Valladolid

Acuerdo unánime del Ayuntamiento para desbloquear la Ciudad de la Justicia después de 18 años

«Es una gran noticia para la ciudad» y «una buena noticia para este Ayuntamiento, que termina ya cualquier fase administrativa» en relación a este asunto, ha sentenciado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona. El edil ha dejado claro que ahora «es el Ministerio de Justicia el que tiene que comunicar su aceptación, confirmar ese acta de entrega, y a partir de ahí el recorrido ya no está en nuestra mano».

Que el campus judicial reciba el empujón definitivo no parece un problema a tenor de las últimas declaraciones del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, que hace unos días anticipaba que en cuanto reciba la documentación, el macrodepartamento que dirige Félix Bolaños «comenzará de inmediato el proceso administrativo para sacar a licitación la redacción del proyecto y su adjudicación» con el fin de empezar a construir, nunca antes de 2025, un complejo judicial para el que se prevé una inversión inicial de 80 millones de euros.

Esa cantidad fue avanzada el 20 de diciembre de 2022 por la entonces subsecretaria de Justicia, María Sánchez Hernández, tras la firma de un protocolo con el exalcalde y hoy ministro de Transportes Óscar Puente en el que se definían los plazos, el presupuesto y los pormenores de las cesiones de parcelas. La meta era iniciar los trabajos este mismo año de 2024, una fecha que se ha visto superada por los acontecimientos.

De hecho, el principal reproche que ha hecho el PSOE a la coalición PP-Vox es que «han tardado un año en traer este asunto al pleno», algo en lo que han incidido los concejales socialistas Juan Carlos Hernández y Luis Vélez. Zarandona se ha defendido de estas acusaciones argumentando que «se habían cometido errores en la tramitación» por parte del anterior equipo de gobierno que hicieron que «la inscripción en el inventario municipal no pudiera estar terminada hasta noviembre de 2023».

«Es entonces cuando se escribe al ministerio diciendo que estamos en condiciones de ceder estas parcelas y se les aporta el documento de cesión para que puedan darle el visto bueno», ha continuado su relato el responsable de Urbanismo, quien ha manifestado que recibieron «la callada por respuesta» hasta febrero de este año, y que hasta el pasado mayo «y ante nuestra insistencia» no lograron reunirse «con el subdirector de patrimonio del Estado y acordamos que la cesión se podía llevar al pleno».

En esto mismo había insistido Irene Carvajal, primera teniente de alcalde y delegada de Educación y Cultura, durante su defensa de la propuesta de resolución conjunta de PP y Vox en la que ambas formaciones pedían «apoyo firme y decidido para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad lo antes posible», que pese a los reproches cruzados también ha salido adelante con el apoyo de los cuatro grupos del Consistorio.

En este sentido, Carvajal ha afeado a sus predecesores en el Gobierno municipal –PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP)– que, «saltándose su propio Plan General de Ordenación Urbana para la adquisición de sistemas generales a coste cero», decidieran comprar el suelo del colegio El Salvador por 8,3 millones de euros el 30 de junio de 2021. En ese momento, según recordó, «se estaba tramitando el Proyecto de Actuación del sector discontinuo Antiguo hospital, colegio El Salvador y finca Zambrana», que «se aprobó definitivamente el 2 de marzo de 2022» y que hubiera permitido hacerse con los terrenos «sin pagar nada».

Ha habido otra propuesta de resolución derivada del Debate sobre el Estado de la Ciudad que ha gozado de unanimidad, promovida asimismo por la coalición que preside el alcalde Jesús Julio Carnero, ha sido respaldar el PERTE VEC III (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado) que presentará InoBat para su implantación en Valladolid. De esas ayudas depende que se instale en la capital la megafactoría de baterías de 32 gigavatios impulsada por la empresa eslovaca y por eso la portavoz popular, Blanca Jiménez, ha pedido al principal partido de la oposición que «haga lo posible para que las estructuras de los ministerios de Industria y Transportes puedan empujar para conseguir que ese PERTE se haga realidad».

Por amplia mayoría, por otra parte, ha salido adelante la reclamación del PP al Gobierno central de que la subvención nominativa a la Seminci se conceda «al mismo nivel que los festivales de San Sebastián, Sitges y Málaga», después de que se añadiera la petición del PSOE que se hiciera la misma exigencia a la Junta. Esos dos grupos han votado a favor, al igual que VTLP, mientras que Vox se ha abstenido.