Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
El Ministerio de Defensa ha comenzado a trasladar a los ayuntamientos de la provincia de Valladolid su interés porque en las vacantes de empleo público ... que se convoquen para puestos en sus concejalías o áreas locales se reserve un cupo, «por pequeño que sea», para aquellos profesionales de las Fuerzas Armadas que han finalizado sus contratos, y que la ley fija que a partir de los 45 deben de abandonar los acuartelamientos.
Para ello, el departamento que dirige la leonesa Margarita Robles ha autorizado a los coroneles y subdelegados de Defensa de varias provincias que mantengan entrevistas con los alcaldes y concejales, con el objetivo de darles a conocer el convenio que el Ministerio suscribió en julio de 2019 con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero.
En el caso de Castilla y León, es la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén (PP), la representante de todos los municipios regionales.
En el seno de la Fuerzas Armadas, tanto en lo que respecta a mandos como a los responsables políticos, se reconoce que la aplicación de la ley de Tropa y Marinería de 2006, pretendía con la limitación temporal hasta los 45 años, rejuvenecer la edad en este escalafón profesional.
Esta salida supone que muchos de los soldados que accedieron a estas plazas a partir de los años 90, cumplirían esta edad desde 2015, de tal forma que deben ir abandonando las unidades en esta década.
Según fuentes de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), el año pasado salieron en toda España por este sistema unos 1.800 soldados y para 2020 esta cifra se reducirá a 1.300, si bien irá incrementándose hasta 4.000 en 2025.
En Valladolid, que dispone de unidades del Ejército de Tierra en la base del Empecinado, la Academia de Caballería y el Parque de Artillería del Pinar de Antequera, en los últimos dos años se han visto afectados 63 militares de tropa. En esta cifra también se incluyen los que cumplieron esa edad y que están destinados en la base aérea de Villanubla. Para este 2020, este número en Valladolid se acerca al centenar e irá en aumento hasta 2025.
El convenio del Ministerio y la FEMP del año pasado se apoya en la ley 2011 de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. En el texto se dice que «se ofrecerán a los soldados programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e intereses profesionales.
Dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa en colaboración con las distintas administraciones públicas y con el sector privado».
La norma prevé acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas y entes locales, para que en las convocatorias de empleo se reserven plazas para los militares profesionales de tropa «con más de cinco años de servicio».
Esta posibilidad del cupo es efectiva ya desde hace años para el acceso a cabos y agentes de la Guardia Civil, con un mínimo del 40% de las plazas, y para la escala básica de la Policía Nacional, con un máximo del 20% de las vacantes.
Ahora, con esta iniciativa dirigida a los consistorios de la provincia vallisoletana, Defensa pretende propiciar que en las plazas de empleo que los entes locales convocan se valore como mérito el tiempo de servicio prestado por ser militar profesional. Además, se les pide a los alcaldes que reserven un número de vacantes en las convocatorias a las policías locales.
Fuentes de Defensa reconocen que aunque se suscribió este convenio con la Femp en julio del año pasado, el mismo «no es de obligado cumplimiento por los municipios, por lo que son éstos los que desde su autonomía deben de aprobar en los plenos respectivos los acuerdos para concretar esta reserva».
El convenio nacional señala que los ayuntamientos que suscriban el documento se comprometen en sus ofertas públicas a reservar hasta el 20% de las plazas de la categoría de Policía Municipal. En este caso, el Ayuntamiento de Valladolid ya cumple con este acuerdo, y el mismo podría ampliarse a consistorios con Policía Local como Arroyo, Peñafiel, Medina del Campo, Rioseco, Laguna de Duero, Tordesillas, Boecillo, Simancas o Tudela de Duero.
Responsables de la Delegación de Defensa se han reunido con alcaldes para pedirles además que tengan en cuenta en el baremo los méritos de los militares de tropa para que puedan acceder al empleo público en los concursos y pruebas de las vacantes de personal funcionario y laboral.
El convenio de la Femp, que tiene una vigencia 4 años, no implica ningún compromiso de financiación ni partida económica para los ayuntamientos ni para el Ministerio, pero son los primeros los que tienen la decisión.
El delegado de Defensa en Castilla y León, coronel Vicente González, se reunió a finales del pasado año con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, para trasladarle el deseo de materializar el contenido del acuerdo nacional a los entes locales.
Estos encuentros, según explican fuentes municipales, se han realizado con los regidores de Medina del Campo Rioseco, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda, Tordesillas, Peñafiel, La Cistérniga y Tudela de Duero.
En la actualidad, a los soldados que salen con 45 años de las unidades se les considera reservistas de especial disponibilidad. Para no dejarles en una situación de penuria, tras prestar en algunos casos más de 20 años de servicio en el Ejército y no contar con indemnizaciones como en el sector civil, el Gobierno estableció una asignación de 645 euros netos mensuales en doce pagas.
Esta cantidad se eleva con el IPC anual, y es compatible si trabajan en otro puesto del sector privado. Se perdería si ocupasen un empleo en cualquiera de las administraciones públicas.
Al ser una asignación hasta los 65 años, dicho importe no computa, sin embargo, para las jubilaciones futuras. ATME recuerda que si los soldados accediesen a las vacantes municipales, la Administración del Estado se ahorraría este desembolso de dinero público.
Por otra parte, a la hora de crear empleo público los ayuntamientos tienen una limitación fijada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, consistente en que por cada dos plazas que cesan solo pueden sacar una a concurso.
Sin embargo, en el caso de firmar estos convenios municipales con el Ministerio, si una de las vacantes se cubre por un reservista militar, está limitación deja de existir.
Para que este efecto de la tasa de reposición se produzca, las plazas de personal fijo deben de ir dirigidas «de forma exclusiva a militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga duración, así como para aquellos reservistas de especial disponibilidad que estén percibiendo la asignación económica» de los 645 euros mensuales.
La exoneración de cumplir con esta tasa de reposición afecta también al Ministerio de Defensa, hasta alcanzar los 14.000 efectivos del personal laboral que están destinados en este departamento.
Con 46 años, Isabel Gómez tuvo que salir de su última unidad militar en León después de haber prestado 18 años de servicio en las Fuerzas Armadas.
Con dos hijos pequeños, ahora vive desde octubre pasado de los 645 euros mensuales que le da el Ministerio de Defensa, a los que sumará otros dos años más el importe del subsidio por desempleo.
«Ingresé en el 2001 con 27 años en el Ejército de Tierra, porque esta profesión me ha interesado siempre. Estuve en el polvorín de Cuadros, en León, y en la Agrupación de Apoyo Logístico 61, en Burgos», relata.
Con una formación académica como técnico administrativo, buena parte de sus tareas en el Ejército han sido en las oficinas.
«He sido personal de enlace para realizar las compras desde la oficina de personal, para luego, en mi última etapa, ejercer en la unidad de seguridad y en el control del material, gestión de almacén, relación con los proveedores, y para el envío de piezas a las unidades que lo requieran», dice.
La excabo Gómez considera que en todos estos años dentro han supuesto además una experiencia profesional en materia de seguridad y manejo de armas. En los últimos tres años y medio de su vida militar, Isabel ha trabajado en el Regimiento Grosa, en León, la unidad de Inteligencia especializada en sistemas aéreos, como los drones.
«Pero claro, ahora cuando vas a la oficina de empleo y explicas que has estado 18 años en el Ejército, y que no dispones de la acreditación académica o profesional para la vida civil, es un problema para buscarte una salida laboral. Te piden que acredites y desgraciadamente la mayoría de los soldados no llevamos nada del Ejército», señala.
Es por ello, que durante el último año, en vista de que «se iba a la calle», se ha sacado por su cuenta el título de especialista en seguridad y explosivos. «A la vez, me estoy preparando las oposiciones para funcionaria de Prisiones», añade.
«No es lógico que estemos en la calle con 45 años, y con 20 de experiencia, mientras que el Ministerio de Defensa ha convocado 150 plazas para reservistas voluntarios y este personal tiene como límite de estancia en las unidades hasta los 58 años. No es normal que a nosotros nos mandan fuera», se queja la cabo.
Según esta militar profesional que suscribió un contrato con el Ministerio para ingresar, «los mandos no tienen potestad para dar una solución, y te dicen que ya sabíamos que íbamos a irnos a la calle cuando entramos y firmamos el compromiso de estancia temporal».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Favoritos de los suscriptores
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.