El 51% de las empresas de Valladolid dan por hecho que despedirán a parte de la plantilla

«Nos encontramos con un escenario dramático en Valladolid y con un enorme riesgo de cierres masivos de empresas si no se empiezan a aplicar, de forma urgente, medidas que ayuden a paliar esta situación», advirtió De Miguel, quien detalló que las empresas locales reclaman «a la administración local, reducción de impuestos y ayudas para digitalización y a la central una flexibilización de los ERTES, hasta seis meses más allá del fin del estado de alarma».

Respecto a las medidas que se han visto obligados a tomar, los empresarios citan la solicitud de financiación;presentación de ERTES por fuerza mayor; un i incremento de las medidas de protección de los trabajadores; introducción del teletrabajo;y una reducción de la actividad para acompasarla a la caída de la demanda.

Según De Miguel, «en una primera fase de la crisis se pidió solidaridad a las empresas por parte de las administraciones y se produjo una gran respuesta con la entrega de materiales en la delegación territorial del Gobierno. Ahora se empiezan a necesitar EPIS y mientras el 60% de las empresas no logran acceder a ellos, solo los autónomos los han recibido de la administración».

En cuanto a la financiación con avales del Estado a través de líneas ICO, el 41,8% de las empresas han recurrido a ellos. Con las acuciantes y repetidas necesidades de liquidez que declaran tener los empresarios, la presidenta de la CVE ha mostrado su malestar por el hecho de que sean menos de la mitad los que acudan a estas líneas debido a que «no son asequibles, no son cercanas, las entidades financieras no las ofrecen a sus clientes como deberían hacerlo». Además, la incertidumbre de las empresas ante la situación económica futura hace que el endeudarse sea su última opción. «El 40% de las empresas nos dicen que es muy difícil solicitar estas líneas».

Los principales problemas a los que se han enfrentado las empresas hasta el momento son los cambios de condiciones durante el periodo de tramitación por parte de las entidades financieras, retrasos de más de quince días en el ingreso de los fondos una vez concedidos, petición de nueva documentación una vez aprobadas las líneas y solicitudes de garantías adicionales o contratación de nuevos productos.

Sobre el planteamiento de cara a la desescalada, la representante de la patronal sostiene que «saldrán antes los países que tienen muchos tests y EPIS porque así se evitan contagios». «El Estado no nos los proporciona y a la vez nos los requisa», lamentó De Miguel.

Para la hostelería abogó por dar permisos para la apertura de terrazas en cuanto empiece el buen tiempo y por ser más flexibles en la ocupación de la vía pública.