Castilla y León
La crisis de Muface afecta a la sanidad privada de 77.000 funcionarios y sus familias
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La crisis de Muface afecta a la sanidad privada de 77.000 funcionarios y sus familiasLa Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es el sistema de aseguramiento público que hace posible el acceso a la sanidad de este ... tipo de empleados, que obligatoriamente se integran en la entidad desde el momento en que aprueban la oposición y son nombrados. A la hora de acudir al médico tanto ellos como sus familiares (en el caso de que quieran incluirlos) pueden elegir entre la asistencia pública, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la privada, que se presta mediante conciertos con aseguradoras.
Esta última modalidad está siendo atendida actualmente por Adeslas, Asisa y DKV, mediante un contrato que caduca el 31 de diciembre de 2024. El problema ha surgido a la hora de intentar renovarlo para los ejercicios 2025 y 2026. Este 5 de noviembre terminaba el plazo para presentar las ofertas y, a pesar de que el Gobierno elevó la cuantía el 17%, ninguna de las tres se ha presentado a la licitación. Tampoco lo ha hecho ninguna otra empresa del sector, lo que ha dejado desierto el concurso por primera vez en la historia.
Muface, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se ha apresurado a asegurar que «iniciará los trabajos para una nueva licitación». Pero entre tanto, la crisis del organismo autónomo deja en el aire la sanidad privada de 1.080.394 titulares y beneficiarios de un total de 1,5 millones de afiliados a la mutualidad en toda España (hay 457.307 a los que no les afecta porque están adscritos al INSS). Y abre el debate sobre un eventual colapso si tiene que asumirles el sistema público.
En Castilla y León hay un total de 110.136 funcionarios del Estado y parientes suyos (fundamentalmente cónyuges e hijos) integrados en Muface. De ellos 33.454 habían optado por el INSS en 2023, último año del que el departamento que dirige Óscar López proporciona datos. Esto supone que los casi 77.000 restantes –para ser exactos, 76.682–, son los que se verían directamente concernidos en la región por la falta de renovación del convenio. Por aseguradoras, 39.911 estaban en Adeslas, 18.800 en Asisa y 17.971 en DKV.
La distribución de los datos por provincias revela que Valladolid es la provincia de la comunidad autónoma con más mutualistas, en concreto 22.255, o lo que es lo mismo, dos de cada diez. De esta cantidad 6.809 acceden a cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud a través de Sacyl, mientras que el 69,4% restante los reciben de Adeslas (6.605 personas), Asisa (2.869) y DKV Seguros (5.972).
La lista autonómica se completa, por este orden, con León (18.471 afiliados, de los que el 68,7% eligen una de las tres aseguradoras), Ávila (17.187 y el 81,3%, el porcentaje más elevado de la región de mutualistas que prefieren la modalidad privada), Salamanca (17.059 y el 66,2%), Burgos (10.921 y el 58,2%), Zamora (7.084 y el 681%), Segovia (6.692 y el 68,9%), Palencia (6.034 y el 72,2%) y Soria (4.433 funcionarios y familiares, de los que el 70,6% acuden a Adeslas, Asisa o DKV).
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas y entidades del sector sanitario y sociosanitario de España, ha atribuido el hecho de que el concurso de Muface haya quedado desierto a «la insuficiencia económica» de la licitación. De ahí que inste al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a tramitar «un nuevo concurso» con una cuantía «que facilite la participación de las compañías aseguradoras y, por tanto, la continuidad del modelo». En este sentido, advierte de que esta fórmula mixta «ha permitido, durante décadas, garantizar la cobertura y el acceso a la sanidad privada para 1,5 millones de personas, aliviando la carga asistencial para el Sistema Nacional de Salud y permitiendo a los usuarios ejercer su derecho de elección». Y recuerda que »el 70% de los funcionarios de Muface elige de forma voluntaria recibir su atención médica a través de la sanidad privada, valorando especialmente su calidad y accesibilidad». El IDIS incide, asimismo, en que Muface «reduce la presión asistencial en el sector público y evita el incremento de las listas de espera para consultas externas en un 266%, consultas quirúrgicas en un 115% y más de cinco millones de visitas en Atención Primaria». Y no solo eso, sino que «facilita el control del gasto y genera ahorro al sistema sanitario», puesto que «la prima media propuesta para los dos años siguientes alcanzaría los 1.208 euros –frente a los 1.736 del régimen general–, el 43% menos».
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