Javier Carranza: «Es alarmante que para ser juez primen criterios ajenos al mérito y la capacidad»

Los sutiles cambios que ha introducido Carranza en el despacho reflejan el arraigo de la institución en la provincia y el afán de este magistrado especialista en derecho civil por poner en valor el Poder Judicial ante la sociedad vallisoletana. Es consciente de que la Justicia española atraviesa horas bajas, entre otras cosas, por el varapalo de los tribunales europeos en el asunto del procés y el acuerdo de Gobierno de Sánchez con ERC para cambiar el actual sistema de acceso a la carrera judicial «basado exclusivamente en el mérito y la capacidad». Advierte que «todo lo que vaya en contra de estos dos principios objetivos puede suponer un enorme retroceso y minar la independencia judicial».

–Defina con una palabra sus ciento y un días al frente de la Audiencia de Valladolid.

–¿Solo con una? Ilusión. Es muy manido, ya lo sé, pero es exactamente la verdad.

–El año 2020 llega con un regalo debajo del brazo, el quinto juzgado de lo social, el único que se crea en nueve años en la capital vallisoletana. ¿Cual es es siguiente escalón en la reivindicación de sedes judiciales para la provincia de Castilla y León con mayor número de litigios?

–Estoy esperando datos estadísticos y ver la posibilidad de crear un juzgado específico de familia, necesario por la naturaleza delicada de los asuntos y por la premura y urgencia con la que deben ser resueltos. No es lo mismo esperar al pago de una deuda que resolver la custodia de unos menores o conflictos matrimoniales que incluso pueden devenir en cuestiones penales. No hay mucho retraso en estos asuntos, pero ello es a costa de un esfuerzo grande del personal. La necesidad de un juzgado de familia ya ha estado reconocida y solicitada, aunque puede haber otras necesidades, como el séptimo juzgado de instrucción y uno más de lo penal. Pero decidiremos en función de la urgencia y la necesidad y lo plantearemos por el camino reglamentario, la Sala de Gobierno del TSJ, que lo presentará al Consejo General de Poder Judicial y este lo solicitará formalmente al Ministerio de Justicia.

-El pasado diciembre, el Ayuntamiento de Valladolid anunció a bombo y platillo el 'arreón' al proyecto de la Ciudad de la Justicia (o Plaza de la Justicia, como prefiere usted), con la adquisición por la Sareb de la parcela de El Salvador que se permutará por otras municipales. ¿Cómo está la tramitación?

-Sí. Cuando le lancé el guante en mi toma de posesión (el pasado septiembre). el alcalde lo recogió y no lo ha dejado. Nos hemos reunido tres o cuatro veces para hablar del tema y hay noticias positivas. Debemos felicitarnos todos y felicitar sobre todo al concejal que ha llevado la negociación. Ya tenemos la primera pieza, que es fundamental, las parcelas. El acuerdo entre la Sareb y el Ayuntamiento está pendiente de ratificar. Queda por encontrar un interlocutor, un Ministerio de Justicia al que volver a plantear la reivindicación.

–¿Qué plazos baraja respecto de la puesta en marcha de la nueva sede que unifique los juzgados?

–Cinco, seis o siete años...Eso depende. Una construcción de ese tipo es compleja. Pero veo un horizonte cercano. Lo que ocurre es que mientras tanto tenemos que ir haciendo sitio. Ahora, con la puesta en marcha del nuevo juzgado de lo social número cinco hemos tenido que 'desahuciar' al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que habíamos trasladado a Angustias para reubicarlo en la Plaza del Rosarillo.

–¿Qué hay del proyecto de utilizar el Colegio de Procuradores?

-El gerente de Justicia y las arquitectas que vinieron del Ministerio estuvieron viéndolo y estamos pendientes de su informe. No renunciamos a él porque, aunque siga adelante el proyecto de la Plaza de la Justicia, quedan, como mínimo, cinco años hasta que pudiéramos disponer del nuevo edificio en El Salvador. Así que lo del Colegio de Procuradores está en reserva y lo intentaremos adelantar. Ha coincidido en el tiempo con el relevo en el decanato con el cambio de decana, pero volveremos a plantearlo.

–¿Comparte usted la preocupación de buena parte de la judicatura por el acuerdo PSOE-Podemos-ERC que pretende cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial?

–Según qué cosas se van sabiendo del acuerdo, nos traen reminiscencias de otras épocas. Las noticias son casi más alarmantes que preocupantes, porque el sistema de acceso actual es una pieza base de la independencia judicial. Es absolutamente objetivo, basado en el mérito y la capacidad y solo en eso. Introducir otras valoraciones sociales, culturales o académicas (¿de qué universidades, ya hemos visto como dan los títulos algunas) es muy peligroso, pueden crear jueces con sesgo político. La oposición y el paso posterior por la Escuela Judicial es un sistema que se basa en el mérito y la capacidad, que garantiza la igualdad en el acceso a la carrera judicial. Tienes que estudiar y asimilar los conocimientos. Es una falacia también decir que se basa en un sistema memorístico. Es que nadie puede estudiar sin memoria. ¡Yo soy preparador de opositores y sé el esfuerzo que cuesta! El conocimiento es exhaustivo. Luego viene la Escuela, y ahí sí, ya entra la sensibilización social, la aplicación de cuestiones de sentido común, la inteligencia emocional. Pero todo lo que vaya en contra del mérito y la capacidad supone un enorme retroceso y va en contra de la independencia judicial.

–Las mujeres son mayoría (el 70%) en la carrera judicial, pero luego sale la foto del Tribunal Supremo...

-Es verdad que en las edades más altas de la judicatura el número de mujeres es menor, pero en mi generación ya estamos al 50% y confío en que por el propio peso demográfico y las medidas para mejorar la conciliación familiar con la vida laboral que se están adoptando, en unos quince años esa fotografía será mixta. Por eso no me preocupa en exceso esa foto del Tribunal Supremo. Luego, también tiene que haber candidatas dispuestas a ocupar esas plazas. En mi caso, a la hora de presentarse a la Presidencia de la Audiencia, fuimos todos hombres.

–¿Por qué cree que persiste la idea de que solo acceden a la carrera judicial las élites aunque la estadística confirma que la mayoría de los jueces no vienen de familias vinculadas a profesiones jurídicas y su economía es media-baja?

–Porque estamos en el territorio de la postverdad y tenemos que contrarrestarlo con la verdad. Al igual que en la igualdad de género hemos sido punta de lanza en Justicia respecto de otras profesiones, la extracción social de los jueces españoles es media-baja. Es la que ofrece el perfil del opositor, porque estos no tienen otra salida laboral que hincar los codos, no son hijos de papá ni tienen una empresa que heredar. Provincias como Valladolid, Zaragoza y Granada nutren la Escuela Judicial con personas que lo único que tienen es su cabeza. También la extracción ideológica es variopinta y es demasiado simplista catalogar a los jueces por la asociación profesional a la que pertenecen. La salida de los 'pobres' es su propio esfuerzo personal y su capacidad. Y eso debe mantenerse.

–¿Qué opina del varapalo a la Justicia española por parte del Tribunal Europeo respecto de los políticos protagonistas del procés?

–España está por decisión propia en la Unión Europea y hay que respetar sus normas aunque a veces no nos gusten. La Ley debe imperar ante todo y la euroorden tendrá que imponerse, porque de lo contrario se rompe el principio de reciprocidad entre los Estados miembros. Desde el punto de vista técnico, discrepo respecto de la interpretación que realiza el tribunal belga para denegar la orden europea de detención contra Puigdemont, pienso que solo tenía que entrar a valorar la equivalencia con los delitos españoles y no entrar en el fondo, porque el delito se ha cometido en España. A ver en qué termina en el Tribunal de Justicia Europeo. El asunto de la inmunidad es otra traba, pero no quiere decir que quede sin efecto. Cuando se conceda el suplicatorio volverá a recuperar vigencia la orden de detención y ya no habrá más que valorar: será un eurodiputado reclamado. Respecto de los ya condenados, será el Tribunal Supremo quien decida.

–Este año finaliza el mandato de José Luis Concepción al frente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. ¿Participará en esa carrera?

–Nooo. Mi compromiso es con la Audiencia de Valladolid y a ello me remito.

El próximo 20 de enero, el presidente de la Audiencia sabrá si su iniciativa para reducir el volumen de asuntos en el Juzgado de Primera Instancia 4 bis de cláusulas suelo, al borde del colapso –como demuestra la fuga de funcionarios que han pedido el traslado a otros juzgados– ha cuajado y los bancos están dispuestos a firmar un protocolo de mediación. Explica el magistrado Javier Carranza que persigue trasladar el modelo que tan buenos resultados está dando en Pamplona. La pretensión es reducir el enorme volumen de casos que hay y la avalancha que está por llegar, por un lado y, por el otro, conseguir que asuntos que tardan en resolverse al menos año y medio, lo estén en tres meses.

–¿Cómo valora el funcionamiento en Valladolid del juzgado especializado en condiciones generales de contratación?

–En su día, 14 jueces de primera instancia dijimos que lo mejor era repartir la carga entre todos por el peligro de bloqueo. Y ya lo tenemos. El trabajo es ingente, con tres plazas de apoyo, y ahora están funcionando a 25 señalamientos por semana en cada uno, de manera que ya están señalando asuntos de 2018. Pero es cierto el éxodo de funcionarios a sitios con menos presión y también que se espera, tras las cláusulas, un nuevo aluvión cuando el Tribunal Europeo decida sobre los tipos de interés diferentes del Euribor, lo que se prevé para este mes de enero. La derivada de esto es más carga de trabajo para la Sección Tercera (Mercantil) y la Primera (Civil). Para atajarlo, hace dos meses intento que se firme un protocolo, un acuerdo voluntario por el que el perjudicado cobra mucho antes la cuantía reclamada a cambio de renunciar al pago de las costas. Confío en que salga adelante.