El cierre de empresas por la covid alienta la explotación laboral con falsos mediadores

Intuían, por lo que el propio trabajador había denunciado previamente, que lo que iban a encontrarse era «tremendo» -como lo califica-, pero la realidad fue «mucho peor». Superó cualquier expectativa. Allí, en la explotación ganadera de un matrimonio sexagenario, los agentes que conforman la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) desmantelaron el zulo en el que tres extranjeros -cuya situación administrativa era irregular- vivían «prácticamente como animales». «Estaban en condiciones de semiesclavitud, todo lleno de porquería y con jornadas maratonianas, de dieciocho horas, sin descanso ni fines de semana, que los animales comen todos los días», recuerda el comisario.

Fue aquel suceso «anómalo», porque «no es habitual» que sea el propio empleado el que denuncie que está siendo víctima de la explotación, menos aún si su situación en el país no está regularizada, por «miedo» a ser expulsado y perder su fuente de ingresos. Muchos, además, «no son conscientes» de que les están explotando porque necesitan el trabajo, enviar dinero a su familia, y se «conforman con lo que les dan, sobreviven».

Ese fue uno de los casos de explotación laboral más extremos desarticulados por el Cuerpo en Castilla y León en lo que va de año. Allí se realizó uno de los trece atestados que los agentes han levantado en este ámbito durante los nueve primeros meses, al considerar que los hechos pueden constituir un indicio de delito.

Los mismos que en todo 2019 y uno más que en 2020, aunque este último no se toma como referencia por el parón provocado por la covid. La tendencia es, por tanto, creciente, aunque insiste Nieto en que habrá que esperar a que finalice el año para comprobar si se ha producido o no un aumento. «El año pasado se identificó a la mitad de gente; había menos empresas abiertas y, por tanto, menos gente trabajando», justifica el comisario.

Prevén, sin embargo, que la pandemia agrave el problema. Como ha sucedido en otros tantos sectores. El motivo, según argumenta, radica en el cierre de empresas como consecuencia de la crisis derivada del virus. Gente que está especializada en una ocupación concreta, que se ha dedicado toda su trayectoria a una misma actividad, se ha visto empujada a «buscarse la vida y cae en manos de falsas empresas que se dedican a explotarles». «Muchas han visto reducida o eliminada su actividad y esos trabajadores se han quedado sin su 'modus vivendi', no les ha quedado otra que buscarse la vida».

Es esta pata, la de las compañías intermediarias entre víctima y empresa 'final', la que más preocupa a la Brigada de Extranjería y Fronteras. No son mafias. Sí empresas «perfectamente legales», bajo las que subyacen grupos organizados que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas y, en última instancia, las explotan. Tiran de ingenio para «aparecer y desaparecer como los pisos de citas», cambian de nombre la entidad, buscan nuevos socios que encabecen la sociedad e incluso cambian su ámbito de actuación para sortear la vigilancia policial. «Son legales, pero cuando la Seguridad Social detecta un fraude, eliminan la sociedad», afirma Nieto, al tiempo que concreta que el dueño de la empresa 'final', adonde va a trabajar la mano de obra, «no interviene en la contratación, sino que lo deja en manos de intermediarios y en principio no sabe nada de cómo se están haciendo las cosas».

En definitiva, estos grupos son un trampolín para encontrar trabajo. Su 'modus operandi' es siempre el mismo: piden a la víctima una «pequeña cantidad de dinero», no más de cincuenta o sesenta euros, para poder formar parte de una «especie de bolsa de trabajo», de forma que así sería -a priori- más sencillo encontrar trabajo. En algunos casos lo proporcionan. En otros, desaparecen en el momento en el que les entregan la cuantía. «Saben que es gente que acude a ellos por necesidad, porque no les queda otra, y saben que pidiendo pequeñas cantidades de mucha gente pueden conseguir más», sostiene.

Los sectores donde principalmente se detectan situaciones de explotación laboral en Castilla y León son la agricultura y la ganadería. Por el momento, en la comunidad poco o nada de talleres clandestinos o empleados del hogar, por citar algún ejemplo. Tampoco lo perpetran grandes empresas. Normalmente son familias o entidades de un tamaño muy reducido. Asimismo, no hay un patrón que permita localizarlas con cierta facilidad. «En el momento en el que sales de la ciudad, en Castilla y León es todo campo, puede darse en cualquier sitio».

Quieren los policías que los explotadores perciban que están encima suyo, que se sientan observados, vigilados. Recurren para ello a inspecciones periódicas. Para dejarse ver por la explotación de turno y, si se da el caso de que están sometidos a un abuso, que las víctimas sepan que tienen en la Policía una vía de escape. En total, se han llevado a cabo 129 registros en empresas asentadas en territorio castellano y leonés, repartidos de forma «pareja» entre todas las provincias, aunque con un ligero despunte de Valladolid. El año pasado, esta cifra ascendió hasta las 201.

La gran mayoría -en este caso 115- se llevan a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos funcionarios son los que, por norma general, ponen el foco en una entidad concreta al observar «documentos extraños de gente y empresas que aparecen y desaparecen». A partir de ahí -explica el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería- comienzan a «tirar del ovillo». «Es muy complicado detectar una actividad delictiva porque para que exista delito se tienen que juntar una serie de factores muy claros que confirmen que hay explotación: vulnerabilidad, que han sido captados...», señala. Cada vez es mayor el control policial sobre las explotaciones, pero los abusos laborales no cesan. «Siempre va a haber alguien que se aproveche de la necesidad ajena, pero para acabar con ellos ya estamos nosotros», concluye José Nieto.