El Gobierno recibe el suelo para la Ciudad de la Justicia y tiene ocho años para levantarla

Este pasado 18 de septiembre, el Ministerio de Hacienda remitía la orden, de fecha 31 de julio, por la que se acuerda aceptar esos suelos del colegio El Salvador y parte del aparcamiento de la antigua residencia Río Hortega, colindante con el centro educativo. El acuerdo definitivo se ha rubricado este mismo miércoles. Ahora le toca mover ficha al ministro Félix Bolaños.

En ese documento, se deja claro que el plazo total para la ejecución de esta demandada infraestructura, con la que se busca acabar con la dispersión de los servicios en diferentes espacios de la capital, será de ocho años desde la firma del acta de entrega de ambas piezas. En el caso de que no se ejecutara, estos terrenos revertirían al Ayuntamiento.

Las dos parcelas, con una superficie total de 10.521 metros cuadrados, se obtuvieron de dos maneras. El colegio El Salvador fue comprado por la Administración municipal a la Sareb por 8,3 millones de euros en 2021, cuando Óscar Puente estaba al frente de la Alcaldía. En el caso del aparcamiento sanitario, se le permutó a la Tesorería General de la Seguridad Social por un espacio para viviendas junto al centro de menores Zambrana.

¿Y a partir de ahora qué? Pues el ministerio tendrá que espabilar para cumplir con su compromiso. El pasado mes de junio, el subdelegado del Ejecutivo en la provincia, Jacinto Canales, aseguraba que Justicia estaba esperando a que se formalizara la entrega de la superficie para iniciar cuanto antes una dotación valorada en 80 millones de euros. Ahora, Madrid ya la tiene y el año 2032 es el plazo máximo para que abra sus puertas. El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, se ha mostrado satisfecho por culminar esta tramitación «con agilidad, gracias la gestión del equipo de Gobierno», al tiempo que subraya que los de Pedro Sánchez ya «no tienen excusas» para no arrancar con el proyecto.

El edil confía en que el proceso comience con la convocatoria de un concurso de ideas en el que se cuente «con los mejores equipos de arquitectos de España» al ser la plaza de San Pablo un espacio sensible por su centralidad y valor histórico para la ciudad.

El diseño de esta futura sede, que unificará en un único inmueble los juzgados repartidos ahora entre Angustias, la plaza del Rosarillo, Nicolás Salmerón, San José y Hospital Militar, además de la clínica forense de Doctor Cazalla, será un primer paso al que seguirá la demolición del colegio para iniciar la construcción de un edificio de nueva planta. El Palacio de la Audiencia Provincial seguiría en servicio, según se apuntó en su momento. Además, está prevista la construcción por parte del Ayuntamiento de un aparcamiento de 200 plazas a pie de calle en la parte trasera de El Salvador para compensar el espacio actual para coches que se eliminará con la nueva edificación.

Desde 2006 lleva hablándose de este campus. Con León de la Riva como alcalde se tomó la decisión de llevarlo a una parcela entre Villa del Prado y Girón a cambio de que el ministerio cediera al Ayuntamiento el edificio de los Juzgados de Angustias. En 2011, llegó a presentarse un proyecto del arquitecto Primitivo González para ese inmueble, pero esa permuta no llegó a formalizarse.

Cuatro años después, en 2015, PSOE y Toma la Palabra llegaban al Gobierno de la ciudad y daban un viraje total al planteamiento del PP. Sacar del centro estos servicios supondría un varapalo enorme para la actividad de esta zona de la capital, ya tocada con la salida de la Agencia Tributaria a Villa del Prado y de la Seguridad Social a la Ciudad de la Comunicación, según argumentaban. Comenzaba así una larga operación urbanística, con cambios de estrategia incluidos, que culminaba con la compra del centro educativo y la permuta con la Seguridad Social.