Valladolid

Detenido por obligar a sus jornaleros a trabajar 70 horas semanales en el campo

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un empresario acusado de un delito de explotación laboral como responsable de una cuadrilla que realizaba labores para terceros en el campo y a la que alojaba en una infraviviendas y a los que obligaba a faenar hasta 70 horas semanales (10 al día) de lunes a domingo por un sueldo irrisorio de 24 euros al día (682 al mes) y sin derecho a descansos o bajas laborales. Las víctimas eran extranjeros que carecían de contrato o alta en la Seguridad Social.

El sospechoso fue arrestado el pasado 27 de septiembre en el marco de las funciones que tiene encomendadas la Policía Nacional de investigación y la lucha contra la explotación laboral y el empleo irregular.

A raíz de informaciones recibidas y fruto de la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, los agentes iniciaron una investigación en la que se detectó a un empresario español dedicado a la explotación de fincas agrícolas para terceros, proporcionando mano de obra para las labores agrarias.

La Policía Nacional realizó diversas gestiones operativas de investigación que permitieron confirmar la existencia de, al menos, cuatro trabajadores que estaban en situación de necesidad y vulnerabilidad y que habrían sido explotados laboralmente por el empresario detenido. Se realizó una actuación inspectora conjunta con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid siendo localizados finalmente cinco trabajadores en fincas agrícolas del detenido que estaban en situación administrativa irregular en el país y bajo unas condiciones abusivas que rozan la semiesclavitud.

En relación a las condiciones laborales impuestas a las víctimas y que podrían considerarse de explotación laboral, las mismas consistían en jornadas de más de 10 horas diarias de lunes a domingo, sin derecho a descansos ni días libres. Obligados a faenar aún encontrándose enfermos, ausencia de contrato laboral y alta en la Seguridad Social, trabajando por un salario de 7 euros la hora. Las víctimas, además, tenían abonar al empresario 2,5 euros diarios por el transporte al lugar de trabajo y 200 euros al mes por su manutención. De manera que ganaban, al final, 682 euros mensuales por trabajar sin descanso los siete días de la semana.

Este empresario agrícola, explican fuentes policiales, se nutría de trabajadores extranjeros en situación administrativa irregular como mano de obra, a quienes engañaba con falsas promesas de un contrato de trabajo a largo plazo que les permitiera poder regularizar su situación en España y que nunca llegaba a formalizar, a pesar de que los trabajadores extranjeros llevaban varios años prestando servicios para el detenido. Los trabajadores explotados son ciudadanos extranjeros en situación especialmente vulnerable. Su situación administrativa les imposibilitaba acceder al mercado laboral y tienen, ademnas, familiares a su cargo que dependen económicamente de ellos. Por todo ello, apuntan las mismas fuentes, se veían «abocados a aceptar las condiciones laborales abusivas y desproporcionadas que les eran impuestas».

El empresario detenido también les proporcionaba alojamiento y transporte al campo, debiendo entregar diferentes sumas de dinero al empresario como contraprestación. Así, de un salario de 7 euros la hora, les descontaba 200 euros mensuales por persona por darles alojamiento en una infravivienda en ruinas, con humedades, insectos y careciendo de agua caliente y calefacción, llegando a pernoctar hasta 15 individuos en temporada alta. Además les descontaba 2,50 euros diarios por persona en concepto de transporte. A pesar de tratarse de un salario ínfimo, y de que al carecer de cotizaciones y tributaciones obligatorias, el empresario aumentaba exponencialmente su ganancia personal, no llegaba a abonar a los jornaleros lo adeudado, ya que llevaban varios meses sin cobrar en concepto de gastos por la gestión del presunto contrato laboral que el empresario les iba a facilitar para regularizar su situación en España. La operación policial, denominada 'operación Baco', culminó con la detención del investigado.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.

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