Los cuatro denunciantes por acoso en Iberaval exigen conocer el informe interno sobre su caso

Iberaval se alimenta principalmente de dinero público. El año pasado el Gobierno autonómico, socio protector de la firma, inyectó a su capital social más de 11,4 millones de euros para financiar sus operaciones, la segunda aportación más elevada después de la del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, la Inspección de Trabajo continúa con la instrucción de este caso, que también ha sido denunciado por el sindicato UGT.

Ante la falta de una comunicación sobre el resultado de la investigación de KPMG, el abogado de los denunciantes, el letrado Jesús Minguela, se dirigió este pasado lunes directamente a la consultora para solicitar el documento. En su escrito, subrayaba, además, que ese informe se ha cerrado sin haber llegado a tener contacto con la directora de la Asesoría Jurídica, quien «nunca se opuso» a aportar su versión, pero que al estar de baja psicológica los médicos le aconsejaron que esperara a reponerse. KPMG rechazó enviarlo porque responde, según argumentó, a un encargo de Iberaval y «no están autorizados para darlo a conocer a otros destinatarios». De los cuatro denunciantes, la consultora solo ha contado con el testimonio de la otra letrada, también de baja por ansiedad, al igual que el responsable de Informática de la compañía.

Los miembros del consejo recibieron hace meses sendas cartas de la que fuera máxima responsable de los servicios jurídicos y exsecretaria del órgano y del abogado ya despedido aportando abundantes datos sobre el presunto «hostigamiento» al que estaban siendo sometidos por el equipo de dirección y alertando sobre posibles prácticas irregulares en la gestión de la sociedad. La dirección de Iberaval, por su parte, argumentó, que tres de los denunciantes habían recibido unas valoraciones laborales muy negativas, lo que , a su juicio, les llevó a interponer la denuncia ante la Inspección de Trabajo como defensa ante la situación «tremendamente complicada» que se les presentaba.

Este periódico ha solicitado a Iberaval y a la Junta de Castilla y León conocer el resultado de esta auditoría. En el primer caso, la sociedad de garantía recíproca no lo quiso facilitar por tratarse de «un documento interno», algo en lo que insistió este viernes el presidente del consejo, César Pontvianne, al ser preguntado por El Norte. Tampoco el Ejecutivo regional ha querido hacer ninguna declaración u ofrecer información sobre el caso. El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, señaló el pasado 27 de septiembre que había que dejar trabajar a la Inspección y conocer las conclusiones de la auditoría interna antes de realizar cualquier valoración.