«Después de ver varias pistas llegamos a la conclusión de que la superficie no valía para nada». Esa es la explicación esgrimida por el gerente de Sodeva hasta el verano de 2007, Alberto Sánchez Valdepeñas, para justificar la primera de las modificaciones del proyecto, ... aprobada cuatro meses después de ser adjudicada la construcción de las pistas de esquí a la empresa Corsan-Coviam y que incrementó el presupuesto fijado inicialmente en un 80%. El cambio llegó tras un viaje a varias pistas en Inglaterra al que asistió junto a algunos acusados y a representantes de la empresa contratista, que fue quien asumió los gastos.
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Así lo ha explicado a preguntas de la fiscal durante la segunda sesión del juicio por el despilfarro de Meseta Ski, quien ha cuestionado por qué no optaron por hacer uno nuevo y volver a sacar la licitación. «Se llegó a la conclusión de que no había modificación sustancial de la pista porque solo se cambió el material», ha argumentado frente a la cuestión planteada por el Ministerio Público, que ha incidido, al igual que el magistrado, en si no le «resulta sustancial» una ampliación de las dimensiones de «cerca de 3000 metros» y la prolongación del periodo de explotación de dos a ocho años por la misma empresa constructora. Un mecanismo que según las defensas estaba contemplado en las bases de la adjudicación ante posibles mejoras y que suponía una contraprestación por los tres millones que excedían del precio inicial.
La aprobación el Consejo de Administración del primer modificado no llegaría hasta el mes de noviembre y pese a ello las obras se iniciaron en julio con los primeros trabajos para la adecuación del terreno tras conceder el Ayuntamiento de Tordesillas una licencia «en precario», en aras de agilizar los trámites por el propio «interés» conjunto de Diputación y Consistorio, según ha revelado Emilio Álvarez, exalcalde de Tordesillas en el cargo hasta las Elecciones Municipales de 2007, también citado a declarar, que ha contado que llegaron a paralizar las obras tras abrir un expediente por un aviso de la Policía Local de que se estaban ejecutando trabajos que excedían dicha licencia, aunque finalmente se revolvió de forma favorable.
El exedil también se ha pronunciado sobre la recalificación de los terrenos pese a su uso forestal y ha asegurado que por parte del consistorio se desconocía en aquel momento que estos estuvieran afectados por un incendio. Sobre esta misma cuestión ha indagado posteriormente la acusación popular, que ha preguntado al exgerente sobre un informe contratado por Sodeva para evaluar el impacto ambiental en los terrenos en el que, según el letrado, constaba la existencia de un incendio que el testigo ha asegurado no recordar.
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La licencia definitiva tras la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Junta llegaría en enero de 2007, lo que para el exgerente dotaba de legitimidad las obras al entender que la concesión suponía que «estaba todo bien» y que no tenían «que hacer otro proyecto». Ante esto la Fiscalía ha recordado que la aprobación de la licencia se solicitó en base al proyecto inicial y que este no se correspondía con las obras ejecutadas.
Durante la vista también han testificado varios miembros del Consejo de Administración de Sodeva durante los años en los que tuvo lugar el proyecto, que han apuntado a que aunque Meseta Ski era una iniciativa de interés público, la forma de tramitación, a su juicio, fue irregular.
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El primero de ellos ha sido Alfonso Paneda, que pasó a formar parte del órgano directivo a propuesta del PSOE en 2006 y que ha recordado que votó en contra del proyecto tras presentarse en noviembre de ese mismo año la primera de las modificaciones, a instancias del presidente de Sodeva y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno. El modificado suponía que el proyecto pasara de cuatro a siete millones, por lo que justificó su oposición al entender que se producía una «variación tan sustancial» que suponía que «había que iniciar un nuevo proceso administrativo».
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Jenifer Santarén
A pesar de su voto en contra, al que se sumó el de la también exconsejera socialista Ana María Vazquez y la abstención de Salvador Arpa, diputado de Izquierda Unida, el primer modificado salió adelante por mayoría. Sobre este aspecto las defensas han apuntado a que la anulación habría implicado indemnizar a la contratista y que contaba con el visto bueno del equipo técnico.
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La abstención de Salvador Arpa pasó a ser un voto en contra tras someterse al Consejo de Administración el proyecto refundido de marzo de 2008, que superaba los 10 millones de euros y que tenía por objetivo unificar la propuesta inicial y los trabajos desarrollados. Sobre el mismo, Arpa ha recordado que contenía trabajos que se habían efectuado y que no venían especificados en el proyecto inicial, como la ejecución de una tirolina y que nadie compareció para explicarlo. Dos años después, en agosto de 2010, llegaría el tercer refundido con el Proyecto Regional tras la aprobación de la ley autonómica en las Cortes de Castilla y León. Sobre aquel momento ha recordado que no compareció casi ningún consejero y que nadie les explicó la urgencia de hacerlo en un mes inhábil, llegando a solicitar que se pospusiera.
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