El «indecente» estado de la Estación de Autobuses de Valladolid llega a las Cortes

La consejera María González Corral, responsable de Movilidad y Transformación Digital en el Gobierno de coalición de PP y Vox, aseguró que la construcción de la nueva estación está ligada al proyecto primero del soterramiento de las vías del tres, que después fue de integración del trazado ferroviario y que ahora el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento defiende que vuelva a ser de soterramiento. La responsable autonómica señaló que la parcela fijada para levantar la nueva estación, que requiere unos 15.000 metros cuadrados de superficie, es un terreno de los antiguos talleres de Renfe, en las Delicias, que no está urbanizado como solar y que es de ADIF. En todo este trámite para poner en funcionamiento una estación definitiva que jubile la actual es capital, según González Corral, el papel de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, participada por el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de la nación.

Todo ese proceso de vaivenes con las vías del tren supone en la práctica prolongar la vida de la actual estación que sufren los usuarios de autobús en Valladolid, a no ser que se acometa una reforma integral de la instalación o se acelere el traslado a la ubicación futura en las Delicias.

Pelegrina situó la responsabilidad de que Valladolid carezca de una estación de autobuses acorde a una ciudad de su nivel en la Junta de Castilla y León, que es la titular de la instalación. Es una infraestructura autonómica, con 50 años de funcionamiento. «35 con gobiernos del PP», argumentó la procuradora del PSOE, que aseguró que gracias a los fondos del Plan de Resiliencia de la UE la consejera María González Corral había estado de ruta por toda la comunidad presentando nuevas estaciones de buses o reformas de las existentes. «Donde no la hemos visto hacerse la foto es en la de Valladolid», ironizó la socialista.

Desde el PSOE remarcaron que el estado que presenta la instalación es «indignante», «vergonzoso», «injustificable», «indecente» o «impropio» de una capital de provincia. Desde los baños al resto de servicios, subrayó Pelegrina. Desde la bancada del PSOE señalaron que «fue el PP» el que se 'cargó' el soterramiento dejando una deuda que superaba los 400 millones de euros en la etapa de Javier León de la Riva y también un Gobierno del PP, con Rajoy de presidente y Iñigo de la Serna de ministro, el que «impuso» la integración. «Y ahora es el PP quien condiciona, en función de sus interereses partidistas, la construcción de la Estación de Autobuses de Valladolid», concluyó Laura Pelegrina, en una acusación en toda regla del nuevo retraso al freno a la integración de Jesús Julio Carnero para volver a la casilla del soterramiento.

María González Corral animó a la procuradora socialista a requerir al Gobierno de España «recursos para soterrar» las vías del tren y acelerar así la construcción de la nueva estación de autobús. «Estamos trabajando en la nueva estación de autobuses de Valladolid», manifestó la consejera, que insinuó que los socialistas se han empezado a preocupar de lasdeficiencias de la instalación cuando han perdido la Alcaldía de Valladolid. «En ocho años no han hecho nada», remarcó González Corral, en referencia a la etapa de Óscar Puente.

La consejera, que reconoció que es una infraestructura autonómica, explicó que hay una concesión en vigor que se adjudicó por 75 años y a la que quedaría un horizonte de vida de unos 25 años. Es la empresa concesionaria la responsable de mantener las instalaciones y por eso la Junta hizo un requerimiento para que adecentasen los aseos, al que ha seguido una segunda instancia para que solventen otras cuestiones, informó González Corral, que avanzó que esa será la línea a seguir desde la Junta en el plazo inmediato, requerir a la concesionaria cada reparación que se considere necesaria.

La Junta acomete obras de nueva construcción o reforma en las estaciones de autobuses de Salamanca, Ávila, Palencia, León, Soria, Ponferrada o Ciudad Rodrigo, con un plan de 35 millones de euros, según confirmó la consejera en las Cortes, de los que 9 son fondos de la UE.