Cuarentenas por covid, días de rutina bajo supervisión policial

En el cumplimiento estricto de los confinamientos ponen ahora el foco las autoridades, toda vez que el respeto a las medidas anticovid en las calles y espacios públicos parece cada vez más asumido por la población, salvo excepciones puntuales de comportamientos incívicos. Si durante los últimos meses la vigilancia y las sanciones han puesto el acento en el uso de mascarillas, distancia social y reducción de aforos, ahora la atención recae sobre los enfermos aislados y sus contactos en cuarentena. A ellos se dirige el acuerdo sellado al comienzo de la semana por la Junta de Castilla yleón y la Delegación del Gobierno para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y control de la pandemia.

En aquel encuentro el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, firmaron un protocolo orientado a «facilitar un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos los ciudadanos».

Esa es la intención. Para ello están coordinándose los dispositivos de intervención con Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales con el fin de garantizar «que quienes deban estar confinados a consecuencia de pruebas covid positivas, así como sus contactos, cumplan con el confinamiento, de modo que quienes no lo hagan sean objeto de expediente administrativo y, en última instancia, de orden judicial», se anunció en la firma del protocolo.

Mientras la curva de casos activos sigue escalando y va camino de superar los 28.000 que deben permanecer en aislamiento domiciliario, la Junta de Castilla y León carece de la información de cuántos contactos con positivos covid deberían permanecer en cuarentena. «No podemos dar esa cifra porque no disponemos de ella», apuntó una portavoz del gabinete del presidente regional.

Durante una comparecencia ante los medios la semana pasada, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, cifró en unas 14.000 las personas cuarentenadas en Castilla y León, un cálculo que desde su propio departamento consideraron días después tomar «con todas las cautelas» ante la dificultad de realizar un seguimiento exhaustivo. De hecho, la media de contactos que siguen los rastreadores en cada uno de los casos positivos al que siguen la pista oscila entre dos y nueve.

En este contexto, y según el acuerdo de vigilancia, la coordinación entre personal sanitario y fuerzas de seguridad «facilitará un mayor control de las personas que deben guardar cuarentena por orden sanitaria, reforzando así la seguridad de todos los ciudadanos». Las fuerzas de seguridad colaborarán con funcionarios de diferentes consejerías en los dispositivos para vigilar presencialmente o por vía telefónica que quienes están aislados por la covid cumplen realmente con la cuarentena.

De hecho, en el acuerdo suscrito se invoca un apartado de la ley de salud pública en el que se establece que el personal funcionario al servicio de la consejería competente en materia de sanidad tendrá la consideración de agentes de la autoridad sanitaria y estarán facultados para solicitar «soporte, auxilio y colaboración de cualquier autoridad pública, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de otros cuerpos policiales locales».

En el protocolo también se incide en la necesidad de establecer «canales de comunicación ágiles para garantizar el traspaso de información de interés» relacionada con la covid. Alberto Palomino, concejal de Seguridad Ciudadana de Valladolid, avanzó que las policías locales de la comunidad intevendrán en la supervisión de las medidas, y la colaboración de la de Valladolid «será plena, como la del Ayuntamiento, porque redundará en la mejora de la situación epidemiológica y en la reducción del índice de contagios».

Cada quince días se mantendrán reuniones con representantes de las ciudades mayores de 20.000 habitantes al objeto de hacer un seguimiento sistemático del alcance de unas medidas que se establecerán desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Las cifras actuales de la pandemia nos devuelven a la memoria los días trágicos de la crisis sanitaria, por lo que ahora las autoridades pretenden aplanar la curva poniendo el acento en la necesidad de respetar la reclusión domiciliaria de los positivos por covid y sus contactos para frenar los contagios.

Aunque la capacidad de detección de casos se ha incrementado notablemente respecto a las jornadas más traumáticas del período de confinamiento, la pandemia sigue expandiéndose con efectos traumáticos que añaden más presión a la ya sobrecargada atención asistencial. El miedo al colapso ya vivido en las unidades de pacientes críticos y la creciente saturación de la atención primaria han encendido las alarmas. Mientras, desde las autoridades se sigue apelando al «comportamiento cívico de la población» en la observancia de las normas anticovid.