. Creada en 1997, mantuvo la actividad hasta el año 2004, fecha en que se dio de baja el último trabajador y al año siguiente cesó la titularidad del inmueble, ubicado en el polígono La Mora de La Cistérniga (Valladolid). En la primera fase, los padres de la sobrina de Ignacio Morchón, que da nombre a la empresa, asumieron los cargos de administrador y apoderado. Después fue el marido de esta quien se ocupó de la administración hasta 2001, año en que Morchón Alonso comenzó a figurar como administrador y después a través de Agencia Funeraria Castellana.

El objeto social de la carpintería ebanistería era la fabricación de muebles y elementos, así como su comercialización, instalación y distribución, pero en realidad su principal actividad era el «acondicionamiento de féretros» que compraba semielaborados. La nave tenía 210 metros cuadrados y estaban contratados dos trabajadores. Precisa la Policía que, una vez cotejadas las facturas de consumo eléctrico y de agua, «estas se podrían considerar incluso inferiores a las correspondientes a una vivienda particular, lo cual indicaría la escasa actividad desarrollada por la empresa dentro de este inmueble«.

Dentro del periodo analizado, indica el informe, se observa una facturación «normal» hasta finales de 2002 en las operaciones que CRISVA mantiene con Industrias Santamaría, Genaro Márquez Cobas, pero a partir de 2003 se producen cambios: «las facturas son más escuetas, tanto en el número y la descripción de los féretros, se incrementa significativamente la facturación, se modifica el sistema de pago y se realizan contemplando toda la factura, a pagar solo el IVA de facturas agrupadas o se suman los del bloque de facturas». En un año, subrayan los investigadores, «se aprecia una significativa elevación económica, tanto en la compra como en la venta de féretros», lo que indicaría «la existencia de una facturación fraudulenta a partir de 2003, lo que conllevaría la transmisión de unos féretros que, al parecer, nunca se entregaron«. Sostienen que no existe justificación para el pago únicamente del IVA en esas facturas, »rompiendo con la tónica de pago realizado hasta el momento y que es la habitual en este tipo de transacciones económicas«.

Así, las facturas de arcas semielaboradas compradas por la carpintería de Morchón a Industrias Santamaría pasan de reflejar 332 cajas por 21.897 euros en 2002 a 1.876 cajas por valor de 208.024 euros. Las facturas de arcas vendidas a Agencia Funeraria Castellana pasaron de ser 467 en 2002 por 78.135 euros a 690 arcas y 276.080 euros en 2004. La explicación, apunta la Policía, estaría en «la venta de unas arcas que en realidad nunca se han adquirido, pagando CRISVA el importe del IVA de las facturas falsas al proveedor, Industrias Santamaría, al efecto de que este no tuviera pérdidas al deducir el impuesto en el momento de realizar las cuentas de su empresa». A partir de este momento, «comenzaría a existir una serie de féretros sobre el papel, que en realidad nunca se compraron».

Para el representante legal de la familia Morchón, estos informes solo reflejan que «se ha gastado un año de tiempo en investigar una empresa desaparecida en 2004, que no está en la causa y que nada tiene que ver con el objeto de la investigación«. Queda todavía por llegar al Juzgado de Instrucción número 6 el informe de Vigilancia Aduanera sobre las actividades de la empresa matriz, Agencia Funeraria Castellana. Según las acusaciones, los delitos de estafa y blanqueo de capitales que se investigan en estas diligencias «se sustentarían en la sustracción de féretros de forma sistemática antes de la incineración y la sustitución de los mismos por otros de peor calidad, restos incompletos de féretros o meros sudarios en el momento de la cremación de los cadáveres».