Cuarta convocatoria del juicio contra la exedil popular de Bobadilla acusada de estafa

La primera suspensión se produjo el pasado 5 de diciembre de 2022, cuando tuvo que posponerse el juicio debido a que la encausada alegó ese mismo día una pérdida de confianza en su letrada; la segunda el 13 de febrero de 2023, cuando el tribunal sentenciador se vio obligado a suspender su celebración a solicitud de la acusación particular con motivo de la enfermedad de una testigo, y la última el pasado día 24 de mayo, en aquella ocasión motivada por la huelga de funcionarios.

La exconcejal, salvo contratiempo de última hora, ocupará el banquillo el próximo lunes para exponerse a una posible condena de tres años y seis meses de prisión, al pago de una multa de 2.700 euros y al abono, en favor de los perjudicados, de indemnizaciones que suman más de 1.000 euros, según la petición de la Fiscalía de Valladolid recogida por Europa Press. La acusación particular, por su parte, eleva la petición de condena hasta los seis años por delito continuado de estafa y, de forma subsidiaria, rebaja la pena a cuatro años y medio.

Los hechos se iniciaron en septiembre de 2019 a partir de una relación de amistad entre la acusada y la víctima, al llevar ambas al mismo colegio a sus respectivos hijos en Medina del Campo.

En esa relación de confianza, la perjudicada comentó a la edil que su madre y otras dos familiares habían heredado un piso que pretendían vender pero que no podían hacerlo al existir un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros respecto del que carecían de capacidad económica para levantarlo.

Fue entonces cuando, siempre según la tesis de la acusación pública, la acusada aseguró a su amiga que trabajaba en Hacienda y se ofreció a contactar con un alto funcionario del organismo para lograr que pagara la deuda de forma fraccionada, y para generar en la víctima una sensación de confianza también le dijo que era concejal en el Ayuntamiento de Bobadilla, circunstancia ésta que sí se ajustaba a la realidad.

De este modo, la víctima comenzó a realizar ingresos mensuales en una cuenta bancaria que Inés María F.S. le había facilitado, haciéndole creer que pertenecía a Hacienda, cuando en realidad era ella la titular de la misma. Así, entre el 12 de diciembre de 2019 y el 9 de julio de 2020 la citada cuenta recibió ocho ingresos por importe global de 1.000 euros, a los que también se sumaron tres transferencias bancarias que sumaban 9.972 euros.

Con posterioridad, la acusación pública sostiene que la edil, para intentar que la estafada y sus familiares no descubrieran el engaño, les explicó que en un principio la cancelación del embargo llevaría un plazo de unos dos meses, al tiempo que el 5 de noviembre de 2020 remitió a su amiga un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda en el que se aseguraba que su madre estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Ese mismo día también le hizo llegar un documento que aparentaba ser una nota simple del Registro de la Propiedad de Medina del Campo en la que se hacía constar que la vivienda estaba libre de cargas. Sin embargo, los perjudicados presentaron denuncia el día 9 de ese mismo mes al descubrir rápidamente la falsedad de los documentos, ya que presentaban notables diferencias con los auténticos.