Dos de los cinco implicados en la estafa de medio millón en jamones aceptan condenas de dos años de cárcel

En la tercera convocatoria del juicio, después de la suspensión de las anteriores, la Audiencia de Valladolid tampoco fue capaz de dar carpetazo definitivo a este proceso contra los cinco implicados al comparecer únicamente los dos citados, José Javier C.G. y Antonio Mariano G.H, el primero de ellos de forma voluntaria y el segundo tras haber sido detenido y puesto a disposición del tribunal sentenciador.

Los dos han aceptado penas de dos años de prisión por un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal, frente a los seis años y medio que pedía el fiscal para José Javier C.G. y los cinco y medio para Antonio Mariano, a quienes, por el mismo orden, se imponen también multas de 900 y 450 euros.

A ambos, la Audiencia de Valladolid les aplica la atenuante de dilaciones indebidas así como la de drogadicción en el caso de Antonio Mariano y de reparación parcial en el de José Javier, al haber abonado ya éste 4.000 euros en concepto de indemnización, una mínima parte del total de cantidades que habrá de satisfacer, junto a su compañero de banquillo, para compensar los daños causados a las mercantiles afectadas.

Se trata así de un acuerdo parcial, ya que otros tres implicados, José A.N. y su hijo Julián A.T. y Diego L.G, han vuelto a dejar plantada a la sala, los dos primeros por encontrarse en paradero desconocido y el último de ellos debido a su detención en Argentina, donde habría sido interceptado en un aeropuerto cuanto trataba de introducir más de seis kilos de cocaína procedentes de Bolivia, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Este individuo, murciano al igual que los otros cuatro acusados, ya fue detenido hace años en Brasil y cumplió seis años de prisión al ser interceptado cuando ejercía de 'mula', también implicado en otro delito de tráfico de drogas.

De este modo, tanto Diego L.G. como los otros dos no comparecientes en el juicio por la estafa de jamones serán juzgados en la Audiencia de Valladolid una vez que se encuentren a disposición del tribunal.

Se les imputan un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por concertarse para a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Si bien en un principio abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.

En el organigrama de la organización, a José A.N. los acusadores le confieren el papel de «cabecilla», tomando las decisiones de la empresa pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar documento alguno, mientras que José Javier C.G. era el principal apoyo del primero y quien, en un mismo nivel por su poder de decisión, actuaba ante las víctimas como comercial de la mercantil, contactando con ellos, realizando los pedidos y entregando los pagarés.

Un hijo del primero, Julián A.T. se dedicaba, presuntamente, a dar servicio y apoyo a los anteriores, mientras que Antonio Mariano G.H. y Diego L.G. figuraban frente a terceros como administradores y dueños de la mercantil.