El Ayuntamiento ordena a los vecinos de Las Francesas que reparen el Patio de las Tabas

Las Francesas alegará contra la decisión municipal al considerar que es un enclave de alto valor patrimonial y «uso público», según remarcan, que debe ser rehabilitado de forma conjunta, como se apuntaba en ese preacuerdo, rubricado este pasado verano entre el exconsejero de Cultura, Javier Ortega, el alcalde, Óscar Puente, y la presidenta de la entidad que agrupa a los dueños de inmuebles, locales comerciales y plazas de aparcamiento.

Fuentes municipales, por su parte, acotan que es un BIC, «pero de propiedad privada» y que tienen que ser los dueños los que se hagan cargo de su reforma. «Es un protocolo de buena voluntad entre las partes para sacarlo adelante, pero eso no significa que tengamos que asumir todos los gastos, los residentes saben desde siempre que el mantenimiento y conservación del claustro les corresponde a ellos», afirman en el Consistorio.

La Concejalía de Movilidad y Espacio Urbano les remitió el pasado 26 de abril la orden en la que se explica que «sin conocer el momento procedimental del protocolo» el departamento de Legalidad Urbanística «aprecia la existencia de un cierto riesgo para la seguridad». Se refiere ese informe al estado de las cristaleras que cierran el patio de claustro. Algunas fueron retiradas por su mal estado y otras están rotas.

Así, insta a la comunidad a que reponga estas lunas y, además, repare el pavimento de tabas y cantos del claustro, el elemento más representativo junto a los arcos y fachadas del mismo. La pérdida de estos elementos obligó, hace ya muchos años, a proteger las zonas más dañadas con chapas para evitar que el deterioro fuera a más y a rellenar las calvas con cantos para igualar la superficie e impedir nuevos arrastres de las piezas de astrágalo de cordero con las que se decora el pavimento.

La concejalía aporta el coste que supondrían ambas intervenciones: 6.500 euros, que, con gastos generales, beneficio industrial y e IVA incluido, ascendería a 10.482 euros.

Los residentes, por contra, consideran que los cristales pertenecen al Ayuntamiento, ya que el patio es de su propiedad. El Consistorio se vio obligado a adquirirlo en 2018 por expropiación forzosa tras un largo litigio con su antiguo dueño. Pagó 400.000 euros por él y ahora está considerado como zona libre pública, una figura que complica aún más la calificación de este claustro privado, con un espacio público y un uso abierto a todos los ciudadanos.

«Lo que no se puede entender es que el Ayuntamiento haya firmado ese protocolo de colaboración en verano y ahora, sin aviso previo, nos obligue a asumir a nosotros en solitario esta reforma», subrayan en Las Francesas, donde añaden, además, que se trata de un monumento y por lo tanto requiere la supervisión del departamento de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. En el protocolo «no vinculante», el anterior equipo de la Consejería de Cultura anunciaba que el Ejecutivo regional «promoverá la realización de obras e intervenciones que fuese preciso llevar a cabo para la adecuada conservación y restauración del pavimento de la planta baja». No obstante, en ese documento no hay ninguna referencia sobre quién debería costear esas obras. Este acuerdo, que se firmó por un periodo de dos años, tiene la firma del que fue titular del departamento de la Junta por Ciudadanos. Ahora, el responsable, Gonzalo Santonja, ha sido seleccionado por Vox. ¿Lo asumirá el nuevo consejero?

El estado de la que se puede calificar como una joya del patrimonio vallisoletano no hace honor a su catalogación como monumento. Sus residentes han denunciado en varias ocasiones el uso indebido del espacio por parte de pandillas de jóvenes, que los fines de semana «lo ensucian todo, hacen botellones y provocan altercados». Los residentes llaman la atención sobre esta situación porque si se trata de un espacio de uso público debería contar con mayor vigilancia de las autoridades, más cuando es un lugar con relevancia histórica.

Las alegaciones anunciadas por la comunidad de propietarios y la postura municipal con la orden de ejecución hacen prever un nuevo contencioso si antes las partes que rubricaron el protocolo no acercan posturas. El último y único proyecto de rehabilitación, elaborado por el arquitecto Elesio Gatón y que cayó en el olvido en los cajones de la Junta, data de principios de la presente década. Su coste ascendía a 394.000 y contemplaba reponer los elementos perdidos en el dibujo del piso del claustro del siglo XVI y cubrirlo con un vidrio antideslizante volado, que permitiría pasear sobre el tapiz pétreo.

La intervención se completaba con la eliminación del primer escalón de acceso a los comercios que dan al corredor y que ahora tapan parte del dibujo original. Además, se proponía una rehabilitación en profundidad de las cuatro fachadas, así como una iluminación indirecta para realzar el conjunto.