La Guardia Civil investiga la agresión sexual a un menor de tres años en Laguna

Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid. Tener una discapacidad intelectual, explican fuentes jurídicas consultadas, no impide ser condenado por un delito. En este caso, el sospechoso de abusar del menor tendría una discapacidad intelectual reconocida del 50%, es decir, de grado 4, una discapacidad grave, cuyos síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o la imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria.

El juez tendrá en cuenta los informes de los peritos forenses a la hora de decidir si esta persona es imputable o inimputable en función de la capacidad que tenga de discernir entre el bien y el mal. Si se prueba que no puede tener responsabilidad penal no habrá juicio y si se considera su discapacidad como un atenuante, los jueces o tribunales impondrán la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley. Que la persona no vaya a la cárcel no significa que sus actos queden impunes, pues el juez puede imponer medidas de seguridad, la más común, el internamiento en un centro habilitado siempre por un tiempo que no puede superar a la pena de prisión que se impondría por ese delito.

Así, las personas con discapacidad intelectual que se declaren exentas de responsabilidad penal podrán ser sometidas a medidas de seguridad privativas de libertad, como el internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía que presente, o no privativas de libertad. En este caso se daría la circunstancia agravante de parentesco entre el supuesto agresor y su víctima menor de edad.

La exención de responsabilidad penal que pudiera recaer sobre el discapacitado intelectual no le exime de la responsabilidad civil derivada de ese delito. Esta responsabilidad civil por el daño moral y las secuelas se traslada a las personas físicas o jurídicas que se encuentren bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia. Tendrá que hacer frente, él o su curador, al pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados a la víctima.

El otro suceso en el que se han visto involucrados menores este fin de semana ocurría el pasado sábado en la villa de Íscar. Los agentes del puesto recibieron el aviso de que una niña, que presentaba extrañas quemaduras en las piernas, yacía desvanecida en mitad de una calle del municipio. En principio, la menor de 12 años, que habría estado de fiesta el viernes y durante la madrugada del sábado, no presentaría signos visibles de violencia sexual, si bien la chica habría asegurado no recordar nada de lo que le había ocurrido aquella madrugada. Se investigó si pudiera haber sido drogada mediante alguna sustancia en su bebida.

Finalmente, a la menor se le prestó auxilió por intoxicación etílica, según han confirmado desde la Comandancia de la Guardia Civil.