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Será un Gobierno de coalición o no será. Eso es lo único que puede tener claro el PP a estas horas, antes de que el lunes comiencen de verdad las conversaciones sobre los ayuntamientos en los que PP y Vox tienen opciones de desbancar ... al PSOE. Y en Castilla y León eso afecta especialmente a dos: Valladolid y Burgos. Vox se ha referido al «respeto» a sus votantes que no regalará sus votos y a que ha llegado la hora de entrar en los gobiernos municipales en los que esté en condiciones de hacerlo. Las mismas premisas de las que partió la negociación con el PP tras las autonómicas de Castilla y León en 2022. Aquel pacto sirve ahora como ejemplo de lo que se exige en aquellas comunidades en las que PP y Vox pueden acordar un gobierno conjunto, como Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón. De hecho, se detalla tal cual: vicepresidencia y tres consejerías (o porcentaje similar, en función del organigrama de la comunidad y del peso de los parlamentarios de Santiago Abascal en el territorio).
Lo que ocurre es que en los gobiernos municipales no hay un ejemplo válido a seguir. Al menos en los grandes ayuntamientos. Sí hay una frase que, rescatada de la negociación 2022, puede servir como guía. Entonces Vox dijo: «el mismo trato que a Ciudadanos». Y de eso sí hay ejemplos. De hecho, en Burgos, Palencia y Salamanca hubo un pacto PP-Ciudadanos y en Valladolid, dos mandatos con la coalición PSOE-Toma la Palabra.
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A esta pequeña pista se le suma otra. El papel de Vox en el Ejecutivo autonómico. Industria, Comercio, Empleo (Mariano Veganzones), Cultura, Turismo, Deportes (Gonzalo Santonja), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural (Gerardo Dueñas) y una Vicepresidencia (Juan García-Gallardo). Materias que Vox escogió en el pacto con el PP y que en algunos casos podrían tener continuidad en los gobiernos municipales. Es una forma de facilitar las gestiones Ayuntamiento-Junta y hacer que luzca el trabajo de los próximos cuatro años.
Jesús Julio Carnero tiene en mente el mapa de concejalías y funciones que quiere para su desempeño en la Alcaldía. Sabe que tendrá que ceder competencias y áreas, pero al mismo tiempo debe hacer valer su mayor poder, 11 concejales frente a 3 de Vox, y el hecho de que Vox se ha comprometido a no permitir gobiernos de izquierdas allí donde pueda impedirlos. Vox, en cambio, parte de ese relato de que sus votantes «merecen respeto». Es decir, que sus representantes tengan su cuota de gobierno. Los populares dan por descontado que Irene Carvajal pedirá la primera Tenencia de Alcaldía, cargo que ostentaba Manuel Saravia en Valladolid, Vicente Marañón (Cs) en Burgos y Ana Suárez (Cs) en Salamanca. En Palencia el pacto fue más allá, Mario Simón (Cs) fue designado alcalde, algo que aquí ni se contempla.
Un área que Ciudadanos ha gestionado en sus pactos municipales en Castilla y León ha sido el de Comercio. Algo que ahora entroncaría con la Consejería de Veganzones (Vox), por lo que es una de las opciones más claras. También cuestiones de promoción económica han recaído en ediles de Ciudadanos en Salamanca y Palencia, y algunas cuestiones relacionadas con ella también en Burgos. Ciudadanos y Toma la Palabra también se han hecho cargo de cuestiones relacionadas con Deportes y Participación Ciudadana. Ha sido el área de Alberto Bustos en Valladolid y parte de la gestión de Rosario Pérez (Cs) en Burgos.
Otros asuntos que ha gestionado Ciudadanos son los relacionados con Servicios Sociales, Familia e Igualdad de oportunidades, cuestión esta última que no encaja demasiado bien con el ideario de Vox y que en la Junta, de hecho, gestiona el PP con la consejera Isabel Blanco.
Tampoco parece que las otras áreas que ha llevado Toma la Palabra en Valladolid respondan al 'perfil Vox' o sean áreas de las que el PP esté dispuesto a desprenderse fácilmente. Así, María Sánchez se ocupaba de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la dirección de Aquavall. Una concejalía que tenía muy presentes esos objetivos de la Agenda 2030 que Vox denosta. Y Manuel Saravia, al margen de teniente de alcalde, se ocupaba de Planeamiento Urbanístico y Vivienda. Es decir, de aquellas cuestiones que tendrán relación directa con retomar el plan del soterramiento, algo que propugnaban ambas formaciones en campaña pero que el PP querrá liderar y no dejar en manos de su socio-rival.
La negociación, en todo caso, no se desarrollará solo a nivel municipal. Estará tutelada por Madrid en el caso de Vox, por lo que volverá a darse la misma circunstancia que en 2022. Su posición negociadora suele ser rígida, parte de un acuerdo de máximos y está dispuesto a llevar el órdago hasta el último momento. Ya se vio entonces, cuando se firmó el acuerdo el mismo día de la constitución de las Cortes de Castilla y León. Y esta vez vuelve a suceder lo mismo que entonces: hay una fecha límite. El sábado 17 de junio se constituyen los más de ocho mil ayuntamientos de toda España. El PP propondrá como candidato a la Alcaldía a Jesús Julio Carnero, con los 11 votos de sus concejales. Lo mismo el PSOE con el suyo, Óscar Puente, y también 11 votos. A partir de aquí, si los tres ediles de Vox no votan a favor de la candidatura de Jesús Julio Carnero, el alcalde será el número 1 de la lista más votada. Esto es, Óscar Puente. «Por ochocientos votos», lamentaban en el PP días atrás. El PSOE resistió la caída global de sus siglas con 58.900 votos (el 36,69% del voto válido), y el PP se quedó en 58.142 (el 36,22%). Ser la lista más votada habría permitido a Jesús Julio Carnero llevar el mando en la negociación. No serlo le supone vivir, hasta la semana que viene, con una incógnita: ¿qué querrá Vox?
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