La Fiscalía abre una investigación sobre los casos de ceguera del Ala Octa

Ahora el caso vuelve a abrirse en otra dirección, la de posibles responsabilidades penales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre los posibles casos de pérdida de visión causados en pacientes por el uso del fármaco Ala Octa en operaciones de cirugía de retina.

En un comunicado, la Fiscalía informa de que tramita diligencias preprocesales sobre responsabilidad sanitaria en defensa de los consumidores y usuarios a los que «con motivo de cirugía de retina les fue suministrado el producto Ala Octa (Perfluoroctano), causándoles efectos adversos de pérdida de visión».

El ministerio público responde así a la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente, que exponía la situación de indefensión y desprotección de los pacientes de los servicios sanitarios a los que se les aplicó tratamiento con el referido medicamento en intervenciones de retina.

Según la Fiscalía, estas diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad sanitaria tanto a las entidades como a las empresas que resultasen causantes de los daños ocasionados a la salud de la personas. Para ello, necesitan concretar el «alcance y entidad» de los hechos denunciados ante la Fiscalía.

Entre las primeras diligencias, el fiscal ha pedido a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que remita un informe sobre si el producto en cuestión contaba con marchamo CE, fecha en la que se tuvo conocimiento de los efectos adversos y fecha de la alerta sanitaria.

También pide información de las deficiencias detectadas en la fabricación y control, identificación de los efectos adversos, numero total de pacientes afectados y centros sanitarios con distribución por comunidades, así como datos identificativos de las empresas fabricantes y comercializadoras en España.

El despacho de abogados Gómez-Menchaca defendió los intereses de Amaya Gil Sendino y Rafael Martínez Minguélez en 2019 en Valladolid. Ambos afectados reclamaban 200.000 euros y hubo casos del pago por este tipo de lesiones de 307.808 euros en el de una clínica privada madrileña; pero también de solo 25.000 en el del Servicio Cántabro de Salud.

Las sentencias establecieron sólo una compensación de 40.000 y 50.000 euros para los afectados y consideraron responsable al Río Hortega por aplicar el producto en las cirugías. Nunca han visto el dinero, aún esperan. Sí lo recibieron doa afectados anteriores.

Explica Amaya Gil que «nos sentimos totalmente abandonados por todos. Nos han destrozado la vida, yo no veo nada por un ojo; aunque lo conservo al menos estéticamente, y en el otro tengo ocho dioptrías supongo que lo sobrecargo. Llegamos al Supremo que nos dio la razón pero en parte porque consideraba que Sacyl no era responsable pero sí la AEMPS y el laboratorio alemán. Y ahí quedó todo. Sin más. Se han reído de nosotros. También los políticos, nos prometieron una solución y apoyo, primero el PP luego Ciudadanos y nada. Ni siquiera moralmente nos han resarcido».

El abogado, Carlos Gómez-Menchaca, explica que «es una gran noticia que se vuelva al caso. Ya era hora. Sacyl no era culpable de la toxicidad pero si responsable de utilizar un producto contaminado, la AEMPS de los fallos de control, el laboratorio alemán de lo mismo y fabricarlo... y aquí no se han pedido responsabilidades. Ahora esta nueva vía abre ese camino, a nivel penal. La Fiscalía estudiará a ver si puede constituir delito de carácter penal. Nos satisface enormemente porque estamos preocupados porque no han pagado aún las indemnizaciones, no lo asumen y la justicia debería perseguir también al laboratorio. Esto que hacen en Alemania de declararse en quiebra para no asumir responsabilidades y pasarse a otro laboratorio es inaceptable». Explica asimismo Gómez-Menchaca que «aunque la indemnización a los afectados es ya algo cerrado, podría reclamarse por daño moral. Tienen derecho a personarse en el procedimiento».

El doctor José Carlos Pastor, entonces director del IOBA (Instituto de OftalmoBiología Aplicada), con sede en Valladolid, al frente del cual continúa como emérito, lamenta que, al final «no se hayan depurado responsabilidades. Seguimos esperando que al menos se enjuicie al responsable que sigue dando conferencias sobre la toxicidad de su fármaco sin que se le hayan pedido cuentas. Las administraciones sanitarias tenían que haberse puesto en contacto con los pacientes y haberlos indemnizado y compensado de forma inmediata sin que hubieran tenido que recurrir a los juzgados. Les ha faltado justicia y amparo». Las investigaciones del IOBA confirmaron el daño del producto y lograron finalmente, este año, provocar un cambio en la regulación.

El perfluoroctano de Ala Octa se relacionó en 2015 con cinco pacientes intervenidos el año anterior con ceguera y con un sexto en el que fue posible una reintervención quirúrgica. Todos en el Río Hortega, tal y como confirmó entonces la Consejería de Sanidad. El producto, destacó, solo fue utilizado en dicho hospital y lo emplearon cuatro oftalmólogos diferentes; aunque uno de ellos lo usó sin registrar incidente alguno.

El Ala Octa contaminado, según informó Sacyl entonces, llegó a algún otro hospital de la comunidad pero fue retirado tras la alerta remitida por la Agencia Española del Medicamento el día 26 de junio de 2015, en la que se ordenó el cese y retirada del mercado del mismo.

Según la última actualización de la AEMPS, de 15 de julio de 2016, el número de casos notificados y en investigación en España eran 116 en 28 centros sanitarios españoles de 13 autonomías; pero luego se hicieron públicos algunos más y se llegó a hablar de al menos 120. Las comunidades donde se notificaron incidentes son Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.