La tragedia de José Getino, líder de la masonería vallisoletana

«Industrial de Valladolid. Manifiesta su republicanismo desde hace muchos años. Emplea símbolos masónicos». La ficha, escueta pero certera en su contenido, se encuentra en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Forma parte del expediente instruido contra José Getino Carreño por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, establecido por el Régimen franquista en septiembre de 1939. Ya entonces, sin embargo, hacía tiempo que Getino estaba muerto: lo habían asesinado sin mediar juicio alguno a los pocos días de iniciarse la sublevación militar que provocó la Guerra Civil.

Esta es la historia de uno de los personajes más destacados en el activismo cívico del Valladolid del primer tercio del pasado siglo, y, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos. Destacó no solo por su militancia en el Partido Republicano Radical, donde ejerció cargos de responsabilidad, sino también por su papel en las sociedades masónicas de la ciudad y en la fundación de la sección vallisoletana de la Liga Española de los Derechos del Hombre.

Nacido en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte el 25 de noviembre de 1884, con apenas diez años se estableció con su familia en Laguna de Duero, después de que su padre, de profesión guardia civil, fuera trasladado a Valladolid. Getino regentó un taller de calzado en la Plaza de la Libertad antes de trasladarse a la calle Macías Picavea, donde estableció su domicilio y compaginó las labores de zapatería y guarnicionería con la delegación del Royal Trust Mecanográfico S.A., que vendía modernas máquinas de escribir.

Su vinculación con el republicanismo local fue temprana, pues en 1911 era nombrado secretario del Casino Republicano. Luego, ya en tiempos de la Segunda República, militó en el Partido Republicano Radical, liderado por Alejandro Lerroux y partidario de un republicanismo moderado identificado con el centro-derecha, llegando a ejercer los cargos de secretario y tesorero de su comité local. Mucho más importante fue su papel en la dinamización de la masonería vallisoletana, como ha escrito Luis P. Martín, comenzando como miembro de las logias 'Libertad y Justicia' y 'La Amistad'.

Impulsada esta última en 1924 por Jaime F. Gil Terradillos, Gran Maestre del Oriente Español llegado a nuestra ciudad en 1919, y presidida por Felipe Larrainzar Escudero, se creó bajo el subterfugio de Ateneo (la Dictadura de Primo de Rivera no era especialmente tolerante con los masones) y decía procurar «la instrucción y cultura de sus miembros, honesto esparcimiento y (...) socorro muto de los socios que pudieran necesitarlo, permaneciendo alejado de toda política partidista». Durante un tiempo, 'La Amistad' promovió acciones que ejercieron cierta influencia en medios sociales y políticos locales. Junto a Getino, formaron parte de esta logia Luis Plaza García, el ingeniero alemán Emil Borchet y el abogado catalán Jaime Simó Bofarull.

Una vez clausurada por el gobernador civil, Getino contribuyó a crear en 1929 el triángulo 'Fraternidad' bajo los auspicios de la Gran Logia Española, si bien el momento más importante llegó tras la proclamación de la Segunda República, en abril de 1931, pues no conviene olvidar que, desde sus orígenes en el siglo XVIII, la masonería mostró una clara fidelidad a los principios revolucionarios de libertad, igualdad, tolerancia y fraternidad. Fueron once los masones que, liderados por Getino, crearon en enero de 1932 la logia 'Constancia número 7', inaugurada oficialmente al año siguiente. Según Luis P. Martín, su sede quedó instalada en la Plaza de la Fuente Dorada y constituyó el núcleo masón más importante y representativo de toda Castilla y León durante la República.

Entre sus miembros figuraron destacados representantes del republicanismo local, como el primer vicepresidente, Vicente González Castañeda, Pablo Llanos, vicesecretario y yerno de Getino, Pedro Lambas, que era alcalde de Medina del Campo, Antonio Torres Bartual, o el concejal León del Río Ortega. Aprovechando su papel como presidente de la logia, Getino estableció contacto con Carlos Malarriaga, también masón y presidente de la Liga Española de los Derechos del Hombre, creada a nivel nacional en 1913 con personalidades como Unamuno, Machado, Azorín, Azaña, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro y Eduardo Ortega y Gasset, para establecer el núcleo de Valladolid.

Así hizo en septiembre de 1932, formando una junta provincial en la que figuraban miembros de 'La Constancia' como los citados Pedro Llanos (secretario), Vicente González (vicesecretario), León del Río Ortega (contador) o los vocales Artemio González Llauradó y Antonio Torres Bartual, sin olvidar a destacados republicanos locales como los concejales Apolinar Polanco y Alfredo García Conde, al catedrático Narciso Alonso-Cortés o al presidente de la Diputación, Serafín Alcover. Además, Getino impulsó juntas locales de la Liga en Peñafiel y Villanueva de Duero. Su cometido no era otro que organizar y promover campañas a favor de los derechos cívicos y las libertades privadas fundamentales. Es más, en 1935, Getino fue elegido miembro de la Junta Central de la Liga.

Con tales antecedentes, no es casual que los sublevados contra la República el 18 de julio de 1936 lo colocaran en el centro de la diana de su acción represora, junto a otros destacados políticos republicanos. Como ha escrito María Jesús Izquierdo, lo detuvieron en su domicilio el 20 de julio de 1936, acusado de proferir gritos subversivos contra los rebeldes. Fue juzgado el 1 de agosto junto con Luis Lavín, Eliseo San José, Tomás González Cuevas, Félix Lefler, Gabriel Velasco, José Maestro San José, José María Sánchez, Juan Lozano y Pedro Fernández, todos ellos fusilados más adelante. Se le acusó de preparar planes dentro de la prisión para implantar la «revolución marxista» y sabotear la rebelión militar.

Condenado a 30 años de cárcel, el 30 de agosto lo sacaron para, supuestamente, trasladarlo a la prisión de Salamanca. Pero nunca llegó. Lo asesinaron de forma extralegal junto a su hijo, el médico de la Beneficencia Julio Getino Osacar. Tenía 52 años y dejó viuda, Isidora Osacar Echalecu, y dos hijos, Manuela y Francisco. Años después, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas le abrió un expediente por el que Isidora fue obligada a pagar 500 pesetas de multa. Ante las súplicas de la pobre viuda, que no vivía de otra cosa que del sueldo de su marido, el expediente fue archivado en diciembre de 1943.

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