«Que materialmente no lo hicieran no implica que no fueran ellos quienes dieran las instrucciones». La fiscal del caso PGOU, Ana Valle, ha resumido este miércoles casi dos semanas de juicio en una sola frase. «No fue un error, sino una manipulación deliberada», una ... alteración del documento «grave y de relevancia económica». El ministerio público ha sostenido en su informe final que el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, y los técnicos Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita Gervás «controlaban y sabían lo que se hacía en la Concejalía». Porque esas alteraciones «conscientes» de la principal herramienta de planeamiento urbanístico de Valladolid que entró en vigor en 2004 «coincidieron con las pretensiones de algunos promotores que habían realizado alegaciones con anterioridad, alegaciones que fueron desestimadas por el Ayuntamiento y que, después de estas modificaciones, se estimaron».
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¿Cómo se realizaron? Pues la fiscal sostiene que García de Coca y sus colaboradores más directos tomaron el control de la Concejalía de Urbanismo y los técnicos redactores de la primera versión del PGOU fueron relegados, «precisamente en la recta final y cuando más trabajo había» en el departamento, para que no tuvieran constancia de los cambios interesados que se iban a añadir en determinados planos y artículos del documento que favorecían desarrollos urbanísticos en determinadas parcelas de la Avenida de Madrid, Arca Real o la antigua fábrica harinera de La Perla. Unos cambios que no tenían nada que ver con los suyos.
Los acusados habrían aprovechado que la Junta había condicionado la aprobación definitiva del Plan a la subsanación de algunos errores y que había ampliado el plazo para corregirlos, para colar esas modificiaciones interesadas. La representante del ministerio público se ha referido, en concreto, a que el coordinador técnico y arquitecto municipal durante décadas, Luis Álvarez Aller, hizo dos llamadas a Inzamac, la empresa contratada por el Ayuntamiento para elaborar la memoria del plan y realizar los planos, para que se modificaran los expedientes de la Avenida de Madrid y la parcela de Cáritas.
Carlos Castro ha incidido en que durante años se han estado aplicando en la ciudad las prescripciones urbanísticas de un Plan General «que no ha aprobado nadie»
Sostiene que además, a los promotores interesados se les habría indicado que volvieran a presentar las alegaciones que en su día les fueron desestimadas por el Ayuntamiento. Entonces sí, con el PGOU amañado, sus pretensiones salieron adelante y esta manipulación habría posibilitado ciertos pelotazos urbanísticos en pleno boom de la construcción, de millones de euros, como ha puesto de manifiesto después la acusación popular, que representa a la Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Valladolid 'Antonio Machado' durante su extenso alegato final.
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Para ambas acusaciones, además de la responsabilidad política que han centrado en el entonces concejal de Urbanismo, ha sido muy destacado el papel del arquitecto Luis Álvarez Aller quien, si bien tenía autorizada la compatibilidad con su cargo municipal de otras actividades profesionales en la provincia, han llamado la atención sobre su «vinculación» con familias del sector inmobiliario que se habrían beneficiado de la manipulación del PGOU. «Ha sido el perejil de todas las salsas», ha indicado el abogado Carlos Castro. El tercero de los acusados, el fucionario Modesto Mezquita, como director de Planificación, habría informado o dado el visto bueno a dictámenes relacionados con el documento alterado.
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La fiscal ha concluido su alegato indicando que los acusados «han actuado por la vía del hecho, con acuerdos injustos y arbitrarios, porque han antepuesto otros intereses a los intereses públicos, han frustrado que la voluntad de los concejales se hiciera valer y lo han hecho de forma intencionada, manipulando la legalidad vigente».
Aunque ha pedido al tribunal un veredicto de culpabilidad para los tres acusados respecto de los delitos de falsedad en documento, prevaricaciones administrativas y urbanísticas y delito contra el patrimonio (por el derribo del inmueble protegido de Bajada de la Libertad), si ha considerado que debe aplicarse la circunstancia atenuante de dilaciones en el procedimiento.
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Dilaciones indebidas
No lo ve así el abogado de la acusación popular, quien entiende que si el procedimiento se ha extendido en el tiempo (las actuaciones judiciales arrancaron en 2008 con la denuncia del Grupo Municipal Socialista) ha sido sobre todo por los recursos y contrarrecursos planteados por los propios abogados defensores en un complejo asunto en el que había, inicialmente, más de una docena de acusados.
Carlos Castro ha comenzado su detallada exposición de conclusiones finales con el argumento de que desde 2004, cuando entró en vigor el PGOU manipulado, se han estado aplicando en la ciudad unas prescripciones urbanísticas basadas en un Plan General «que no ha aprobado nadie», porque las alteraciones que han sido objeto de este juicio «no fueron aprobadas por el Ayuntamiento ni la Junta». Para el letrado, se ha producido una vulneración de la voluntad política del pleno de la Corporación municipal, «con una voluntad deliberada de cambiar lo aprobado en el pleno porque alguien se iba a beneficiar con ello, no hay otra explicación».
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El juicio del PGOU quedará mañana visto para sentencia tras la exposición final de los letrados de la defensa.
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