Ecos de la matanza de Atocha en Valladolid

«Vamos a llorar a los muertos, pero no vamos a cambiar de meta. Vamos a devolver a sus casas a los secuestrados, pero no vamos a hacer concesiones sino a la razón. Y que la política la haga el pueblo, que la economía la discutan trabajadores y técnicos, pero que la vida sea un derecho inviolable. Si alguien no confía ni cree en la democracia, al menos que espere». Se titulaba «Profesionales del terror» y era la respuesta de El Norte de Castilla a la terrible matanza perpetrada por la ultraderechaaquel 24 de enero de 1977, hace ahora 43 años, en un piso de abogados laboralistas de la madrileña calle de Atocha.

Un atentado que conmovió a España pero que debe enmarcarse en la semana más negra, y sangrienta, que marcó la Transición a la democracia. Merece la pena recordar, siquiera telegráficamente, aquella escalada de tensión que a punto estuvo de desbaratar el proceso político de recuperación de las libertades. Para ello hay que remontarse unos meses más atrás, concretamente a principios de octubre de 1976, cuando la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en San Sebastián al presidente de la Diputación de Guipuzcoa, José María de Araluce Villar, junto a su chófer y tres policías de escolta. Dos meses después, el 11 de diciembre de 1976, los Grupos de Resistencia Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) secuestraban al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol Villaescusa.

El respiro que los españoles dieron al gobierno de Adolfo Suárez con la aprobación en referéndum de la Ley para la Reforma Política, el 15 de diciembre, solo fue una tregua, la antesala de un enero sangriento. Lo peor comenzó el día 23, cuando un pistolero de ultraderecha asesinaba a sangre fría, al grito de «¡Viva Cristo Rey!», a Arturo Ruiz, estudiante de BUP que participaba en una manifestación a favor de la amnistía en la Gran Vía madrileña. Al día siguiente, una nueva protesta en el mismo lugar, convocada precisamente para repudiar el asesinato del joven de 19 años, se cobraba una nueva víctima mortal, pero esta vez a manos de los antidisturbios:

«Hacia las cinco de la tarde ha fallecido en la Clínica de la Concepción de Madrid la joven estudiante de veinte años de edad María Luz Nájera Julián (...). La joven universitaria, estudiante de Ingeniería Aeronáutica, había resultado herida por un bote de humo en plena nuca y fue recogida por sus compañeros e internada en la Clínica de la Concepción en la unidad de vigilancia intensiva», informaba este periódico. Ese mismo día, los GRAPO atacaban de nuevo agravando más si cabe la situación: el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, buscaba tocar de lleno el corazón de la Transición. Como señalaba El Norte de Castilla en su editorial, era aquel «un panorama como para animar a cualquiera. Ni el más tonto habrá dejado de pensar, con estas noticias, que alguien está tratando de entorpecer, de bloquear, si posible fuere, el tránsito de nuestro país a la democracia. El último golpe, el secuestro del general Villaescusa, parece ser el que apunta más ambiciosamente: herir al Ejército».

Y cuando parecía que ya nada podía ir a peor, ocurrió lo de Atocha. Eran aproximadamente las diez y media de la noche cuando terroristas de extrema derecha entraban en el despacho de abogados laboralistas en el que trabajaban militantes de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España. Preguntaron por el dirigente del sindicato de Transportes de CCOO, Joaquín Navarro Esteban, que había liderado con éxito una huelga del sector. Al no encontrarlo, abrieron fuego a discreción. Aquella noche mataron a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo; al estudiante de Derecho Serafín Holgado, y al administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Dolores González Ruiz (mujer de Sauquillo), Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Miguel Sarabia Gil y Luis Ramos Pardo.

«De las gestiones realizadas se vino en conocimiento de que en el piso tercero izquierda de la finca nº 55 de la calle Atocha, despacho de abogados laboralistas, se presentaron de forma inopinada dos individuos, de estatura mediana y edad aproximada a los 25 años, quienes empuñando sendas metralletas, dispararon ráfagas contra las personas que en dicho lugar se encontraban. Estos individuos vestían trencas de color verde y en el piso mencionado fueron recogidos casquillos de calibre 9 mm corto», podía leerse al día siguiente en este periódico. Poco después, la Alianza Apostólica Anticomunista de España (la Triple A) enviaba una nota a los periódicos: «Reivindicamos el acto de ajusticiamiento del estudiante de B.U.P., militante de las Juventudes Comunistas, así como los actos del Pub Santa Bárbara y despacho laboralista de Comisiones Obreras».

De inmediato, los colectivos más activos en la lucha por las libertades democráticas se movilizaron en Valladolid. Se suspendió la actividad estudiantil en las Facultades, la de Ciencias cerró en señal de duelo y en Medicina se reunieron 1.500 estudiantes en asamblea de distrito para planificar las protestas. Mientras los dirigentes de PCE y PSOE eran partidarios de no manifestarse, los más izquierdistas (LCR, MCE, LC), en número de 600, salieron a la calle al grito de «supresión cuerpos represivos» y «amnistía total». Se dirigieron hacia la plaza de los Vadillos, montaron una barricada en la calle de la Pólvora y fueron disueltos por una furgoneta de la Brigada de Investigación Social.

Otros 300 estudiantes organizaron un funeral improvisado en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, mientras los catedráticos de Instituto anunciaban un paro de 24 horas y les secundaban los Profesores No Numerarios de la Universidad. Trabajadores de FASA-Renault, NICAS, ENDASA, Talleres Mecánicos del Duero, Residencia 'Onésimo Redondo', Construcción Asturiana, sector textil y Banca realizaron paros y minutos de silencio de diversa duración, mientras un nutrido grupo de personalidades muy relevantes de la ciudad se reunía para preparar una entrevista con el gobernador civil, José Estévez Méndez.

La nota confidencial, que puede consultarse en el Archivo Histórico Provincial, decía que en la mañana del 27 de enero de 1977, varios representantes de la oposición democrática se habían reunido en una cafetería para mostrar a Estévez Méndez su preocupación por los sucesos de Atocha y adherirse al proyecto del gobierno de Suárez de avanzar en la democracia. Entre los reunidos estaban César de Prada (PCE), Manuel Conde del Río (PSOE), Roberto Fernández de la Reguera (Izquierda Democrática), Eufemio José Díaz Jiménez Monsalve (Partido Carlista), miembros de la Asociación de la Prensa local, José María Alonso Franch (abogado laboralista del PCE), Juan Colino (abogado laboralista del PSOE) y José María Quemada Sisniega, presidente del Colegio de Médicos a quien la policía calificaba como «liberal independiente».

En efecto, todos los citados más los catedráticos de Universidad Pedro Gómez Bosque y Julio Valdeón, el médico José Manuel Muro, el arquitecto Carlos Turiño, los ingenieros Jesús Montón y Fernando Alfayate, los abogados Rafael Fernández Zapatero, Eduardo y Felipe Fernández Divar, el comunista Severino Morán, Fernando Santiago, el socialista Tomás Rodríguez Bolaños (futuro alcalde de Valladolid), y los escritores y periodistas Emilio Salcedo y Miguel Delibes elaboraron y firmaron un documento en el que comenzaban señalando que «el pueblo español, a través de múltiples manifestaciones, ha expresado de forma inequívoca su voluntad de vivir en un marco jurídico-político de signo democrático, como única forma de garantizar una normal convivencia entre todos los ciudadanos».

Afirmaban que los españoles, lejos de lo que podía parecer, abogaban mayoritariamente por una convivencia en paz, sin antagonismos, mediante «el diálogo y la concordia», y que solo unos grupos pequeños, «interesados, con acciones salvajes», en mostrar al país «que no es posible la paz (...) intentan producir criminalmente una involución en el proceso de democratización del Estado». Por eso además de condenar los asesinatos y secuestros producidos, pedían al gobierno «la toma de medidas inmediatas que conduzcan al aislamiento de los grupos violentos y a su total eliminación de la vida nacional», pues entendían que «la mejor forma de acabar con los focos de tensión es acelerar el camino hacia el total restablecimiento de las libertades democráticas». 

Miguel Delibes, Pedro Gómez Bosque y Roberto Fernández de la Reguera fueron los encargados de entregar el escrito al gobernador y expresarle «la preocupación ciudadana que les había movido ante la escalada de la violencia extremista». Estévez Méndez les prometió hacérselo llegar al presidente del gobierno, Adolfo Suárez.

• Temas
• Adolfo Suárez
• Miguel Delibes
• PCE
• PSOE Partido Socialista Obrero Español
• El Norte de Castilla
• CCOO (Comisiones Obreras)
• Nicas
• ETA
• Atocha
• Valladolid (Provincia)
• Vadillos
• San Sebastián
• Gran Vía
• Referéndum