La 'okupación' en Valladolid afecta al 0,07% de las viviendas, en su mayoría de grandes propietarios

En la provincia se denunciaron el pasado año en las comandancias y comisarías 118 allanamientos o usurpaciones de inmuebles -las cifras no están desglosadas -, que supusieron la investigación y detención de 34 personas. La evolución de los datos apuntan a un incremento significativo desde 2010, año en el que comienza la estadística. Coincidiendo con los efectos de la crisis del ladrillo en dos años, entre 2010 y 2012, se duplicaron las ocupaciones, pasando de 41 a 94, registrándose el pico máximo en 2015 con 130, la mayor cifra hasta la fecha. Tras caer hasta la mitad en 2016 y mantenerse estables aunque con tendencia ligeramente ascendente en los siguientes cuatro años, en 2020, tras la pandemia, se tuvo un segundo pico, pasando de 84 en 2020 a 118 en 2022. La cifra se repite este año, tras una ligera caída - hasta las 107 - el 2023.

Atendiendo a estos datos, en total en los últimos cuatro años las ocupaciones han aumentado un 40%. Pero al cruzarlos con el actual parque de viviendas en Valladolid arrojan una incidencia mínima. Según el último censo de viviendas del INE, elaborado con datos recogidos en 2021, la provincia cuenta con 216.177 viviendas -más de la mitad, 159.363 inmuebles, en la capital -, la mayoría construidas entre 1961 y 2010. Del total de viviendas en el municipio capitalino, 32.178 son segundas residencias o viviendas no principales. Es decir, la okupación afecta a menos del 1% del total de viviendas de la provincia: concretamente, al 0,07%.

Existe okupación, pero no tiene la magnitud del problema y responde a un perfil muy concreto, ya que afecta en su mayor parte a grandes tenedores. Lo aclara el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, para poner en contexto los datos recabados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «No es cierto estos bulos que corren de que si te vas de vacaciones o sales a comprar el pan cuando vuelvas tu casa va a estar okupada», aclara. Y específica que frente a estas situaciones, la actuación es el desalojo inmediato en cualquier tipo de vivienda «si no hay indicios de que lleven más de 24 horas». O con independencia del tiempo que haya transcurrido si es allanamiento de la morada habitual.

Canales apunta a que el fenómeno de la okupación en Valladolid responde a viviendas de grandes tenedores como bancos o la propia SAREB, que están bajo la lupa de «okupas profesionalizados que conocen muy bien la ley». En otros términos, explica que se trata de «mafias» que se dedican al «doble negocio de okupar y desokupar viviendas», en algunos casos cobrando incluso un alquiler ilegal por abrir casas vacías. En este sentido «se está trabajando en núcleos muy concretos» y pone de ejemplo el residencial de Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda, el caso que «más preocupa» en la provincia. La mitad de sus inmuebles, en torno a 91, son propiedad de la Sareb, y de estos, 50 han sido okupados ilegalmente.

«Son casos que generan conflicto y preocupación porque suele pasar que no respetan la convivencia», aunque matiza, que «más allá de la seguridad ciudadana, también tenemos un problema de vivienda, pese a que la constitución garantiza el acceso a una vivienda digna y también hay muchas casas que nos la ocupa nadie». Por eso en el edificio de Arroyovereda se está llevando a cabo una intervención social con «planes de acompañamiento» para que quienes estén dispuestos a colaborar con la Administración y acrediten su condición de vulnerabilidad, puedan optar a un alquiler social - de en torno a 400 euros - siempre con un seguimiento de los servicios sociales. Desde la Sareb añaden, que además, esta posibilidad está condicionado a que no existan informes de la Policía Local que acrediten «delincuencia» o «conflictos de convivencia».

Otro ejemplo es la okupación que tuvo lugar a principios de este año de un chalet en Cigales, donde la rápida intervención del ayuntamiento de la localidad, que cortó el suministro de luz para evitar enganches ilegales, permitió su desalojo casi inmediato. «Temíamos que se convirtiera en un reclamo», explica Canales, al tratarse de una promoción de «16 viviendas de muy buenas calidades empantanadas por toda la crisis inmobiliaria». Estas no pueden comercializarse al estar afectadas por el paso de una línea de tensión a escasos metros -previa a la construcción-, por lo que se está valorando la posibilidad de «mover la línea eléctrica unos metros» para poder dar un uso a estos inmuebles, ante la necesidad de «casar las necesidades existentes» con la participación de todas las administraciones. En cuanto a Valladolid ciudad, detalla que «no hay un fenómeno de okupación masiva» similar, sino que en «distintos núcleos» hay viviendas okupadas.

La Sareb no proporciona datos del número de allanamientos que registraron el pasado año en su parque de viviendas, pero aclaran que en la actualidad están «ligitiando» para desokupar 67 inmuebles en toda la provincia. A estos números hay que sumar 50 viviendas en alquiler social con acompañamiento, que se corresponden con aquellos casos en los que, cuando reciben la titularidad de un inmueble, estos se encuentran ocupados por personas en situación de vulnerabilidad con un contrato irregular, firmado en su mayoría a través de empresas explotadoras. El perfil de estos inquilinos, explican, son en su mayoría «mujeres con familias monoparentales, con una proporción grande de casos de maltrato».

En total, su parque de viviendas en Valladolid se compone de unos 400 inmuebles, la mitad habitados, ya que a los 117 inmuebles okupados o con alquiler social, hay que sumar otros cinco cedidos mediante convenio a la Junta de Castilla y León y 80 con alquileres de mercado, arrendatarios con un contrato legal heredado de la anterior propiedad.

Otro indicador que apunta a una escasa incidencia son las llamadas registradas por la Oficina Antiocupación puesta en marcha por la Junta de Castilla y León en junio de 2023. El servicio, dependiente en cada provincia de la Cámara de Propiedad Urbana, recibió en toda la comunidad un centenar de consultas en el último año, 250 desde que su puso en marcha, con Valladolid a la cabeza -83-, de las cuales 38 se realizaron en el último año. Durante los tres primeros meses de 2025 han entrado «en torno a seis llamadas», señala Óscar Rodríguez, director de la cámara de Valladolid.

«Lo cierto es que no está habiendo muchas reclamaciones al respecto», afirma Rodríguez, director de la Cámara, que detalla que las escasas consultas que entran son de pequeños propietarios porque «se les han metido dentro de casas», generalmente «abandonadas» y «en calles dominadas por okupas». Si bien prevé que el contexto de la economía global por la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos pueda «afectar a los propietarios», al provocar un descenso de ingresos en las economías domésticas que se traduzca en que haya gente que «deje de pagar el alquiler», convirtiéndose en «inquiokupas».