El Ayuntamiento de Valladolid firma la próxima semana la cesión de El Salvador para la Ciudad de la Justicia

La noticia saltó en el Pleno, durante el turno de preguntas. La adelantó el concejal del Planificación Urbanística y Vivienda, Manuel Saravia. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el delegado del Sareb firmarán la próxima semana la cesión de uso del colegio El Salvador, situado en la plaza de San Pablo, para ubicar en él la esperada Ciudad de la Justicia. Saravia desvelaba este importante paso para agrupar todas las sedes de los tribunales en un mismo espacio tras la pregunta del PP sobre cómo valoraba el equipo de gobierno la partida de 50.000 euros que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 reservaba para este proyecto.

«Útil», la definió escuetamente el edil en un primero momento. El popular Alberto Gutiérrez Alberca le reprochaba entonces que cuando los parlamentarios de su grupo lograron esa misma cantidad en 2018 en el Congreso de los Diputados, Puente la calificó como «tomadura de pelo». «No entiendo qué ha pasado para que de tomadura de pelo pase a ser útil; con ese dinero no se puede acometer nada», criticaba el concejal de la oposición.

Fue entonces cuando Saravia anunció no solo la rúbrica que despeja el camino para avanzar en ese campus judicial, sino que confirmaba que el viernes técnicos del Ayuntamiento y del Sareb visitarán las instalaciones del antiguo centro educativo para iniciar los primeros trabajos, como el estudio geotécnico, los levantamientos topográficos y las catas, con el objetivo de arrancar con la planificación del edificio.

Esta cesión de uso es un paso previo a la obtención del suelo, que se acordará «un poco más adelante», pero que ya permite acometer obras. De momento, no se sabe si ese futuro campus conllevará el derribo del actual inmueble para levantar uno de nueva planta o se podrá adecuar el actual bloque. «Depende de los estudios que se van a hacer, como su estado de conservación o su utilidad para el nuevo uso que va a tener», acotaba Manuel Saravia ya por la tarde.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria recibirá como contrapartida cesión de derechos urbanísticos en los antiguos cuarteles de Farnesio (Arco de Ladrillo), así como parcelas en avenida de Burgos y en plan parcial Los Viveros, valoradas en siete millones de euros.

Este fue el asunto más novedoso de una sesión en la que las medidas económicas para contener los efectos de la pandemia volvieron a tener protagonismo. La presidenta del PP, Pilar del Olmo, vio cómo sus propuestas para apoyar a los sectores del comercio, la hostelería y la hotelería decaían con los votos en contra del equipo de gobierno. «No nos vamos a cansar ni a callar, hay muchos negocios que están al borde de la quiebra», recriminaba la popular, quien recordaba, de nuevo, la tardanza en la concesión de ayudas a pymes y autónomos ya aprobadas por importe de cinco millones de euros. La edil de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, desgranó las medidas tomadas hasta el momento para apoyar a estos sectores y aplazó la prórroga de posibles beneficios fiscales para el 2021, como la exención de tasa de terrazas o bonificación del IBI en el 95% a los hoteles, tal y como solicitaba el PP, a las cuentas que se elaborarán para el próximo ejercicio. «Ya me gustaría poder decir que hay barra libre en ayudas, pero ahora no podemos comprometer nada», señaló la edil. También desde Valladolid Toma la Palabra se abogó porque estas medidas se aborden en conjunto de cara al próximo año.

El momento más tenso del Pleno, en el que no prosperaron una moción de Vox para intentar atraer a Valladolid instituciones y agencias que están ubicadas en Madrid o que son de carácter europeo, ni otra propuesta del PP con medidas para el desarrollo sostenible de la ciudad, se produjo por una pregunta sobre la exposición de Gabarrón. El PP quería conocer la opinión de la concejala de Cultura, Ana Redondo, sobre las declaraciones de Saravia en contra de esta muestra. La edil pidió al secretario municipal que aclarara si estaba obligada a contestar a esta cuestión y este aseguró que el turno de preguntas está reservado para conocer aspectos sobre la gestión de un área.

El PP mostró su indignación por esta interpretación, que calificó de «ejercicio de censura» y que le impidió hacer dos preguntas sobre el asunto. El portavoz del PSOE reclamó a los populares que retiraran esa afirmación, pero Del Olmo y De Santiago-Juárez se ratificaron en ella.