Valladolid

Los funcionarios de Muface con sanidad pública ya son el 50% más que en 2010

El hecho de que la primera licitación quedara desierta y que haya sido necesario repetirla y subir el 41,2% las primas para garantizar su continuidad ha puesto en cuestión un modelo que hunde sus raíces 50 años atrás, en 1975. Un sistema en el que quedan integrados obligatoriamente determinados empleados de la Administración desde el momento que aprueban las oposiciones. La mayoría son docentes, en torno al 80%, pero también hay policías nacionales y personal de prisiones, de la Agencia Tributaria, de Correos o de los ministerios, por ejemplo.

Cada año, generalmente en enero, Muface ofrece a sus titulares dos posibilidades a la hora de acudir al médico. Pueden optar por la sanidad pública, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), o bien decantarse por la atención privada a través de alguna de las aseguradoras con las que el Gobierno central concierta el servicio. Son una amplia mayoría los funcionarios que eligen esta segunda posibilidad, pero no es menos cierto que cada vez hay más que se pasan a Sacyl o al organismo equivalente en cada autonomía.

Se trata de una tendencia clara en el conjunto de España, que también se observa en el caso de Valladolid y que se ha ido acentuando gradualmente, a la vista de las estadísticas. En 2010 (el dato más antiguo disponible) eran 4.004 los mutualistas de la provincia que estaban adscritos al INSS, el 16,5% de los 24.218 que había en total. Quince años más tarde esa cifra había subido el 50% hasta alcanzar los 6.050, y su peso sobre el monto global era el doble: representaban el 30,2% de los 19.997 funcionarios contabilizados a 31 de diciembre de 2024.

Cuando se ha indagado sobre los motivos, la explicación ha sido distinta según quien contestara. Mientras que desde Muface lo han atribuido a la incorporación de un gran número de funcionarios de las escalas superiores (grupos A1 y A2), que escogen la sanidad pública porque tienen capacidad económica para pagarse a la vez un seguro privado, desde el sindicato CSIF lo achacan a la menor calidad de la prestación debido a la infrafinanciación. Algo que tiene como consecuencia una reducción de los cuadros médicos y un aumento de la demora a la hora de conseguir cita.

Sea como sea, lo cierto es que hace quince años colaboraban con la mutualidad estatal Adeslas, Asisa, Igualatorio Cantabria, DKV Seguros y Sanitas BUPA Internacional. El año pasado eran Adeslas, Asisa y DKV. Y de cara al nuevo periodo de programación 2025-2026 la oferta se limita a solo dos: Adeslas y Asisa. Por eso nada hace pensar que la situación vaya a revertirse, al contrario: en enero, el momento en que los empleados públicos pueden decidir si se quedan como están o cambian, se produjo una fuga de 45.000 de ellos en todo el país (no se han ofrecido cifras provincializadas) hacia la modalidad pública.

El hecho de que finalmente la alemana DKV se haya caído de la licitación, por otra parte, ha dejado en el aire la asistencia de 201.318 personas, de las que 5.528 se encuentran en Valladolid. Son empleados de la Administración y familiares directos suyos que seguirán recibiendo la asistencia con normalidad hasta que entre en vigor el nuevo contrato, previsiblemente en abril. A partir de ahí dispondrán de un mes para decidir si se cambian a otra aseguradora o al INSS, y si no hacen ningún movimiento Muface les adscribirá 'de oficio' a la Seguridad Social.

Precisamente esto es lo que defiende la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en un informe reciente ha abogado por que Muface sea voluntario y los funcionarios que se estrenan como tales entren a la sanidad pública directamente. La institución detecta ineficiencias en el modelo y recuerda que el 72% de los mutualistas ya rechazan a las aseguradoras privadas. Una postura que coincide con la que defendió en su día el ministerio del ramo, con Mónica García al frente.