Glovo en Valladolid acumula 2,2 millones en multas y cuotas impagadas a la Seguridad Social

La avalancha de sanciones por incumplir la norma y el encausamiento del CEO, Óscar Pierre, en un procedimiento penal, forzó el pasado lunes a la empresa a anunciar que incorporará a su plantilla a los alrededor de 15.000 empleados que tienen cuenta propia en la aplicación. Esto deja fuera a todos los que prestan el servicio de Glovo en la economía sumergida, puesto que es una práctica habitual que los titulares alquilen sus perfiles en la app a migrantes en situación irregular a cambio de un 30% de las ganancias, como denuncia el sindicato UGT y confirman los afectados. En Valladolid hay alrededor de 300 'riders' de la marca, en su mayoría de nacionalidad venezolana, de los que se estima que menos del 20% tendrían 'los papeles' en regla.

El ministerio que dirige Yolanda Díaz eleva hasta los 267 millones de euros el importe de las cuotas escamoteadas a la Seguridad Social en toda España, fruto de la falta de regularización de alrededor de 61.000 trabajadores en total. Glovo, fundada por Pierre en Barcelona en 2014, es propiedad desde la Nochevieja de 2021 de la multinacional alemana Delivery Hero, que la adquirió por 1.000 millones de euros. La Comisión Europea las investiga a ambas por posibles acuerdos contrarios a la competencia. Además la UE acaba de aprobar una normativa que regula el uso de algoritmos por parte de este tipo de plataformas digitales, con el fin de evitar abusos.

La Inspección de Trabajo ha llevado a cabo dos grandes actuaciones contra Glovo en Valladolid y tiene abierta una tercera. La primera de ellas se realizó entre el 4 de abril de 2018 y el 30 de abril de 2019, y se saldó 226.659 euros en actas de liquidación de las cotizaciones no abonadas de 192 repartidores. Además se levantaron otras actas por infracciones relacionadas con el empleo de extranjeros en situación ilegal que implicaron una sanción de 18.753 euros.

La segunda intervención de la autoridad laboral, según informa la Subdelegación del Gobierno en la provincia, se desarrolló entre el 1 de mayo de 2018 y el 11 de agosto de 2021. En ese periodo la Inspección detectó irregularidades que afectaban a 273 trabajadores de la compañía por un importe de 598.859 euros, y además impuso a Glovo una sanción de 1.289.475 euros. También detectó migrantes 'sin papeles' al servicio de la firma pese a carecer de autorización para trabajar, en concreto cinco y dos, lo que conllevó sendas multas de 50.005 y 12.502 euros, respectivamente.

Desde la aplicación efectiva de la 'ley rider' y hasta julio de este año 2024 la Inspección ha seguido investigando en Valladolid las prácticas no ajustadas a derecho de la plataforma de distribución, una labor que ha permitido descubrir nuevas anomalías en la relación laboral con alrededor de 200 mensajeros. Para saber en cuánto dinero se traduce habrá que esperar, puesto que se trata de operaciones que aún están en trámite. A expensas de conocer esa cantidad, lo acumulado hasta ahora suma 2.196.253 euros.