La defensa del proyecto de soterramiento del tren a su paso por Valladolid que lanzó este jueves el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su reunión con el del Gobierno central, Pedro Sánchez, supondría profundos cambios en costes, gestión y plazos de ... este proyecto, siempre que llegara a concretarse.
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El teniente de alcalde y responsable de Urbanismo en Valladolid, Manuel Saravia, trató ayer de ponerle cifras a este anuncio que, «a lo mejor solo es una declaración de intenciones, pero en todo caso no será fácil, ni mucho menos inmediato», advirtió. El alcalde, Óscar Puente, fue más incisivo y dijo que en la reunión de los dos presidentes el asunto del soterramiento apenas se citó de pasada y «solo es una jugada de trilero para desviar la atención de los problemas de la sanidad y los incendios».
Saravia, que lleva muchos años implicado en la solución a este proyecto, considera que un cambio en el papel de la Junta (que es titular del 25% de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, VAV) solo admite dos opciones.
Por un lado, una propuesta «solvente técnica y económicamente». Esto supondría grandes cambios como firmar un nuevo convenio, realizar nuevos estudios y planes (el último en vigor necesitó cinco años). Esta posibilidad de 'enterrar' el tren, hoy descartada, se evaluó en su día con un coste entre 800 y 900 millones de euros, recuerda el concejal. Una cantidad que «habría que actualizar» y que Saravia calcula que se podría ir a «entre 1.400 y 1.500 millones de euros», además de abonar la deuda pendiente (que está en el convenio «aunque la Junta lo niegue»). Cifras muy elevadas que llevan a la segunda autoridad municipal a preguntar a la Junta «¿Quién lo va a pagar?».
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Sin olvidar que la demanda de soterramiento arrastraría a otras capitales como Palencia a reclamar lo mismo. «¿Qué partidas del presupuesto de la comunidad se resentirían de estas aportaciones de cientos o quizá miles de millones a los soterramientos?», deja en el aire el edil.
Al gobierno de Fernández Mañueco le quedaría, según Manuel Saravia, una segunda posibilidad: «Salirse de la Sociedad VAV y ejecutar las obras con sus propios medios». El artículo 7º del convenio que vincula a sus integrantes obligaría a la Junta a abonar su parte en la deuda pendiente y las elevadas indemnizaciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones previstas. «Aquí -reitera el titular de Urbanismo- la unidad de medida no son millones de euros sino cientos de millones de euros».
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Por último, el titular de Urbanismo recuerda los plazos que se abrirían para concretar el nuevo plan. «Olvídense de nada antes de 2030 o 2035», pronostica. Y pone el ejemplo de Vitoria, clave en la conexión norte y con Francia, que lleva 30 años esperando también su soterramiento.
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Mientras esto se concreta, las obras del proyecto de integración ferroviaria, con túneles de acceso a Las Delicias o Santos-Pilarica, continuarán, por lo que la exigencia de Fernández Mañueco abocaría a la ciudad a construir más agujeros férreos.
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Fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio insisten en que «no ha habido cambio de postura en la Junta» y que el Gobierno regional «no puede imponer un proyecto en contra de la voluntad de un ayuntamiento».
Su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, dijo en junio que «participaremos financieramente sin condicionar el modelo elegido». Unas semanas antes, los procuradores vallisoletanos en las Cortes regionales del PP y su Grupo Municipal le arrancaron a su viceportavoz , Ángel Ibáñez, un apoyo en el que afirmó que «no parece que sea muy lesiva su financiación para las administraciones».
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A día de hoy y, a pesar de las últimas reclamaciones de Fernández Mañueco, en la Junta de Castilla y León admiten que no hay previsto ningún trámite nuevo para impulsar ese soterramiento en Valladolid. Aunque, toda la participación hasta ahora ha correspondido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyo titular es Juan Carlos Suárez-Quiñones, el nuevo organigrama surgido tras las elecciones y la remodelación de la Junta, podría traspasar esa responsabilidad a la nueva Consejería de Movilidad que dirige María González Corral.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró este viernes tras reunirse con representantes de los agentes sociales en el marco del Diálogo Social que el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid es una cuestión «prioritaria para Vox». «Hemos puesto especial énfasis en esta materia porque en otros lugares de España hemos visto cómo apostar por otro modelo que ha repercutido negativamente en el modelo de ciudad. Valladolid necesita el soterramiento para conservar y aumentar su dinamismo», sentenció. En su primera aproximación a este asunto, el líder de Vox reconoció que «el dinero público es escaso», y que lo que diferencia a su formación de otras «son las prioridades», informa Ical. «Y para nosotros es una prioridad el soterramiento en Valladolid», recalcó.
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