Valladolid exigirá mayor inversión al Gobierno central para acelerar la Ciudad de la Justicia

Solo dos de las cinco mociones presentadas en la sesión plenaria celebrada este martes, la última de este curso político en Valladolid, han salido finalmente adelante tras el debate político que ha acogido el salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid. Un debate en el que no faltaron las alusiones a la mala gestión de la Junta en la respuesta a los incendios que han arrasado parte de Castilla y León y la situación energética tras el conflicto en Ucrania.

Los dos proyectos a los que se ha dado luz verde son los referidos a exigir al gobierno de la región a la mejora de las condiciones laborales del servicio de emergencias del 112 -a propuesta de los grupos políticos Psoe y Toma la Palabra- y la moción de Ciudadanos para instar al Gobierno central a acelerar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valladolid.

«Es un servicio esencial que no se corresponde con unas condiciones laborales satisfactorias de los profesionales que trabajan en el servicio de emergencias 112 , lo que ha abocado a la convocatoria de huelga, el compromiso que se acordó hace dos años en las Cortes de garantizar mejoras no se ha cumplido y es fundamental cuidar a los que nos que nos cuidan», explicaba María Sánchez, la portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra.

En palabras de García Bartolomé, portavoz de Vox, «se trata de una moción de ámbito y competencia regional en el que este Ayuntamiento no tiene nada que ver, parece que no tiene asimilados los resultados de las últimas elecciones», ha añadido.

Las mejoras solicitadas están encaminadas al incremento de la formación, la estabilidad en la profesión y el respeto de los descansos «una serie de peticiones que nos permitan trabajar en paz», ha concluido durante su intervención, Domingo Largo, presidente del comité de empresa del 112, de CGT. Así tras la aprobación de la moción presentaba por el equipo de Gobierno de Psoe y Toma la Palabra instarán a la Junta de Castilla y León a mejorar la calidad de este servicio. La moción ha sido aprobada con 26 votos a favor y la abstención de Vox.

Tras la votación, ha llegado el turno de la presentación de la propuesta de Ciudadanos a este pleno «para que se haga realidad el proyecto de Ciudad de la Justicia», tal y como ha explicado el concejal del grupo municipal, Pablo Vicente de Pedro. En resumen, instan al Gobierno central y al Ministerio de la Justicia a que incluyan en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2023 una partida económica «relevante y suficiente» para la puesta en marcha de este proyecto «absolutamente necesario para la ciudad».

«Desde el Gobierno central no se está tratando bien a Valladolid en este punto, se está tomando el pelo a la ciudad y también a su alcalde, Óscar Puente. Todos esperábamos que la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento y esos 7 millones de euros iban a servir de punto de inflexión, pero ya vemos que no», ha puntualizado De Pedro.

En los anteriores presupuestos el Ministerio incluyó una partida presupuestaria de 100.000 euros, «insignificante y meramente testimonial. Una cantidad ridícula que no iba a servir para mover ni una sola piedra», ha continuado el concejal de Ciudadanos. No ha sido le único en criticar la gestión de este proyecto, ya que desde las bancadas de Vox y del PP, han criticado «el ninguneo y la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez», ante este proyecto.

«Por ello, el Ayuntamiento de Valladolid debe exigir que ese esfuerzo tan importante que ha realizado para la cesión de los terrenos se vea recompensado con una inversión también muy importante por parte de Gobierno central para que se haga realidad por fin y cuanto antes la Ciudad de la Justicia en Valladolid», ha finalizado el concejal de la formación naranja.

Finalmente, la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Ha sido la única en la que las formaciones se han puesto de acuerdo, puesto que el resto de puntos pendientes de votación de esta sesión han sido rechazados, como ha sucedido con el referente al desarrollo de una normativa de usos de patinetes eléctricos y bicicletas en vías públicas, a petición de Vox, o la adopción de un programa especial de ahorro energético municipal o de medidas destinadas a mejorar la viabilidad económica de los mercados municipales, propuesta por el grupo municipal Popular.

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