Nueve menores de Valladolid investigados por delitos sexuales y 38 víctimas

El peor año de la serie en lo que se refiere a delitos sexuales de menores contra menores cometidos en Valladolid fue 2021, con 13 agresores detenidos e investigados y 46 víctimas. Cifras que han puesto en guardia a los operadores jurídicos, si se tiene en cuenta que en 2018 tan solo se registraron dos detenciones por delitos contra la libertad sexual protagonizados por adolescentes.

En este primer trimestre del año 2023 que todavía no ha terminado se habría registrado un nuevo pico de incidencia en los atestados policiales de la capital. En concreto, se habrían producido hasta 16 intervenciones de agresiones sexuales de menores y jóvenes menores de veinte años en tan solo 20 días, según fuentes policiales, aunque habrá que esperar a la estadística oficial de Interior respecto de los tres primeros meses del año.

El caso más reciente de los registrados en los atestados policiales es el de un joven de 18 años sobre el que llovieron varias denuncias de agresiones sexuales después de que una menor le acusara de intentar introducirla en un aseo de un bar de la calle Paraíso el pasado 11 de marzo para mantener relaciones sexuales no consentidas. El denunciado finalmente fue exonerado de una de las acusaciones, pues los hechos relatados por una de las chicas, ocurridos el 1 de noviembre de 2021 cuando él tenía 17 años habrían prescrito, de forma que la Fiscalía de Menores promovió el archivo de esa denuncia.

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid fue el encargado de tramitar las diligencias por las denuncias presentadas por dos de las chicas con las que el presunto agresor sexual no mantuvo relaciones de pareja, mientras que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha investigado las denuncias que presentaron dos de sus exnovias, con quienes había salido varios meses cuando él contaba 17 años. Por eso una de estas denuncias también fue derivada a Menores, mientras que el destino de la cuarta todavía está por decidir por el juez especializado en violencia de género. Inicialmente fueron tres las chicas, de edades comprendidas entre los 16 y 17 años, quienes pusieron en conocimiento de la Policía Municipal de Valladolid los hechos contra su libertad sexual, presuntamente cometidos por el denunciado en el último año y medio.

Jueces de Menores de toda España, en las jornadas anuales que este año se han celebrado en Burgos, expresaban su preocupación por el aumento de la violencia sexual entre la población menor de edad. La jueza de Menores y juez decana de Burgos, Blanca Subiñas, que presentó las conclusiones de las jornadas en la que han participado más de una veintena de jueces especializados, se hizo eco del desasosiego que existe en la jurisdicción de Menores porque el número de niños y adolescentes infractores en delitos sexuales «ha crecido de forma importante y se constata lo que dicen las estadísticas, fundamentalmente a partir de las memorias de la Fiscalía General del Estado», informa Aythami Pérez Miguel. Según el registro del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos cinco años (2017-2021) ha aumentado un 83,45 el número de menores condenados por delitos sexuales en España.

La magistrada Subiñas puntualiza que la delincuencia sexual de adolescentes «no es equiparable» a la cometida por adultos. De ahí surge la preocupación de los jueces de Menores de España por el registro de agresores sexuales. Cuando un menor de edad comete un delito contra la libertad sexual pasa a formar parte de un registro de agresores sexuales y la inscripción en el mismo perdura por diez años. «Nos encontramos con personas que están en periodo de formación de su personalidad y en periodo de elegir su futuro profesional. Estar inscritos en estos registros les impide desarrollar determinados estudios y trabajos. Sí, han cometido un delito de tipo sexual, pero, insisto, los delitos de tipo sexual que cometen los adolescentes tienen poco que ver con los delitos sexuales de adultos», remarcaba Subiñas. La mayoría de los jueces de menores coinciden en que se debería dejar a la determinación judicial, a la decisión del juez informada por técnicos, psicólogos y fiscales, cuánto tiempo y qué menores deberían estar en el registro de agresores sexuales tras una condena.

Les preocupan también las conductas antisociales en materia de sexualidad cometidas por menores de 14 años, que son inimputables desde el punto de vista penal. Niños que atentan contra la libertad sexual de otros niños por debajo de los 14 años. Estas conductas preocupan y los juzgados de Menores infractores son para mayores de 14 años. «Entendemos que debe haber una intervención con este tipo de conductas. Incluso una intervención que pueda tener algún tipo de control judicial, pero creemos que el proceso penal del menor no es adecuado para tratar a este tipo de menores. Ello no quiere decir que no tengan que tener un tratamiento específico», apuntaba Cubiñas.

Estas conductas que escandalizan por lo que significan, «no son tan habituales como podemos pensar», remarca la jueza decana de Burgos, pero sí es cierto que en los últimos años han incrementado, apunta, por factores como «la defectuosa educación sexual, la hipersexualización y el acceso que tienen los menores a la sexualidad que es a través de las redes y la pornografía».

El pasado diciembre, la Policía Nacional de Valladolid registraba la agresión sexual a una adolescente de 15 años en el acceso a un garaje del número 3 de la calle Goya, en un edificio contiguo al supermercado Dia y a escasos metros del paseo de Zorrilla. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 18:00 horas, cuando la Policía Municipal se presentó en la calle Goya tras un aviso en el que se alertaba de una posible agresión sexual «en manada» a una chica «por parte de seis jóvenes» en los recovecos de la puerta de entrada al número 3. La denuncia se interpuso finalmente contra dos de los menores y uno de ellos no tenía 16 años. Los otros eran, al parecer, inimputables.

Para Subiñas, «la justicia de menores es el ámbito idóneo para que se ponga en marcha la justicia restaurativa». En casos no muy graves, en los que no ha habido violencia o intimidación, trata de aplicar otro tipo de soluciones del conflicto que no sea acudir a juicio. Pero, en contrapartida, el menor hace algún tipo de obra restaurativa a favor de la sociedad para reparar el daño causado.

Las jornadas de jueces de Menores también han servido para poner de manifiesto que los menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) son mucho más vulnerables a cometer actos delictivos. Por ello, se ha reflexionado sobre la necesidad de un tratamiento específico de este tipo de menores que vaya más allá del tratamiento farmacológico. Subiñas habla de un tratamiento a nivel de la comunidad, de la familia, persona, psicopedagógico que permita educar de forma adecuada para que se incorporen a la vida adulta con normalidad plena.

La prevalencia del TDHA en la población reclusa habla de que uno de cada cuatro reclusos pudo haber sido diagnosticado porque presentaba ítems compatibles. «Es importante desde la jurisdicción tratar de forma adecuada a estos menores», ha remarcado Subiñas.

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