El Ayuntamiento de Valladolid confía en poder destinar a empleo y gasto social su hucha de 40 millones

El concejal Pedro Herrero considera que las líneas básicas del uso de estos cerca de cuarenta millones de euros (39,8), en el caso de que se autorice dicho gasto, girarán en torno «a las políticas de empleo directo, las ayudas a la contratación y las inversiones en los servicios sociales»; si bien reconoce que «ahora mismo es imposible echar las cuentas del impacto real de esta crisis» y ve difícil que «el Gobierno autorice a utilizar el cien por cien de ese dinero». A eso, al menos, es lo que aspira el Ayuntamiento de Valladolid, quien reclama el Ejecutivo de Pedro Sánchez «desbloquear ese dinero y dar un voto de confianza a los ayuntamientos en la reconstrucción».

El Consistorio, añade Herrero, «está dispuesto a hacer un esfuerzo en materias que no son de nuestra competencia, como sanidad o educación, pero sería injusto no poder destinar parte de esos ahorros a echar una mano a los ciudadanos de Valladolid».

El Ayuntamiento considera prioritario impulsar «la contratación propia, así como ayudar a la contratación temporal y a las empresas (pymes, autónomos...)que firmen contratos indefinidos....». Fomentar, en definitiva, «un plan de empleo más potente aún que el que ha permitido crear 5.300 puestos de trabajo en los últimos cinco años». Eso además de potenciar los servicios sociales en previsión de un incremento de las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria.

El Gobierno, por ahora, ha autorizado a los ayuntamientos a destinar el 20% del superávit (700.000 euros en el caso de Valladolid) a gastos sociales derivados de la crisis. «Queremos disponer del cien por cien de ese dinero ahorrado y marcar luego las prioridades para destinarlo a los fines que sean más necesarios», incide Pedro Herrero.

Y en el mismo sentido se expresa la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén (PP), quien destaca «el consenso de todas las entidades locales (incluidas las diputaciones) de poder utilizar el superávit en la recuperación social y económica de nuestros vecinos para poder emplearlo desde el minuto uno del día después de la crisis sanitaria en la recuperación del tejido social de las ciudades y el medio rural».