El Defensor del Paciente lleva a la Fiscalía el «deterioro» del centro de Arturo Eyries

La Asociación del Defensor del Paciente presenta un escrito en la Fiscalía de Valladolid para que se investigue el deterioro del Centro de Especialidades Arturo Eyries. Acusan a la Junta de Castilla y León mirar para otro lado ante la situación «tercermundista» de las instalaciones y creen que puede encuadrarse esa inacción del Ejecutivo de coalición del PP y Vox en un delito de dejación de funciones.

«Nos dirigimos a usted para solicitar una investigación e intervención, ante la noticia que acabamos de conocer y que por su gravedad creemos que debemos pedirle su valiosa intervención. Entendemos como dejación de funciones del Gobierno de Castilla y León, delito, al poner en riesgo a los pacientes y personal sanitario, por la situación tercermundista de este centro de especialidades», recoge el escrito que el Defensor del Paciente ha registrado oficialmente. También Facua ha alertado sobre la situación de Arturo Eyries.

El Defensor del Paciente se hace eco de una denuncia del Sindicato de Enfermería Satse, que hace unas semanas sacó a la luz un informe sobre el deterioro del centro que da servicio a los pacientes de una parte de Valladolid. Satse reclamaba la paralización de la actividad, «ante el riesgo de derrumbe», con el objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios que acuden a diario a estas instalaciones sanitarias.

La base de esa contundente petición era la evaluación de riesgos de los técnicos de prevención, cuyo informe evidencia la presencia de «cucarachas en el suelo, rajas y desconchones en techos y paredes, inadecuado estado del sistema de climatización, goteras y azulejos desprendidos y bidones de recogida de agua condensada en el falso techo» que cuando rebosan producen goteras y humedades.

Desde el Defensor del Paciente argumentan que la sanidad pública es sufragada por todos los ciudadanos y que es obligación de los responsables públicos mantener sus centros «impolutos» y con «la máxima limpieza para seguridad de los pacientes y personal». A eso añaden la obligación de la Administración, en este caso autonómica porque es la competente, de dotar «de medios a nuestra Sanidad». Justifican la solicitud de intervención de la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Najera, en que la Constitución ampara el derecho a recibir una atención sanitaria. «Las personas van a ser atendidas por su salud, no para matar cucarachas», aseveran respecto del centro de Arturo Eyries.

Añaden en su escrito que tanto pacientes como sanitarios están en situación de «indefensión» cuando «debieran estar protegidos por las autoridades, pero nada mas lejos de la realidad están poniéndolos en grave riesgo»

«Nuestra solicitud como siempre, está la fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal», concluyen.

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