Valladolid

La explotación laboral se extiende en el mundo rural con migrantes de Sudamérica y Marruecos

Precisamente, esa mujer, sin vínculos familiares con el resto de arrestados y de origen marroquí, iba a abandonar la granja y sus 'jefes' le encargaron la búsqueda de personas que llevaran a cabo las mismas funciones entre el ganado. La 'contratación' de trabajadoras irregulares y las condiciones de explotación a las que eran sometidas constituía un procedimiento habitual en el actuar de clan familiar.

La explotación de la primera víctima data del año 2020, este 'modus operandi' resultaba muy rentable para la familia de Castrillo de Duero, pues el beneficio personal se elevaba exponencialmente al reducir los gastos y costes derivados de contratar trabajadores cumpliendo lo estipulado en la legislación laboral vigente.

Durante la investigación se confirmó también la situación de vulnerabilidad de las víctimas, marroquíes en situación irregular en España, sin domicilio ni estudios, careciendo de personas de confianza en el país, en muchas ocasiones desconociendo el idioma y las leyes vigentes, con cargas familiares en sus países de origen que les llevaba a tener que aceptar las condiciones impuestas.

Esa operación policial pone de manifiesto una realidad del mundo rural en Valladolid, y por ende, en el resto de Castilla y León. Grandes extensiones con explotaciones y fincas dedicadas a la ganadería y a la agricultura en la que los responsables se aprovechan de la situación de necesidad de migrantes. En ese parecer ahonda el inspector jefe de la UCRIF en Valladolid, Diego Sacristán. «Esas granjas suelen ser lugares bastante aislados, además se aprovechan de las víctimas, que suelen ser sudamericanos, marroquíes y rumanos», incide Sacristán desde las dependencias de la comisaría de Delicias.

Desde esas instalaciones, la Policía centra gran parte de las pesquisas. Un trabajo que no cesa y que les obliga a tener bien abiertos los ojos, en muchas ocasiones, delante del ordenador. Se centran en monitorear todas las ofertas de captación de nuevos empleados. Trabajamos principalmente con la colaboración ciudadana y el seguimiento de esas ofertas en Internet y las redes sociales», agrega el inspector jefe.

Anuncios, todos ellos, parcos en palabras y escasa información. «Les prometen poder regularizar su situación administrativa en España. En algunas ocasiones esa captación viene relacionada con el engaño. Su situación personal les obliga a determinar esas condiciones. Y en el campo son muy abusivas. Trabajan de lunes a domingo, con jornadas maratonianas que muchas ocasiones superan las 12 horas. Además, si están enfermos, tienen que trabajar. No tienen descansos ni derecho a vacaciones. Son trabajadores sin ningún tipo de derechos laborales», añade.

Este «mal endémico», como lo define Sacristán, lleva instalado en la provincia desde hace décadas, lo que ha derivado en un convenio de colaboración con Inspección de Trabajo. Son los encargados de acumular toda la información disponible para una intervención que termina con las personas explotadas en manos de asociaciones que velan por el cuidado y la reinserción de las víctimas. «Todos los años nos encontramos casos. No creo que hayan proliferado en los últimos años», manifiesta el responsable del área en Valladolid, quien incide y se sorprende ante la reacción de los presuntos explotadores. «Lo que nos choca es que estos empresarios tienen la sensación de que están prestando ayuda a esas personas necesitadas. Dicen, en muchas ocasiones, que les están dando 700 euros y alojamiento...», continúa.

La realidad en la capital cambia por completo. Sin granjas ni campo en el que trabajar, la explotación, según apunta la Policía, llega a sectores como la hostelería, talleres mecánicos y bazares de origen asiático.

Precisamente en la capital, en la plaza del Carmen en Delicias, existe desde hace más de una década un punto de encuentro de los denominados temporeros. Quedan todas las mañanas a primera hora del día (o última hora de la noche) para ser recogidos y trasladados al campo. «Suelen ser de origen marroquí. De ahí salen a muchas localidades u otras provincias para trabajar en el campo. Investigamos todo lo que se puede, pero muchas personas de ahí sí que tienen permiso de residencia y de trabajo en España. Puede ser que tengan dados de alta a equis trabajadores y luego cuenten con más en la zona en otra tipo de situación. Y eso dificulta las averiguaciones, porque es muy difícil localizar el punto exacto en el campo», manifiesta.

Aun así, desde esta unidad, agradecen la cantidad de situaciones que están llegando, de forma anónima, a los canales de comunicación de estas situaciones y ahondar en las investigaciones. «Agradecemos mucho esa colaboración ciudadana que nos llega a través de trata@policia.es y el número de teléfono 900 10 50 90», concluye Diego Sacristán.