Ahora sí, 'habemus' juicio de la Perla Negra. Después de una jornada dedicada íntegramente a cuestiones previas, el pasado lunes, estas han sido desestimadas en la mañana de este lunes por parte del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Valladolid. Más ... de media hora de explicaciones por parte del presidente magistrado, Miguel Donis, quien ha detallado pormenorizadamente todas las cuestiones. Auto por auto y punto por punto, Donis ha abordado el recorrido de la nulidad de la macrocausa hace ahora dos años para terminar afirmando que todas las partes han recibido la causa tanto en papel como en formato digital. Por lo tanto no existe la indefensión.
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Asimismo, también desestimó la nulidad por dilación injustificada, aunque insistió en que ese aspecto podría ser un atenuante en una futura sentencia condenatoria. Rechazadas todas las cuestiones previas, algunas a abordar tras las vistas orales, en el macrojuicio se juzgan a cinco ex altos cargos de la Junta en la época del consejero Tomás Villanueva (fue investigado pero falleció durante la instrucción) y siete empresarios afines a la Junta por supuestos 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo en Arroyo de la Encomienda (hoy, inmueble de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo.
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El primer testigo en inaugurar las declaraciones (los doce acusados lo harán a partir del 11 de abril) fue Jesús Carlón Ordóñez, extrabajador de Gesturcal y uno de los que dio la voz de alarma de lo que sucedía, aunque matizó que no fue él la persona en dar traslado de los hechos a la Fiscalía General del Estado. A sus más de 80 años ha declarado por videoconferencia que hizo un escrito de «manera interna, que fue llegando a mucha más gente». «Gesturcal funcionó durante 40 años, hasta 2007. Después entraron personas que lo llevaron a la ruina. ADE se creó después para llevar el parque de Boecillo. En ADE había 36 trabajadores y todos eran familiares de políticos. Entraron a dedo. Después de un ERE solo quedaron ellos», ha afirmado Carlón, que pidió la baja «ante estas barbaridades» en 2008 porque «molestaba». «Desde entonces no he vuelto a saber más. Por ejemplo, el polígono de Portillo siempre me pareció un disparate. En Cuéllar, teníamos un polígono y la mitad estaba sin vender», ha añadido el ahora octogenario.
Aunque ha referido algún problema de memoria, tranquilizado por el presidente magistrado en mitad de su declaración, Carlón Ordóñez ha exculpado a Juan Carlos Sacristán, que ha propiciado el amago de intervenir del presidente del tribunal para evitar ese tipo de aseveraciones.
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Densas declaraciones de los testigos que han continuado con Pilar Manteca Barrio, vicesecretaria del Consejo de Administración de Gesturcal y con la función de asesoría jurídica. Una declaración más extensa y en la que ha asegurado que «nunca» estuvo sujeta a presiones de terceras personas. Y es que esta declaración ha puesto de manifiesto la larga instrucción del proceso con varias respuestas de «no lo recuerdo», «no me consta», «creo», que se entremezclaban con la búsqueda de la documentación, custodiada por el tribunal y que desde el fondo de la sala se atisba como varias montañas de archivos.
Más contundente fue al aclarar que el pliego de concesión para desarrollar el proyecto del edificio ADE, adjudicado a Urban Proyecta PM3, estuvo a punto de quedarse «desierto». «Esos precios estaban ajustados al pliego», ha recalcado.
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El macrojuicio continuará este martes con la declaración, entre otros, de Pablo Trillo Figueroa. En aquellos años era vicepresidente de la Agencia de Inversiones y Servicios cuando entró en el consejo de Administración de Gesturcal el 26 de diciembre de 2007. Asistió a todos los consejos de Administración de ADE hasta el 17 de diciembre de 2011. Entre otros cargos, Trillo fue vicepresidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y en 2005 fue nombrado secretario general de la Consejería de Economía y Empleo.
Fue uno de los primeros en advertir al presidente de la Junta por aquel entonces, Juan Vicente Herrera, de lo que sucedía con el edificio de la Perla Negra. Puso peros a las operaciones del edificio de Soluciones Empresariales y Portillo porque vio «irregularidades».
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