Del total, en la pasada anualidad se resolvieron 46.876 casos, más de un millar de media por cada órgano judicial, concretamente, 1.041 asuntos por juez o terna. Esta carga de trabajo sigue superando de largo la media establecida por el Consejo General del Poder Judicial para cada juzgado, pero el volumen general de asuntos ingresados no sería mucho más elevado que en 2019 si no fuera por las cifras que arrojan los juzgados civiles.
Expone el magistrado Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid, en su informe anexo a la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 2020, que es en la jurisdicción civil y, en concreto, en los juzgados de primera instancia, donde se localiza el incremento en el número de asuntos ingresados respecto de la anualidad anterior: de 16.821 expedientes se pasa a 17.785. Estos 964 asuntos más hacen que la tasa de congestión de estos juzgados salte de 1,42 a 1,58 puntos en 2020. Es necesario, concluye Carranza, un nuevo juzgado de primera instancia en Valladolid, No solo «a la vista de estos datos», sino también por «los masivos incumplimientos e impagos que se van a producir en un futuro inmediato» como resultado de la crisis económica originada por la pandemia, lo que va a incrementar de forma notable el número de asuntos en primera instancia».
Efectivamente, del global de 22.557 asuntos que arrastran del primer año de la covid los juzgados, Secciones de la Audiencia y Salas de apelación (contencioso administrativo, social...), 13.346 expedientes, es decir, más del 59%, corresponden a pleitos civiles que se quedaron en trámite en diciembre de 2020. Entraron 25.721 asuntos nuevos en los 24 órganos judiciales especializados en este tipo de casos: los juzgados de primera instancia, mercantil, de violencia de género y familia. Resolvieron en el año 23.683 expedientes. La media de resolución está en 986 casos por juzgado.
Familia
Junto con los juzgados de primera instancia, los de familia son los que más trabajo tuvieron. Ingresaron 3.609 asuntos nuevos a los que hay que sumar los otros 1.516 en trámite de años anteriores. Acabaron 2020 con 1.575 demandas pendientes.
En total, los jueces y magistrados del orden civil dictaron 8.428 sentencias, 8.065 autos y 9.546 decretos. La mayoría, los de primera instancia (5.422 sentencias) y familia (1.081, el 12,8% de todas las resoluciones civiles). Por eso Carranza, a través del TSJ, solicita un año más que se cree un tercer juzgado de familia. «Los que hay superan los módulos de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial y han tenido que ser reforzados en el último año por comisiones de servicio dada su carga de trabajo en una materia tan sensible y necesitada de una pronta resolución, como es el de familia». Pone como ejemplo del gran volumen de trabajo que han puesto de media, en cada juzgado, 360 sentencias, 562 autos y 248 decretos, con 545 ejecuciones resueltas y 952 pendientes. Esta demora, explica, «es un fenómeno propio de los juzgados de familia, donde las ejecuciones se mantienen vivas y prolongan a lo largo de mucho tiempo, con la consiguiente acumulación de trabajo».
El juez decano de Valladolid, Emilio Vega, apuntala en su informe la necesidad de este nuevo juzgado de familia, «porque durante cuatro años esta jurisdicción ha precisado de refuerzos».
Social
Además, en el compendio de necesidades que se han trasladado al Ministerio de Justicia, figura la puesta en marcha, de una vez por todas, del segundo juzgado mercantil, aprobado hace un año sobre el papel pero todavía sin estrenar, lo que se espera pueda hacerse antes de otoño. «Se atisba un importante incremento de los procesos concursales y otros relacionados con los consumidores, por lo que urge», sostiene Vega, quien, al igual que el presidente de la Audiencia de Valladolid, a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, han hecho llegar al Consejo General del Poder Judicial la petición de un sexto juzgado de lo social, a pesar de que el quinto entró en funcionamiento hace apenas un año, ante «la previsión del aumento del índice de registro de estos juzgados al término de las restricciones del estado de alarma». Insiste el magistrado en que los asuntos «se multiplicarán exponencialmente y existen dudas reales de que dicha situación de previsible colapso pueda superarse simplemente con refuerzos puntuales». Y apostilla: «El importantísimo incremento de pleitos que se prevé difícilmente podrá ser asumido por los cinco juzgados actuales».
La memoria anual del TSJ vuelve a reflejar, entre otras necesidades de los juzgados de Valladolid, la creación de dos plazas de magistrados, uno para la Sala de lo Social y otra para la Sección Cuarta, así como la puesta en marcha de un nuevo juzgado de lo penal y un servicio común de registro y reparto con la plantilla adecuada. Respecto de los medios materiales, urge la creación de salas de videoconferencia para recibir declaraciones y peritajes.
23.704 sentencias en trámite de ejecución
La Justicia civil de Valladolid cerró el año 2020 con 23.704 sentencias pendientes de ejecución del total de 26.602 emitidas por la todalidad de los 45 órganos judiciales que existen en el partido judicial. La mayor parte proceden de los juzgados de primera instancia (19.880). Esta gran demora en la ejecución obedece a la propia naturaleza de muchas de las demandas que se plantean, como los procedimientos de divorcio con hijos, cuyas medidas duran años y se van modificando. El año pasado se registraron en civil 5.471 sentencias y 5.278 fueron resueltas.
Guardia judicial de 72 horas, «como en Vigo»
En la radiografía de necesidades que los jueces de Valladolid realizan y que se reflejan en la última memoria del TSJ, se destaca el importante volumen de incidencias que ocurren en Valladolid y que hace necesario que se ponga en marcha un nuevo servicio de guardia judicial de 72 horas, más allá de las funciones de guardia que rotan por semana entre los seis jueces de instrucción. Valladolid, precisa el juez decano Emilio Vega en su informe, es un partido judicial «que no es comparable al resto de los partidos judiciales por volumen de población e incidencias, detenidos, juicios rápidos y actuaciones urgentes que se producen y deben tramitarse cada día. Propone, «al igual que en el partido judicial de Vigo, que tiene menos carga de trabajo» que se habilite un servicio de guardia completo, con un magistrado, un letrado de la administración de Justicia (antes, secretario), un tramitador y un funcionario de auxilio judicial para celebrar juicios leves inmediatos, de modo independiente a la guardia semanal ordinaria, un día a la semana cada uno de los juzgados de instrucción».
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