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Han transcurrido ya 43 años desde que un grupo de pistoleros de extrema derecha entrase en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha 55 en Madrid, vinculado al sindicato Comisiones Obreras, y causase cinco muertos (entre ellos el estudiante salmantino Serafín Holgado) y cuatro ... heridos. Sucedió el 24 enero de 1977.
Entre los que lograron sobrevivir está Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell (Madrid, 1947), que este lunes mantuvo un encuentro en la sede de CC OO con los militantes vallisoletanos, dentro del Programa 'Memorias de Atocha'.
Cuatro décadas de democracia que para este exprofesor de Derecho Constitucional no han conllevado un acercamiento político en los planteamientos respecto a lo que significó el franquismo.
«Siempre ha existido un elemento de silencio sobre este asunto. Probablemente la fecha clave para hablar de lo que sucedió con los abogados de Atocha haya sido en 1997, cuando José Bono creó en Castilla-La Mancha un Premio Internacional con un acto en Toledo. ¿En los años anteriores? La responsabilidad ha sido de todos los gobiernos», asegura.
Según Ruiz-Huerta, hay indicios para pensar que con el nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, y la creación de una Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, «todo ello se corrija».
«El resentimiento todavía está presente hoy en nuestro país. Es cierto que en los últimos años ha existido una influencia importante de las tensiones territoriales, con el separatismo catalán, que han determinado aparcar estos temas. Y no sé por qué de ese resentimiento, puesto que es absurdo. El comunismo se ha ido adaptando a las alternativas de izquierda radical y, pese a ello, hay muchas historias vinculadas a la barbarie que se desarrollaron en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. El resentimiento es muy peligroso para la democracia», dice este abogado madrileño, para el que «el camino de la reconciliación sigue después de más de 40 años».
Los historiadores de la Transición recuerdan que el atentado de Atocha sirvió para legalizar al Partido Comunista. Sin embargo, no lo cree así este exprofesor universitario, que salvó su vida gracias al bolígrafo que llevaba en la chaqueta, y a quien le cayó encima el cuerpo de otro compañero.
«Suárez lo tenía ya pactado con algunos militares y dijo claramente que iban a celebrarse elecciones seis meses después, en junio de 1977. Si es cierto que se aceleró, pero siempre digo que los muertos no pueden ser un factor para que se aceleren los procesos sociales», afirma.
A las tensiones de todos esos meses, en los que también fallecieron militares, policías y guardias civiles, dieron su respuesta las urnas en las primeras elecciones democráticas.
Pese a ello, «algunos sostienen en la izquierda que si le quitamos la 'n' y la 's' a la palabra 'Transición' nos queda la de 'traición', tanto por parte de la izquierda como la derecha», ironiza Ruiz-Huerta.
Víctima de aquel tiroteo, en el que falleció también una limpiadora, este jurista resalta el papel conciliador que tuvieron letrados de derechas, como Joaquín Garrigues Walker, Rodríguez de Miñón u Óscar Alzaga.
Pero la derecha actual, ¿con quién se identifica más?
«Tengo mis dudas. Me temo que la dirección del PP pretende que no le quite ni un solo voto Vox, y para ello repite su discurso. Y, por su parte, Ciudadanos, están perdidos. Necesitamos una derecha democrática, pero parece que está escondida. No diría que algunas de estas actitudes son herederas de la antigua Fuerza Nueva, pero es cierto que hay exmilitantes de este antigua formación que han convergido en Vox».
Sobre la investigación judicial del caso Atocha, Ruiz-Huerta piensa que se pudo ir más allá, pero un juez, Gómez Chaparro, «cerró en falso el expediente al dejar en libertad a uno de los detenidos que entró a saco en el despacho amenazándonos con su pistola. Se rechazaron testigos fundamentales para aclarar quién fue el autor intelectual. Esta labor quedaría ahora para los historiadores, porque el delito habría prescrito ya».
Ante medio centenar de afiliados de Comisiones Obreras, el que fuera abogado de los trabajadores hasta 1980 en el Madrid posfranquista, habla sobre el ejercicio de la abogacía.
«Lo dejé porque tenía la sensación de que engañaba a la gente cuando uno no se atrevía a decir a un trabajador que su caso no tenía solución. Entonces, los juicios que perdíamos en el despacho de la calle Atocha no se cobraban. Esto hoy es casi impensable, puesto que hay cien mil abogados en España. Yo dudo que haya letrados laboralistas ahora como los de antes, porque para ello tienen que estar comprometidos con los trabajadores, y no con las empresas. Esa es la clave», explica.
Ruiz-Huerta expresa su confianza respecto a la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hija de un sindicalista gallego.
«Estoy convencido que afrontará el reto de cambiar la reforma laboral. No sé si como derogación o como modificación», apostilla.
Hace unos días se encontró en un acto con Pablo Iglesias, máximo dirigente de Podemos y ahora vicepresidente del Gobierno, y al que le reprochó que no hablase nada de los abogados de Atocha, pese a que ese era el motivo principal del acto.
«Al final intervine para decirle que estamos en el mismo carro, el de respetar a los muertos y recordarles. Siempre había existido mucha crítica desde las formaciones de izquiera radical respecto a los abogados de Atocha. Nuestra Fundación es independiente, y no estamos vinculados a las asociaciones memorialistas de Madrid o de España, porque nos parece mejor no entrar en la utilización política. Creo que ha llegado el momento de decir que todos los que murieron en la 'Semana Negra' de enero de 1977 de Madrid, desde Arturo Ruiz hasta los guardias civiles o la universitaria Mari Luz Nájera, estábamos en el mismo barco, y hay que recordalos conjuntamente«, explica Alejandro Ruiz-Huerta, que dejó el carné del PCE en 1980.
De allí pasó al Ministerio de Trabajo, luego estuvo en el Congreso de los Diputados y en varias universidades públicas, la última en la de Córdoba, donde se ha jubilado el pasado curso.
En este sentido, reconoce como un acierto el hecho de que el actual presidente de la Junta y hasta el año pasado alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, accediese a poner el nombre de Abogados de Atocha a una calle de la capital charra, justo donde está la sede hoy de CC OO en esa ciudad.
«Es muy significativo que lo hiciera y es un ejemplo de dirigente del PP que está abierto a muchas cosas. Es de alabar esta decisión», apostilla.
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