El impago del alquiler supone el 80% de los desahucios en Valladolid

Ello conlleva que el juzgado pueda incrementar los plazos de suspensión de los lanzamientos de 1 a 2 meses cuando el propietario sea una persona física; y de 3 a 4 si se trata de una jurídica. Por lo que más allá de la ocupación ilegal de inmuebles por el conocido como método de 'patada a la puerta', un fenómeno de poca magnitud en Valladolid y con unas características muy concretas, preocupa la perspectiva de no poder echar a un inquilino que deje de pagar las rentas.

Así lo explica Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, que considera que la nueva legislación «protege más al arrendatario que al propietario», lo que causa una «inseguridad jurídica» que está favoreciendo la escasez de oferta en el mercado de los alquileres residenciales y también la proliferación de contrataciones de seguros de impago, como una medida para garantizar las rentas a un «bajo coste» en función del riesgo.

Aún así, Castilla y León, con una morosidad media de 4.322 euros, se mantiene como una de las comunidades con menor nivel de endeudamiento de sus arrendatarios, con una deuda muy por debajo de la media nacional -7.958 euros-. Pero con Valladolid a la cabeza, solo por detrás de Salamanca, con una morosidad media de 4.828 euros, según el estudio elaborado por el Observatorio del Alquiler, dependiente de la Fundación Alquiler Seguro, con la colaboración de la Universidad Rey Juan Carlos, que advierte de que el crecimiento del endeudamiento de los inquilinos aumenta a un «ritmo superior» con respecto al resto de provincias de la comunidad. Un 5,5 por ciento en el último año. Los datos de los órganos judiciales, si bien reflejan un incremento en Valladolid de los asuntos por impago y los desahucios derivados de los mismos en el último año, apuntan a estos afectan a un número insignificante del parque de viviendas arrendadas.

A este respecto, los cifras recabadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León arrojan un incremento significativo tanto del número asuntos ingresados en los juzgados por procedimientos arrendaticios, como de los desahucios practicados en aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en Valladolid. Estos últimos además supusieron el 80% de los lanzamientos practicados por los órganos de Primera Instancia e Instrucción.

En concreto en 2024 se practicaron 202 desahucios en el total de la provincia, de los cuales 163 fueron derivados de procedimientos por incumplimientos de la ley de arrendamientos urbanos, mientras que sólo 28 fueron de ejecuciones hipotecarias. Con respecto al 2023 los desahucios por impago de alquiler se incrementaron un 13 por ciento, pasando de 146 a 163 desalojos. Mientras que el número de procedimientos verbales asociados al impago del alquiler, aquellos cuya cuantía no supere los 15.000 euros y que pretendan la recuperación del inmueble según la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alzaron un 54 por ciento, con 580 asuntos ingresados en 2024, la segunda cifra más alta de los últimos cinco años, cuando en 2021, tras el parón de la actividad económica durante la pandemia, alcanzaron los 588.

No obstante, siguiendo los mismos datos del Poder Judicial, ni la nueva legislación en materia de vivienda ni la suspensión de los desahucios a inquilinos vulnerables, decretada con la puesta en marcha del denominado escudo social durante la anterior legislatura para paliar los efectos de la Covid, han supuesto un freno significativo a los desahucios.

Al menos en Valladolid, donde los órganos judiciales de Primera Instancia e Instrucción suspendieron 18 lanzamientos el pasado año -no se concretan las causas- y ninguno en los años anteriores, según los mismos datos del Poder Judicial. Y así lo denunciaba el pasado sábado el Sindicato de Vivienda de Valladolid, durante una concentración a la que acudieron centenares de personas y en la que denunciaron, durante la lectura del manifiesto, que «se siguen ejecutando todas las semanas».

El último caso mediático fue el desalojo de Verónica y sus tres hijos ejecutado el pasado mes de febrero en una propiedad de Abanca proveniente de un embargo hipotecario. Tras paralizarse en dos ocasiones a finales del pasado año mientras se negociaba con la entidad un alquiler social que no salió adelante, la mujer fue desalojada de la vivienda en la que llevaba seis años residiendo tras pagar 2.500 euros a los antiguos titulares por un contrato de arrendamiento sin validez legal. Esto le impidió acreditar su condición de vulnerabilidad, -que le habría permitido continuar en la vivienda hasta el 31 de diciembre- pese a ser perceptora del ingreso mínimo vital y tener un menor a cargo con discapacidad.

Su caso es representativo de lo que se ve en los juzgados. «El tema de la okupación en Valladolid es mínimo, igual representa un 1% de todos los asuntos que nos entran», apuntan fuentes judiciales. Atrás quedó la carga trabajo del crack inmobiliario de 2008, cuando las ejecuciones hipotecarias copaban los juzgados. «Ahora lo que más vemos son casos de grandes tenedores, viviendas de la Sareb que han pasado a terceros», explican las mismas fuentes.  Detallan que lo más habitual en los procedimientos iniciados por particulares son «problemas de morosidad», en cuanto a que hay personas que parten de un «contrato inicial» que se va «heredando» por distintas personas o familias que «se suceden en los inmuebles». Son casos que se puede demorar «de seis a ocho meses», dado que en estos momentos se están resolviendo «casos de octubre o noviembre del pasado año».

Atendiendo al número de viviendas en alquiler en toda la provincia, 80.793 de un total de 296.910 inmuebles residenciales según el último censo del INE -de 2021-, en 2024 se desahució en torno al 0,2% del parque de viviendas arrendadas, mientras que los impagos de rentas ingresados en los juzgados pesaban sobre el 0,7% de los contratos de arrendamiento. En ambos casos, menos de un 1%.