Supendido hasta octubre un juicio contra cinco acusados de estafar a proveedores alimentos valorados en casi 450.000 euros

Junto con José A. N., para quien la Fiscalía solicita siete años de prisión, se sentarán en el banquillo Antonio Mariano G. H. Diego L. G, administrador de la sociedad, y Julián A. T. Se les acusa de servirse de la mercantil Dismarianga y «proceder de común acuerdo y guiados por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito». Los años 2011 y 2012 compraron mercancías, la mayoría de proveedores de productos cárnicos y lácteos. Para ganarse su confianza, se señala en el escrito de acusación, pagaban religiosamente las primeras compras y aparentaban solvencia económica mediante la contratación de una póliza de seguro «que nunca llegó a abonarse». Luego concertaron pedidos «sin intención real de abonarlos, de manera que recibían la mercancía y simulaban el pago mediante pagarés». Cuando estos vencían, eran devueltos por la entidad bancaria por falta de fondos. Por este procedimiento habrían estafado desde material de oficina hasta leche, pasando por jamones, embutidos y hasta dos pedidos de cochinillos. Las empresas proveedoras tienen su sede social en Valladolid, Salamanca, Segovia, Barcelona, Gerona, Madrid, Lugo y Badajoz. Tampoco pagaron al transportista de la empresa Alfriva que recogía la mercancía.

Según la Fiscalía, los acusados actuaron de forma organizada, en una estructura en la que José A. N. era «el cabecilla u organizador» y tomaba las decisiones en la empresa «pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar ningún documento para evitar ser descubierto». Su mano derecha sería José Javier C. G., quien «a su mismo nivel en la organización por su poder de decisión, actuaba como comercial de la empresa». Era quien realizaba los pedidos, entregaba pagarés, daba salida a la mercancía «y contrataba lo necesario para cometer el delito: la póliza de seguro de cobro, la oficina y la nave frigorífica». Julián A. T., hijo del principal acusado, aparece en un escalón inferior y daba «apoyo» a los otros dos. Antonio Mariano G. H. y Diego L. G., sucesivamente, figuraban como administradores y dueños de la mercantil frente a terceros.

José A. N. fue ya condenado por la Audiencia de Teruel, en 2010, por un delito de estafa, a la pena de seis meses de prisión, pena que le fue suspendida al año siguiente por un plazo de cinco años. Los demás encausados no tienen antecedentes penales computables en esta causa como reincidentes.

Para la acusación pública, todos ellos son responsables de un delito continuado de estafa superior a los 50.000 euros y otro delito de pertenenca a grupo criminal. Además, para el principal acusado solicita que se le agrave la pena por reincidencia, de forma que considera que procede imponerle, por el delito continuado de estafa, seis años de prisión y 12 meses de multa con cuota diaria de 10 euros. Para José Javier C. G. y Julián A. T. pide penas de cinco años y seis meses de prisión y 12 meses de multa para cada uno de ellos, mientras que para los administradores, Antonio Mariano G. H. y Diego L. G, respectivamente, penas de cárcel de cuatro años y seis meses, más 12 meses de multa con cuota diaria de 10 euros.

Como pertenecientes todos ellos a organización criminal, la fiscal solicita para cada uno de ellos penas de un año de prisión.

Las peticiones de indemnizaciones que tendrán que pagar de manera solidaria entre los acusados y la sociedad Dismarianga a las doce empresas estafadas suman un total de 446.186 euros, con los consiguientes intereses.