Valladolid

Huelga de directivos de la Seguridad Social ante el «colapso» y el caos de gestión

A los paros parciales están llamados los subdirectores y los secretarios provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sobre quienes recae la tarea de distribuir una carga de trabajo que ha experimentado «un incremento exponencial» debido a la incorporación de nuevas ayudas públicas. Este martes 25 de marzo y el jueves 27 volverán a movilizarse, una convocatoria a la que están llamados cuatro cargos vallisoletanos.

Todo indica que, al igual que en ocasiones anteriores, «aquí el seguimiento será del 75%», según indican fuentes de la Dirección Provincial del INSS. Un porcentaje muy relevante, puesto que la participación media en el conjunto de España ha sido del 63% y esto ha sido calificado de «éxito» por la organización. La cifra sube hasta el 90% en territorios tan representativos como Madrid, Valencia, Sevilla, Asturias o Zaragoza..

Directivos y predirectivos de la Seguridad Social recuerdan que la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020 supuso la llegada de «más de tres millones de expedientes que se han tenido que asumir por unas unidades de gestión que no estaban preparadas ni formadas, y que carecían de recursos humanos y materiales para asumir una avalancha de esta naturaleza». De ahí que en la actualidad estén siendo tramitados casi en exclusiva por funcionarios interinos, según indican, sin formación específica y «con una movilidad extraordinaria, con cambios constantes».

«Volúmenes colosales de solicitudes de IMV» que han bloqueado las oficinas de atención al ciudadano, dificultando la obtención de cita previa en un plazo razonable, «deteriorando el acceso a la atención a nuestros clientes tradicionales» y «empeorando considerablemente las condiciones de trabajo», lamentan. Hasta el punto de «tener que deslocalizar la gestión con un trasiego de miles de solicitudes desde unas direcciones provinciales a otras que no ha conseguido impedir que, a día de hoy, sigan quedando pendientes de resolver miles de solicitudes».

A esto se suma «una ingente producción normativa» de la que derivan otras prestaciones sociales «de una relevancia colosal», como el complemento de maternidad para varones y para la reducción de la brecha de género; los cambios en el modelo de jubilación –en unos años especialmente críticos por la llegada de la generación del 'baby boom'–, y «el desenfreno en el control de las incapacidades laborales», entre otros aspectos. Con el agravante de que quienes tienen que hacer frente a estos trámites son funcionarios próximos al retiro. De hecho, hay direcciones en las que «la plantilla está tan envejecida que se prevén jubilaciones masivas con carácter inminente; en algunos casos el 75% tiene más de 55 años y el 45% más de 60 años», dicen.

Unas circunstancias que llevan a subdirectores y secretarios provinciales a afirmar que «la sostenibilidad de la gestión del sistema de pensiones es crítica, en contra de lo que publicita el Gobierno». «Se podrán garantizar financieramente vía impuestos las pensiones, pero no habrá funcionarios para reconocerlas y gestionarlas y, eso, está sucediendo ya», zanjan desde el Comité de Huelga.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que tanto este departamento en su conjunto como la Secretaría de Estado están «abiertos a escuchar las demandas de todos los colectivos y, por supuesto, de los empleados públicos que forman parte de la Seguridad Social». En este sentido, recuerdan que «ya mantuvimos una reunión el pasado mes de febrero en la que nos transmitieron sus demandas y pudimos buscar puntos para avanzar» y destacan que el Ejecutivo central «ha llegado a numerosos acuerdos con los sindicatos más representativos para la mejora de las condiciones laborales y salariales, el más reciente el de 16 de mayo de 2023», que precisamente permitió desactivar otra huelga.

Desde el área que dirige Elma Saiz reconocen que «es cierto que, en los últimos años, la Seguridad Social ha vivido una transformación muy intensa a nivel normativo, procedimental y organizativo, con prestaciones nuevas como el Ingreso Mínimo Vital que han supuesto un aumento de tareas, en un momento en el que el personal estaba en mínimos históricos tras muchos años de tasas de reposición cero que no cubrían el alto nivel de jubilaciones del personal». Pero al mismo tiempo recuerdan que «este Gobierno puso un plan de choque en materia de recursos humanos para paliar esta situación», que se ha traducido en medidas concretas como la convocatoria de 2.500 plazas de administrativos, «tras más de 30 años sin convocarse y cuyas pruebas se realizaron el pasado mes de diciembre», y «una nueva oposición para 2025 con otras 1.250 plazas».

A esto hay que añadir, según el Ministerio de Inclusión, «un profundo proceso de modernización y transformación» con el objetivo de «poder atender ese incremento de carga originada por las numerosas novedades normativas». Sin olvidar, precisan, los «nuevos servicios de atención directa en los que trabaja el INSS o las nuevas formas de autoservicio para que el ciudadano pueda completar los trámites sin asistencia». «Se trata de unos modelos de atención que deben permitir que los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) se centren en la atención presencial a quien la necesita y donde haya una adecuada dotación de personal para cubrir esa demanda, para que el personal directivo en las provincias pueda hacer una labor que aporte verdadero valor añadido acorde a su capacitación profesional para contribuir a la modernización y mejora de la Seguridad Social», manifiestan.