«Faltan medios para atender a las víctimas de violencia de género»

En este apartado, es el delito de maltrato ocasional el que más se repite, seguido del quebrantamiento de medida cautelar y/o condenas, las amenazas y el maltrato habitual. Además, han aumentado en un 10% el número de sentencias en Castilla y León, al haber pasado de 1.760 en 2022 a 1.939 el año pasado. Las absolutorias se cuantifican en 379, mientras que las condenatorias alcanzan las 909, el 20,7% más que en 2022. El documento también recoge la adopción de medidas de protección sobre las mujeres. Por ejemplo, los dispositivos telemáticos de control o pulseras electrónicas han ascendido el 57% en un año. «Hay grupos que hablan de que sobran medios, que hay chiringuitos, pero la realidad es que faltan medios personales para atender a las víctimas», ha expresado Mena.

Por ello, ha pedido a los parlamentarios que tengan estos delitos «en el foco». También ha destacado que las unidades de evaluación integral están infradotadas, lo que supone un retraso en algunos asuntos. «De hasta nueve meses. Un riesgo de revictimización de las mujeres que han sufrido violencia machista», ha añadido.

Otro de los puntos sobre los que ha centrado su intervención ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León han sido los delitos de odio. «Cuando se aprobó la Ley de la Violencia contra la Mujer en 2004, se trataba con incredulidad. Ahora está ocurriendo algo similar con los delitos de odio. No se creen y se les quita la importancia que tienen desde el punto de vista social». Dentro de estos supuestos se incluyen delitos que atacan por razón de sexo, ideología, raza u origen. «Se dice que afecta a pocos colectivos, pero cada vez se incrementa más y no solo afecta a grupos reducidos. Va a más y el nivel de ataque es de tal calibre que hace necesario tomar medidas o empezaremos matando al gorrión y acabaremos con todos los colectivos».

Mena ha destacado que reconocen delitos de odio y conductas «amparadas en banderas y colores», especialmente en los colectivos deportivos. «Surge una reflexión, sobre la violencia surgida alrededor del fútbol, que no será erradicada si las entidades deportivas, y los propios equipos implicados no toman las medidas contundentes para hacer efectivas las medidas cautelares adoptadas por los jueces», recoge el texto. «Quizá en este país somos tan garantistas que costaría convencer a la sociedad. Pero son conductas justificadas también por ciudadanos normales que sienten que se agrede a su equipo», ha matizado el fiscal superior.

Respecto al medio ambiente y el urbanismo, el fiscal superior ha destacado que desde el punto de vista de los incendios este «ha sido uno de los mejores años». Mena también se ha referido a los delitos de seguridad vial, donde se han reducido las situaciones relacionadas con la conducción bajo la influencia de alcohol y drogas, si bien sigue siendo la más habitual. También aumentan los atropellos por vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes eléctricos. «Desde la Fiscalía echamos de menos algo que ayude contra la publicidad engañosa, que también afecta a la adquisición de estos transportes. Muchas personas lo compran porque piensan que están a la última, pero no existe una ordenación legislativa a este respecto». El documento además incide en exigir desde la Fiscalía de Sala una reforma legislativa relativa a los vehículos que puedan coexistir o no en un mismo espacio vario, así como persecución a este tipo de publicidad.

Con los datos de la mano, Mena ha destacado que Castilla y León es un lugar seguro. «Con índices de conflictividad y criminalidad por debajo de la media nacional», ha aseverado. Respecto a otros delitos, también ha informado de que han aumentado un 4% los relacionados contra el patrimonio, o que las muertes por accidente laboral han aumentado, si bien se refleja que se han reducido un 15%. «Aquí tenemos problemas para registrar, a nivel informático, este tipo de delitos», ha expresado.