Exhuman un cadáver en Valladolid para comprobar si le habían robado sus dientes de oro

Sin embargo, sus hijas, dos hermanas, ambas residentes en Bilbao, han estado durante todo este tiempo dando vueltas y vueltas a la cabeza a que su padre «tenía un rictus raro» cuando se despidieron de él, antes de darle sepultura, sin saber que el descolgamiento de mandíbula o la mueca torcida es «muy frecuente cuando se trata de ancianos», indicaron fuentes jurídicas. Pero, sin conocimientos forenses, sospechaban las herederas que a su progenitor le habían extraído, antes o durante el proceso de las pompas fúnebres, varias piezas dentales de oro porque «tenía la cara doblada». Pero no fue hasta que se enteraron del caso del supuesto 'cambiazo' de los ataúdes cuando se armaron de valor y decidieron realizar una solicitud judicial para que se exhumaran los restos mortales de su padre, con el fin de constatar si se había producido o no un delito, además de la sustracción del oro, de profanación de cadáver.

La comisión judicial, primero, valoró que los restos mortales, una vez desenterrados, fueran trasladados a la morgue para realizar la comprobación. Pero, dado el tiempo en que el cadáver había estado bajo tierra, seis años, los expertos en medicina legal apuntaron que tal vez no fuera necesario el traslado del cuerpo completo, como así ocurrió. In situ se examinó la calavera, que ya estaba desprendida del cuerpo y se comprobó que el fallecido, para tranquilidad de sus deudos, mantenía en su sitio toda la dentadura, incluidas las ocho muelas de oro.

Así que, a la vista de que el fallecido había sido enterrado como Dios manda, se le volvió a dar sepultura por segunda vez. Todo el procedimiento duró aproximadamente una hora. Solo le queda al Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid completar el expediente con algunos flecos que restan y dictar el auto archivo.

Tras la psicosis destada en Valladolid por el 'cambiazo' de los ataúdes, que llevó a decenas de familias a apuntarse en la lista de la policía para integrar la acusación como perjudicados en la causa, esta es la primera secuela colateral de la denominada operación Ignis, que estalló el pasado mes de enero como resultado de la investigación policial por la supuesta sustitución de unos seis mil ataúdes destinados a la incineración en el crematorio de la necrópolis de Santovenia por otros de menor calidad durante un periodo de veinte años. Una causa compleja que está en proceso de instrucción judicial desde entonces y en la que se investiga a una veintena de personas, empleados y familiares vinculados al grupo funerario Parque El Salvador fundado por el empresario Ignacio Morchón, principal investigado en el procedimiento.